Abusos y errores en contra de la nación

Ha habido gobiernos y funcionarios que en el momento de estar manejando el destino de la nación, se han creído que la patria y su patrimonio han sido de su propiedad, y han actuado de manera arbitraria, poseída y políticamente en contra de funcionarios, empresas jurídicamente establecidas, convenios salariales y acuerdos internacionales. La sorpresa ha sido la condena a la patria de pagar daños y perjuicios y grandes sumas de dinero, que a la postre a todos nos toca pagar. Ello se debe, en gran parte, según se ha comprobado, a que algunos gobiernos y funcionarios han actuado en base al poder político, personal y poseído del presente sin llevar en cuenta las consecuencias en el futuro. Esa clase de abusos y errores le han venido costando a la nación enormes compromisos económicos, que de no cubrirlo el prestigio y nombre de la nación quedaría entre dicho internacionalmente. En Panamá, cada vez que se presenta un litigio de tipo personal y político los fallos casi siempre recaen en la parte del que ha perdido el poder y las influencias políticas, sin respetarle y considerar los derechos que consagra la Constitución a cada ciudadano, viéndose el Estado obligado, después del fallo de los tribunales, a restituirlo en el puesto y pagarle los salarios caídos por culpa de los gobiernos y funcionarios de turno. Ello ha sido una costumbre tradicional de los gobiernos de turno en contra de sus enemigos políticos y personales cuando tienen el poder político en sus manos. Recordemos que el poder y las influencias son transitorias, pero la patria solo es una y permanente, y nos pertenece a todos en el presente y el futuro; por lo tanto, la nación no debe ser responsable de los errores y abusos de ningún gobierno ni funcionario. Si a la patria le toca pagar los abusos y errores, los responsables deben ir a la cárcel, no importa si su administración haya pasado, porque ningún gobierno está facultado para disponer de manera lesiva de los bienes del Estado, ni a favor ni en contra de nadie. Cuando se ponga orden de los abusos patrióticos, el nombre de la patria, sus recursos, su imagen y su economía dejará de ser víctima de sus agresores.
Lastimar, ofender y aprovecharse de los derechos de la patria, es un crimen de lesa patria.