Acción Comunal, Harmodio Arias y nepotismo
Acción Comunal nace en 1923 con el principal objetivo de exaltar el nacionalismo, el cual estaba severamente erosionado por la influencia norteamericana durante las primeras dos décadas como república. Pero el movimiento también aspiraba rescatar la confianza popular en las estructuras políticas e instituciones del país. Esa confianza se había perdido en forma progresiva desde la última administración de Belisario Porras (1920-1924) y llegó a su peor momento durante la gestión de Florencio Harmodio Arosemena, que inició en octubre de 1928. El golpe de Estado del 2 de enero de 1931, propiciado principalmente por Acción Comunal, fue causado por el secretismo en la cosa pública, desfalcos, peculados, tráfico de influencias y complicidad de gobiernos entrantes con salientes.
Con la venia de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo J. Alfaro asumió la primera magistratura hasta que Harmodio Arias ocupa el solio presidencial en 1932 después de ganar en elecciones populares. El Dr. Arias llega a la presidencia de un país en grave crisis económica; con un presupuesto recargado en los gastos y rentas menguantes; con una ciudadanía acostumbrada a vivir directa o indirectamente del tesoro público; con una deuda colosal que oprimía la economía nacional; y con una red de contratos, concesiones y privilegios que ahogaban al gobierno, entorpecían la administración pública, vaciaban el Erario e impedían el desarrollo. Por ello, una de las primeras leyes que sancionó fue la Ley 11 de 1ro. de octubre de 1932, sobre sueldos y asignaciones, y sobre fijación de personal administrativo de las oficinas de la República.
Además de lograr niveles de transparencia sin precedente, con la divulgación pública de cargos y emolumentos de todos los funcionarios públicos, esa ley introdujo conceptos novedosos como las prohibiciones a los funcionarios de percibir otros beneficios a los establecidos en la ley y de devengar dos salarios. Además, estableció novedosas reglas sobre nepotismo. Por ejemplo, prohibió que tanto marido y mujer sin hijos devenguen sueldos estatales; y en el caso que los tuvieren o contaran con dependientes, fijó topes de salarios. Por otro lado, también estableció limitaciones para “miembros de una familia, es decir, padre, madre, marido, mujer, hijos e hijas, hermanos y hermanas y cualesquiera otros parientes ya sean consanguíneos o afines, que vivan bajo un mismo techo”.
Aunque la principal motivación de estas restricciones era hacer más justa la distribución de los limitados recursos estatales, también lo fue prevenir el abultamiento de la planilla estatal de los familiares de los encargados de la administración pública. Con ella se comenzaba a dar cumplimiento a las aspiraciones de Acción Comunal para restituir la confianza ciudadana.
Haría bien el gobierno de turno en repasar ese capítulo de la historia patria para encontrar inspiración sobre medidas concretas para rescatar al país de los vicios que existían entonces y ahora. Debe tomar nota que su defensa al nepotismo es antipática, anacrónica y contribuye a perpetuar los mismos “antivalores” que el gobierno denuncia en forma reiterada.
Por cierto, aunque Washington no llorará en absoluto la marcha de Chávez, 19 gobiernos latinoamericanos, que conocen a fondo la rezaga que puede venir detrás de un golpe de Estado, de inmediato anunciaron que no están dispuestos a reconocer al nuevo gobierno.
La Casa Blanca expresó "solidaridad con el pueblo venezolano" y prometió cooperación "con las fuerzas democráticas para restaurar los elementos esenciales de la democracia", lo cual parecía implicar que esos elementos no habían desaparecido en las últimas horas sino en los últimos años. Fuentes del Gobierno estadounidense también remarcaron que Chávez renunció a su cargo, lo que permite no tener que valorar si los acontecimientos pueden constituir formalmente un golpe de Estado; eso evita sanciones inmediatas de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, que durante el fin de semana aún no sabía a ciencia cierta qué rumbo tomar.
Por su lado, Arturo Valenzuela, que fungió de asesor de Clinton, lamentó que la manera en que fue depuesto Chávez "representa un verdadero retroceso para el hemisferio y para la política de Estados Unidos".
Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica revolución bolivariana encabezada por un ex golpista que ganó legítimamente las elecciones para convertirse, desde el poder, en un autócrata peligroso para su país y el resto del mundo. Las fuerzas armadas, encabezadas por el general Efraín Vásquez, han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal venezolana, a la vez que destituía a los mandos militares compañeros y amigos del depuesto presidente.
