Acuerdo secreto sobre Corte Penal Internacional
La posibilidad de que nuestro Organo Ejecutivo haya firmado en completo sigilo un convenio con Estados Unidos para excluir a este último de la jurisdicción de la Corte Penal Internacional por delitos de violación de derechos humanos que cometan sus ciudadanos en nuestro territorio es doblemente aberrante. Por un lado, la connotación de desprecio al principio de transparencia en el manejo de los asuntos de la Nación del que ya nos tiene colmados este gobierno y, por el otro, la vergonzosa participación de Panamá en la configuración de una situación de privilegio inaceptable para la potencia del Norte en menoscabo de las más pequeñas.
Ese proceder muestra el menosprecio de que viene haciendo gala en temas que conciernen y comprometen a las presentes y futuras generaciones, frente a lo cual la ciudadanía debe ser informada y consultada previamente, en vez de negociar y acordar en secreto, para luego presentárnoslo como hecho cumplido.
El convenio es indicativo de un lamentable contrasentido, del que ya no nos asombra la actual administración en materia de relaciones exteriores, pues este mismo gobierno se adhirió a la firma del tratado que creó dicha Corte, la cual está compuesta por 18 magistrados de distintos países, incluyendo su propia postulada costarricense, doctora Odio.
Si hemos contribuido a la integración de la Corte Penal, logrando incluso el nombramiento de uno de sus 18 magistrados, no es lógico ni razonable vernos en el penoso papel de propiciar su desconocimiento, vía el convenio en referencia.
Las grandes potencias, como Estados Unidos, precisamente por la fuerza descomunal con que cuentan, requieren, más que las pequeñas, de esos frenos morales, sobre todo si se encaminan dichos obstáculos a la tutela de derechos elementales. Las potencias son capaces de hacer la guerra mediante armas de destrucción que sólo ellas poseen. Y frente a esa realidad, lo menos que podemos aspirar es a que se contengan al momento de usar la fuerza, porque de hecho nada puede detenerlas, como quedó demostrado con la última guerra contra Irak.
El tratado fue firmado el 17 de julio de 1998 y ya está en vigencia, con la excepción de Estados Unidos, Israel, China, Irak, Líbano, Qatar y Yemen. De estos países, Estados Unidos tiene una historia conocida, con Hiroshima, Nagasaki y Viet-Nam como ejemplos; China, con su aplastamiento de Tibet; Irak, con su uso de venenos contra los kurdos; Israel, que no pudiendo vencer a la guerrilla palestina, dinamita las viviendas de sus parientes; y los otros, desconociendo los derechos más elementales de la mujer.
En fin, estamos ansiosos porque la Presidenta Moscoso y su Ministerio de Relaciones Exteriores rindan cuenta y, sobre todo, en la primera oportunidad, sometan el bodrio al conocimiento, aprobación o rechazo del Legislativo, tal cual dispone el numeral 3 del artículo 153 de la Constitución de la República.
Ese proceder muestra el menosprecio de que viene haciendo gala en temas que conciernen y comprometen a las presentes y futuras generaciones, frente a lo cual la ciudadanía debe ser informada y consultada previamente, en vez de negociar y acordar en secreto, para luego presentárnoslo como hecho cumplido.
El convenio es indicativo de un lamentable contrasentido, del que ya no nos asombra la actual administración en materia de relaciones exteriores, pues este mismo gobierno se adhirió a la firma del tratado que creó dicha Corte, la cual está compuesta por 18 magistrados de distintos países, incluyendo su propia postulada costarricense, doctora Odio.
Si hemos contribuido a la integración de la Corte Penal, logrando incluso el nombramiento de uno de sus 18 magistrados, no es lógico ni razonable vernos en el penoso papel de propiciar su desconocimiento, vía el convenio en referencia.
Las grandes potencias, como Estados Unidos, precisamente por la fuerza descomunal con que cuentan, requieren, más que las pequeñas, de esos frenos morales, sobre todo si se encaminan dichos obstáculos a la tutela de derechos elementales. Las potencias son capaces de hacer la guerra mediante armas de destrucción que sólo ellas poseen. Y frente a esa realidad, lo menos que podemos aspirar es a que se contengan al momento de usar la fuerza, porque de hecho nada puede detenerlas, como quedó demostrado con la última guerra contra Irak.
El tratado fue firmado el 17 de julio de 1998 y ya está en vigencia, con la excepción de Estados Unidos, Israel, China, Irak, Líbano, Qatar y Yemen. De estos países, Estados Unidos tiene una historia conocida, con Hiroshima, Nagasaki y Viet-Nam como ejemplos; China, con su aplastamiento de Tibet; Irak, con su uso de venenos contra los kurdos; Israel, que no pudiendo vencer a la guerrilla palestina, dinamita las viviendas de sus parientes; y los otros, desconociendo los derechos más elementales de la mujer.
En fin, estamos ansiosos porque la Presidenta Moscoso y su Ministerio de Relaciones Exteriores rindan cuenta y, sobre todo, en la primera oportunidad, sometan el bodrio al conocimiento, aprobación o rechazo del Legislativo, tal cual dispone el numeral 3 del artículo 153 de la Constitución de la República.
