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Actitudes aleccionadoras


La reciente actitud asumida por el jefe de nuestra Policía Nacional y el Ministerio de Educación no puede ser más plausible. El uno se ha propuesto imponer el orden, como debe ser, y el otro a imponer sanciones a mozos estudiantes y audaces que tras el engreimiento por hacer lo que les da la gana, cierran calles, apedrean a personas, hacen fogatas con llantas e impiden el tránsito vehicular, dañan autos y causan destrozos hasta en los propios colegios donde reciben educación. Desde ahora en adelante, no se permitirá la aparición en público a nadie con máscaras en ninguna parte del país.
Sostenemos que el enmascarado es uno de los individuos más peligrosos, puesto que se cubre el rostro para no ser identificado ni tener que desistir de los malignos propósitos que abriga, y por tanto hay que perseguirlo, prioritariamente, en cualquier manifestación pública, y perseguirlo sin tregua, donde quiera que esté. Tras la medida de expulsar del colegio a los estudiantes que provocaron desórdenes cerrando vías y causando daños, lo peor que podría suceder ahora es que nuestras autoridades de Educación no se paren firmemente y sucumban ante manifestaciones de arrepentimiento y promesas, no confiables, de corrección y menos aún amenazas. Mucha es la zozobra y el daño que hubiéramos evitado sufrir si ante los primeros brotes de conducta delictiva por parte de malos estudiantes, se hubiera actuado como se ha hecho actualmente.
Ahora lo que falta para los adultos que cierran calles es, sencillamente, detenerlos por la comisión de delitos contra el transporte, sin perdones en medio de la pena, aplicándoles lo que establecen los artículos 239 y 241 del Código Penal.
El Gobierno no debe preocuparse de que lo tilden de arbitrario ni perseguidor. Su respuesta consiste sólo en justificar las aprehensiones por haber actuado conforme a lo que dispone la ley y los jueces, al condenar, no estarán haciendo otra cosa que cumplir con su deber conforme ella se lo señala.
La libertad de expresión es una de las cosas más valiosas de que puede disfrutar la condición humana. A nadie se le debe privar de ella; no se debe, en su nombre, causar daño a nadie, y menos al país. Los cierres de vías públicas paralizando totalmente el transporte, en el fondo, dadas las repercusiones perjudiciales del mismo, constituyen un crimen de lesa patria.

101 años de Panamá América

 
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