Abusos y contra abusos
Es interesante analizar las gestiones de gobierno, cuando las mismas adolecen de contradicciones que afectan a la ciudadanía. Veamos lo de la Cinta Costera. Con el mensaje gubernamental, preñado de populismo trasnochado: “Ahora le toca al Pueblo”, observamos cómo se han colocado, en ocasiones, televisores gigantes en un área estrecha e insegura que, además generaba toda clase de ruidosas actitudes, sumadas al sonido incesante de la bocinas de los equipos, frente a un área residencial que además cuenta con estructuras hospitalarias.
El ministerio de Economía anuncia que revaluará los bienes raíces beneficiados con la existencia de la Cinta Costera, con el propósito de cobrar mayores impuestos, la pregunta es: ¿Cuáles son los beneficios directos de las personas que residen en el área? Ninguno, a menos que la variedad, asombrosa, de ruidos generados tenga algún valor especial, desconocido para los afectados. Por lo demás, tanto las vías como las aéreas de recreo son de uso común, lo cual beneficia a la ciudadanía como un todo.
Al hotel, ubicado en sus inmediaciones, la van a vender 300 estacionamientos bajo la superficie adosándole a éste, mediante un acto de gobierno, un valor agregado importante, para después aplicarle una determinada cifra permanente por la concesión de fondo de mar, como le correspondería pagar al Club de Yates. Ahora nos enteramos de que sacarán, eventualmente, al Club de las instalaciones. ¿Qué deben esperar los hospitales y residentes frente al segmento afectado? Un área para fiestas nocturnas u otras instalaciones que jamás podrán pagar lo que le propusieron a los accionistas del Club. ¿Cuál es el racional detrás de esto? Esta compleja operación, no muy bien coordinada, podría involucra una serie genérica de situaciones injustas. ¿Quién terminará pagando estos potenciales desatinos?
Veamos ahora lo de los estacionamientos dentro de servidumbres públicas. ¿Cuentan las empresas beneficiadas con permisos válidos para contar con los mismos y cobrar por el acceso exclusivo, garantizado por personal vigilante? El problema es serio. Si no se cuenta con autorizaciones válidas, cumplidas al pie de la letra: cero exclusividades y cero cobro al usuario, estas empresas podrían estar cometiendo un delito grave, el cual quedaría absuelto con el propuesto cobro de B/ 50.00 por estacionamiento. ¿Se trataría de casos de enriquecimiento injusto?
Presidente, viaje menos y lidere coordinadamente la labor de sus ministros y directores de entidades públicas. Demuestre el liderazgo que tanto se prometió.
