¿Otra vez la idoneidad periodística?
Al comentar el lenguaje de violencia política que emplean los voceros del gobierno en el debate nacional, decíamos en días pasados que es imprescindible expulsar los demonios verbales de la dictadura militar para recuperar un discurso de paz y conciliación, cónsono con un estado democrático de derecho. Ahora nos vemos urgidos de repetir la admonición, pero invocando la expulsión de los demonios conceptuales de la dictadura al conocer que el Ministerio de Gobierno pretende reinstaurar la tristemente célebre Junta Técnica de Idoneidad Periodística, engendro de cariz totalmente creado por la dictadura para controlar y negar la libertad de prensa.
Ni los periodistas ni las empresas periodísticas necesitan que una dependencia gubernamental ligada por su naturaleza a la represión de la delincuencia certifique la idoneidad de un comunicador social. Basta para ello el título universitario o la experiencia profesional. La intermediación no solicitada del Ministerio de Gobierno es innecesaria, inadmisible e incompatible con el ordenamiento constitucional.
La Carta Política repudia la censura previa y ampara la libertad de información y opinión. En los hechos, la participación de la llamada junta técnica equivale a la censura del comunicador por quienes por su calidad de funcionarios públicos estan sujetos al diario escritinio de los medios y el pueblo al que se deben. Es una especie de juez y parte. No podemos olvidar que la nefasta idoneidad negó su derecho de expresión a numerosos periodistas y comentaristas opuestos a la dictadura, mientras se acomodaba a manos llenas a los apologistas "embotellados" en la planilla estatal.
Al revés de lo que recomienda una conocida frase de "hacer lo correcto en el momento apropiado", el régimen pretende poner en práctica lo equivocado en una circunstancia inapropiada. En vísperas de consultas populares trascendentales que van a definir el rumbo histórico de la república, ¿a quién se le ha ocurrido revivir esta versión criolla de la Inquisición? ¿no advierten que una medida tan obviamente represiva provocará el rechazo nacional e internacional de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión? ¿cuándo va a terminar de comprenderse que lo que se hace en dictaduras no se puede hacer en democracia?
El gobierno de Pérez Balladares se comprometió a derogar las leyes mordaza del noriegato. En vez de eliminarlas quiere volverlas a instrumentar. Resulta inexcusable que en el umbral de los procesos electorales se busque la vigencia de medidas que ya deberían estar en el olvido por secula seculorum. Porque esta junta técnica de idoneidad ni es junta sino compinchería, no es técnica sino política y no es idónea sino para cuarteles. Y esas medidas jamás serán toleradas, mientras exista periodismo libre en este país.
Ni los periodistas ni las empresas periodísticas necesitan que una dependencia gubernamental ligada por su naturaleza a la represión de la delincuencia certifique la idoneidad de un comunicador social. Basta para ello el título universitario o la experiencia profesional. La intermediación no solicitada del Ministerio de Gobierno es innecesaria, inadmisible e incompatible con el ordenamiento constitucional.
La Carta Política repudia la censura previa y ampara la libertad de información y opinión. En los hechos, la participación de la llamada junta técnica equivale a la censura del comunicador por quienes por su calidad de funcionarios públicos estan sujetos al diario escritinio de los medios y el pueblo al que se deben. Es una especie de juez y parte. No podemos olvidar que la nefasta idoneidad negó su derecho de expresión a numerosos periodistas y comentaristas opuestos a la dictadura, mientras se acomodaba a manos llenas a los apologistas "embotellados" en la planilla estatal.
Al revés de lo que recomienda una conocida frase de "hacer lo correcto en el momento apropiado", el régimen pretende poner en práctica lo equivocado en una circunstancia inapropiada. En vísperas de consultas populares trascendentales que van a definir el rumbo histórico de la república, ¿a quién se le ha ocurrido revivir esta versión criolla de la Inquisición? ¿no advierten que una medida tan obviamente represiva provocará el rechazo nacional e internacional de las organizaciones defensoras de la libertad de expresión? ¿cuándo va a terminar de comprenderse que lo que se hace en dictaduras no se puede hacer en democracia?
El gobierno de Pérez Balladares se comprometió a derogar las leyes mordaza del noriegato. En vez de eliminarlas quiere volverlas a instrumentar. Resulta inexcusable que en el umbral de los procesos electorales se busque la vigencia de medidas que ya deberían estar en el olvido por secula seculorum. Porque esta junta técnica de idoneidad ni es junta sino compinchería, no es técnica sino política y no es idónea sino para cuarteles. Y esas medidas jamás serán toleradas, mientras exista periodismo libre en este país.
