Acceso de las personas con discapacidad a los procesos electorales
Nuestro sistema electoral se sigue actualizando, y ello es así, cuando observamos que se ha implementado la posibilidad del voto del panameño residente en el exterior, al igual que se pretende con el voto de los detenidos en los centros penitenciarios, de manera preventiva, y de los recluidos en hospitales y asilos. Reflexionando un poco sobre el tema de la accesibilidad a los procesos electorales, sería acertado considerar a otro número plural de panameños que, por sufrir de alguna discapacidad física, no pueden acudir a ejercer su derecho al voto.
Panamá, al igual que los países de Latinoamérica, es parte de diferentes declaraciones y pronunciamientos de organismos internacionales que buscan ampliar los derechos políticos de las personas con discapacidad. En virtud de ello hemos observado, en algunos países de la región, una evolución progresiva en el reconocimiento de tales derechos como inherentes de la persona humana. En América Latina se han introducido a la legislación electoral algunas medidas y han implementado algunas tecnologías, con la intención de procurar el acceso a las personas con discapacidad a los procesos electorales. Entre estas tenemos, por ejemplo, la utilización del sistema braile para los votantes invidentes como sucede en el Ecuador, o la votación electrónica como ocurre en Brasil. Pero a pesar de ello, con la utilización de estas tecnologías, que sólo garantizan el secreto del voto, vemos cómo el problema principal persiste, y es que no se facilita la comparecencia al elector a la mesa de votación.
Desde el 2004, el Tribunal Electoral (TE), por conducto del Departamento de Registro y Censo, ha mantenido contacto con la Dirección de Discapacitados, del entonces Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, ahora Ministerio de Desarrollo Social, para conocer el porcentaje de personas discapacitadas y el tipo de discapacidad que las aqueja, para efectos de poder integrarlas a padrones electorales en centros y mesas de votación más accesibles y así contribuir a incrementar su participación; sin embargo, las cifras arrojadas no dan indicios de conocer con exactitud de cuántas personas podemos estar hablando, al igual que la información con que se cuenta en dicha entidad es incompleta.
Igualmente, en Panamá, se han incorporado normas en la legislación electoral que permiten a las personas con discapacidad votar con prioridad, y en la práctica se ha facilitado el traslado de la mesa hasta la entrada del recinto electoral para evitar el desplazamiento por escaleras, cuando la mesa asignada ha quedado en plantas altas del centro de votación. Estas medidas tampoco resuelven lo que en el fondo realmente se quiere, decir realmente que todos los panameños son iguales ante la ley. La toma de medidas dirigidas a posibilitar el acceso a los procesos electorales de personas discapacitadas se hace, entonces, urgente.
Desconocemos la cifra exacta de panameños con discapacidad, situación que pudiera solventarse con la realización de un censo de personas con discapacidad. Contando con esta información, se pudiera determinar la mejor manera de atender el abstencionismo que se da, en virtud de que estas personas no pueden acceder a los centros de votación Lo otro es crear los mecanismos necesarios para que ellas puedan emitir el sufragio. Ambos pasos son de vital importancia; se pudiera confeccionar un registro electoral especial y crear mesas móviles especiales que lleguen hasta el domicilio de la persona con discapacidad, o bien emitir una credencial especial, con código de barras, que permita acceder a cualquier centro de votación dentro de su circunscripción electoral, y por qué no, implementar el voto por Internet, adoptando medidas para proteger la base de datos de los "hackers".
El Tribunal Electoral cuenta con la tecnología para implementar soluciones a la problemática del voto de las personas con discapacidad, y ésta es cónsona para garantizar y mantener la transparencia y confiabilidad en los procesos electorales.
Panamá, al igual que los países de Latinoamérica, es parte de diferentes declaraciones y pronunciamientos de organismos internacionales que buscan ampliar los derechos políticos de las personas con discapacidad. En virtud de ello hemos observado, en algunos países de la región, una evolución progresiva en el reconocimiento de tales derechos como inherentes de la persona humana. En América Latina se han introducido a la legislación electoral algunas medidas y han implementado algunas tecnologías, con la intención de procurar el acceso a las personas con discapacidad a los procesos electorales. Entre estas tenemos, por ejemplo, la utilización del sistema braile para los votantes invidentes como sucede en el Ecuador, o la votación electrónica como ocurre en Brasil. Pero a pesar de ello, con la utilización de estas tecnologías, que sólo garantizan el secreto del voto, vemos cómo el problema principal persiste, y es que no se facilita la comparecencia al elector a la mesa de votación.
Desde el 2004, el Tribunal Electoral (TE), por conducto del Departamento de Registro y Censo, ha mantenido contacto con la Dirección de Discapacitados, del entonces Ministerio de la Juventud, la Mujer, la Niñez y la Familia, ahora Ministerio de Desarrollo Social, para conocer el porcentaje de personas discapacitadas y el tipo de discapacidad que las aqueja, para efectos de poder integrarlas a padrones electorales en centros y mesas de votación más accesibles y así contribuir a incrementar su participación; sin embargo, las cifras arrojadas no dan indicios de conocer con exactitud de cuántas personas podemos estar hablando, al igual que la información con que se cuenta en dicha entidad es incompleta.
Igualmente, en Panamá, se han incorporado normas en la legislación electoral que permiten a las personas con discapacidad votar con prioridad, y en la práctica se ha facilitado el traslado de la mesa hasta la entrada del recinto electoral para evitar el desplazamiento por escaleras, cuando la mesa asignada ha quedado en plantas altas del centro de votación. Estas medidas tampoco resuelven lo que en el fondo realmente se quiere, decir realmente que todos los panameños son iguales ante la ley. La toma de medidas dirigidas a posibilitar el acceso a los procesos electorales de personas discapacitadas se hace, entonces, urgente.
Desconocemos la cifra exacta de panameños con discapacidad, situación que pudiera solventarse con la realización de un censo de personas con discapacidad. Contando con esta información, se pudiera determinar la mejor manera de atender el abstencionismo que se da, en virtud de que estas personas no pueden acceder a los centros de votación Lo otro es crear los mecanismos necesarios para que ellas puedan emitir el sufragio. Ambos pasos son de vital importancia; se pudiera confeccionar un registro electoral especial y crear mesas móviles especiales que lleguen hasta el domicilio de la persona con discapacidad, o bien emitir una credencial especial, con código de barras, que permita acceder a cualquier centro de votación dentro de su circunscripción electoral, y por qué no, implementar el voto por Internet, adoptando medidas para proteger la base de datos de los "hackers".
El Tribunal Electoral cuenta con la tecnología para implementar soluciones a la problemática del voto de las personas con discapacidad, y ésta es cónsona para garantizar y mantener la transparencia y confiabilidad en los procesos electorales.
