Acciones por la mujer
Las conclusiones del Informe Nacional Clara González sobre la situación de la Mujer, recomiendan importantes líneas de acción que deberían ser asumidas en los planes de gobierno de los partidos políticos como en la agenda social de la sociedad civil:
Programar campañas educativas sistemáticas y permanentes del Estado y las instancias privadas en los medios de comunicación y así establecer mecanismos de seguimiento y regulación de programas de difusión que contienen y refuerzan estereotipos sexistas y de violencia.
Este nivel del problema exige de campañas permanentes para que haya cambios efectivos en las prácticas sociales. Se requiere un enfoque de prevención que se incluya desde la familia, la escuela y se fortalezca luego desde los medios de comunicación social y de la sociedad en su conjunto. Se requiere de un sistema de monitoreo y de seguimiento sobre la efectividad de las oficinas de igualdad de oportunidades en el tema de violencia contra las mujeres. Se requiere la realización de investigaciones que aborden temas específicos como el de la violencia institucional y la violencia económica.
Es necesario que las universidades promuevan una mayor cantidad de investigaciones sobre el tema de la violencia doméstica y se incorpore esta temática en los currículos y planes de estudio. La explotación sexual y la trata de mujeres son problemas que ameritan la implementación de un plan nacional elaborado y una efectiva coordinación de recursos y servicios institucionales gubernamentales y no gubernamentales.
Si bien se cuenta con algunas iniciativas y programas, los problemas son de mayor magnitud y operan con mucha tecnología.
Con todo el avance en materia de producción de documentos de referencia y de ejecución de actividades, uno de los principales retos es lo limitado del recurso humano y económico asignado para implementar a cabalidad las políticas requeridas en materia de violencia contra las mujeres. Se requiere de un mayor seguimiento sobre el cumplimiento de las leyes y de los acuerdos internacionales suscritos por nuestro país para el logro de la igualdad de oportunidades para las mujeres y el derecho a vivir una vida sin violencia.
Instar a la movilización nacional y el fortalecimiento de las redes comunitarias para encarar de manera organizada e intersectorial este problema social.
Aumentar la asignación de recursos humanos y económicos para garantizar la puesta en práctica de planes, programas y proyectos que se elaboran y se quedan sin ejecutar a cabalidad.
Fortalecer de manera permanente la capacitación de los diferentes operadores/as de justicia y de los/as funcionarios/ as en general que deben involucrarseen la elaboración, planificación y ejecución de programas y planes contra la violencia a las mujeres. Unificar los criterios en la interpretación y aplicación de los marcos legales relativos a la violencia contra las mujeres por parte de los/as funcionarios/as y operadores/ as de justicia.
Se requiere fortalecer la legislación y políticas estatales sobre el tráfico y trata de mujeres, niñas y niños para la explotación sexual, la pornografía y el turismo sexual.
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