Aprovechando la ola de hartazgo de tanta gente con la corrupción del anterior sistema de partidos, Chávez arrasó en las urnas, para hacer luego un uso abusivo de ese poder, con un autoritarismo que llegó incluso a las aulas de los colegios. Su final se veía venir tras las cada vez más numerosas declaraciones de diversos militares, el deterioro de la situación económica y la marea de protesta de la clase media, que creció con la aprobación en diciembre pasado de 49 decretos-leyes de inspiración castrista. Chávez introdujo varios centenares de asesores cubanos en Venezuela, al tiempo que suministraba a La Habana petróleo gratuito, un grifo que ahora se cierra.
La pretensión de Chávez de expandir a todo el continente su populista "revolución bolivariana" recordaba la campaña a mediados del siglo pasado del general Juan Domingo Perón de unificar Latinoamérica con su "Doctrina Justicialista".
Como inicié mi carrera periodística en esa época en Buenos Aires y fui testigo no sólo de muchas horas de la retórica de "mi coronel" y de Santa Evita. También en la capital argentina, notoria como la urbe con el mayor número de sicoanalistas por metro cuadrado, tuve la ocurrencia de que antes de asumir el poder, cada líder político debiera pasar una temporada en el diván de don Sigmund Freud para ver, por lo menos, si lo podían curar de un exceso de gratificación oral.
Esos pensamientos recurrieron en mi mente cuando hace unos seis meses, el embajador de Venezuela, Ignacio Arcaya, me invitó un sábado a la residencia de la embajada en Washington de donde podía sintonizar el programa de televisión "Aló Presidente" a través del cual Chávez se comunicaba con su pueblo todos los fines de semana. Aunque con sus enormes audífonos el mandatario se parecía al viejo Zabludowsky de Televisa, el nivel del diálogo se parecía más al popular programa de niños, "Mr. Rogers" Neighborhood".
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
Con la venia de la Corte Suprema de Justicia, Ricardo J. Alfaro asumió la primera magistratura hasta que Harmodio Arias ocupa el solio presidencial en 1932 después de ganar en elecciones populares. El Dr. Arias llega a la presidencia de un país en grave crisis económica; con un presupuesto recargado en los gastos y rentas menguantes; con una ciudadanía acostumbrada a vivir directa o indirectamente del tesoro público; con una deuda colosal que oprimía la economía nacional; y con una red de contratos, concesiones y privilegios que ahogaban al gobierno, entorpecían la administración pública, vaciaban el Erario e impedían el desarrollo. Por ello, una de las primeras leyes que sancionó fue la Ley 11 de 1ro. de octubre de 1932, sobre sueldos y asignaciones, y sobre fijación de personal administrativo de las oficinas de la República.
Además de lograr niveles de transparencia sin precedente, con la divulgación pública de cargos y emolumentos de todos los funcionarios públicos, esa ley introdujo conceptos novedosos como las prohibiciones a los funcionarios de percibir otros beneficios a los establecidos en la ley y de devengar dos salarios. Además, estableció novedosas reglas sobre nepotismo. Por ejemplo, prohibió que tanto marido y mujer sin hijos devenguen sueldos estatales; y en el caso que los tuvieren o contaran con dependientes, fijó topes de salarios. Por otro lado, también estableció limitaciones para “miembros de una familia, es decir, padre, madre, marido, mujer, hijos e hijas, hermanos y hermanas y cualesquiera otros parientes ya sean consanguíneos o afines, que vivan bajo un mismo techo”.
Aunque la principal motivación de estas restricciones era hacer más justa la distribución de los limitados recursos estatales, también lo fue prevenir el abultamiento de la planilla estatal de los familiares de los encargados de la administración pública. Con ella se comenzaba a dar cumplimiento a las aspiraciones de Acción Comunal para restituir la confianza ciudadana.
Haría bien el gobierno de turno en repasar ese capítulo de la historia patria para encontrar inspiración sobre medidas concretas para rescatar al país de los vicios que existían entonces y ahora. Debe tomar nota que su defensa al nepotismo es antipática, anacrónica y contribuye a perpetuar los mismos “antivalores” que el gobierno denuncia en forma reiterada.
Por cierto, aunque Washington no llorará en absoluto la marcha de Chávez, 19 gobiernos latinoamericanos, que conocen a fondo la rezaga que puede venir detrás de un golpe de Estado, de inmediato anunciaron que no están dispuestos a reconocer al nuevo gobierno.
La Casa Blanca expresó "solidaridad con el pueblo venezolano" y prometió cooperación "con las fuerzas democráticas para restaurar los elementos esenciales de la democracia", lo cual parecía implicar que esos elementos no habían desaparecido en las últimas horas sino en los últimos años. Fuentes del Gobierno estadounidense también remarcaron que Chávez renunció a su cargo, lo que permite no tener que valorar si los acontecimientos pueden constituir formalmente un golpe de Estado; eso evita sanciones inmediatas de Estados Unidos y de la Organización de Estados Americanos, que durante el fin de semana aún no sabía a ciencia cierta qué rumbo tomar.
Por su lado, Arturo Valenzuela, que fungió de asesor de Clinton, lamentó que la manera en que fue depuesto Chávez "representa un verdadero retroceso para el hemisferio y para la política de Estados Unidos".
Sólo un golpe de Estado ha conseguido echar a Hugo Chávez del poder en Venezuela. La situación había alcanzado tal grado de deterioro que este caudillo errático ha recibido un empujón. El ejército, espoleado por la calle, ha puesto fin al sueño de una retórica revolución bolivariana encabezada por un ex golpista que ganó legítimamente las elecciones para convertirse, desde el poder, en un autócrata peligroso para su país y el resto del mundo. Las fuerzas armadas, encabezadas por el general Efraín Vásquez, han obrado con celeridad al designar como jefe de un gobierno de transición a un civil, Pedro Carmona Estanga, presidente de la patronal venezolana, a la vez que destituía a los mandos militares compañeros y amigos del depuesto presidente.
Aprovechando la ola de hartazgo de tanta gente con la corrupción del anterior sistema de partidos, Chávez arrasó en las urnas, para hacer luego un uso abusivo de ese poder, con un autoritarismo que llegó incluso a las aulas de los colegios. Su final se veía venir tras las cada vez más numerosas declaraciones de diversos militares, el deterioro de la situación económica y la marea de protesta de la clase media, que creció con la aprobación en diciembre pasado de 49 decretos-leyes de inspiración castrista. Chávez introdujo varios centenares de asesores cubanos en Venezuela, al tiempo que suministraba a La Habana petróleo gratuito, un grifo que ahora se cierra.
La pretensión de Chávez de expandir a todo el continente su populista "revolución bolivariana" recordaba la campaña a mediados del siglo pasado del general Juan Domingo Perón de unificar Latinoamérica con su "Doctrina Justicialista".
Como inicié mi carrera periodística en esa época en Buenos Aires y fui testigo no sólo de muchas horas de la retórica de "mi coronel" y de Santa Evita. También en la capital argentina, notoria como la urbe con el mayor número de sicoanalistas por metro cuadrado, tuve la ocurrencia de que antes de asumir el poder, cada líder político debiera pasar una temporada en el diván de don Sigmund Freud para ver, por lo menos, si lo podían curar de un exceso de gratificación oral.
Esos pensamientos recurrieron en mi mente cuando hace unos seis meses, el embajador de Venezuela, Ignacio Arcaya, me invitó un sábado a la residencia de la embajada en Washington de donde podía sintonizar el programa de televisión "Aló Presidente" a través del cual Chávez se comunicaba con su pueblo todos los fines de semana. Aunque con sus enormes audífonos el mandatario se parecía al viejo Zabludowsky de Televisa, el nivel del diálogo se parecía más al popular programa de niños, "Mr. Rogers" Neighborhood".
Para el cura, el nepotismo no es sólo una falta ética, tomando en cuenta que lo ético debe cristalizar en lo legal. “Lo público no se puede dejar sólo a la conciencia. Requiere leyes y debe haber sanciones”, recalcó.
Respecto al argumento de que si no es exagerado el número de parientes de altos funcionarios nombrados en el gobierno, no es escandaloso el nepotismo, Hanssen manifestó que si se parte de esa premisa, la gestión pública jamás saldrá de la maraña en que se encuentra.
“El problema es que el que legisla es quien tiene el poder y ningún gobierno ni Asamblea quiere legislar en su contra”, agregó.
Calificó de mezquinos a los políticos, quienes actúan con una visión a corto plazo, a diferencia de los estadistas, que lo hacen a largo plazo.
“Sólo la presión ciudadana puede cambiar eso”, dijo, pero recalcó que en el seno de la feligresía debe existir el sentido de responsabilidad cristiana de organizarse.
Lamentó que actualmente se nota lo que hacen los políticos, no por sus programas, sino por quiénes reciben las prebendas. “En el clero hay una preocupación real por la situación que vive el país”, enfatizó el director de Pastoral Social Arquidiocesana.
