Adaptar y no adoptar
Desde que iniciara, no hace mucho, la doctrina de la globalización, que lleva como uno de sus componentes principales la privatización de las empresas de servicio público, en el caso de Panamá, como punta de lanza, las de telefonía y suministro de energía eléctrica, por considerarlas entre las más importantes, me pronuncié escéptico de que este movimiento, auspiciado sobre todo por los organismos internacionales de crédito, tuviera en la práctica las virtudes y ventajas que alegaban sus promotores. Y es que las recientes experiencias parecen demostrar que estos procesos tienden a favorecer a los países desarrollados y no a los subdesarrollados como el nuestro.
Lo que prevalece son los principios que rigen la economía mundial, con poco apego o respeto a consideraciones de justicia social, como por ejemplo, una mejor distribución de la riqueza, que es lo que propugna con marcada insistencia, la doctrina cristiana. Para los que se encuentran entre los grupos de mayor edad, que iniciaron hace mucho tiempo su actividad económica en procura del sustento diario, la privatización de los servicios públicos no pasa de ser una tendencia cíclica, producto de la falta de precisión de los dogmas económicos que supuestamente la justifican, dado que como es generalmente aceptado la economía no es una ciencia exacta, sino más bien un ejercicio de aquellos que se consideran expertos sobre la materia para tratar, aplicando el método de aproximación conocido en inglés como "Trial and error", de predecir de la mejor forma la conducta o tendencia futura de las reglas del juego que norman o definen, a escala macro, el uso de los recursos económicos de que dispone el mundo en una época determinada de su desarrollo.
Prueba de lo señalado es que nos tocó, al iniciar la práctica profesional como ingeniero sanitario, a principios de los "50, ser testigos de la tendencia opuesta; o sea, la estatización de los servicios públicos, auspiciada por los mismos organismos internacionales que ahora han impuesto la globalización, que la respaldaban alegando, en ese momento, que la inversión privada y considerada su operación como de alto riesgo, y por tanto, ajena a sus intereses que, como sabemos, responden primero al afán de lucro y no a motivación de justicia social o cosa parecida. Fue cuando inició funciones la Comisión de Acueductos y Alcantarillados de Panamá, CAAP, antecesora del actual IDAAN, y luego pasaron a manos del Estado las empresas privadas que luego se convertirían en el IRHE Y El INTEL.
La reciente privatización de parte del IRHE y la totalidad del INTEL parece demostrar que los beneficios esperados no se han hecho en realidad, a pesar del tiempo transcurrido, dado que los apagones y variaciones de voltaje, demasiados comunes en el caso del suministro de la energía eléctrica, vienen afectando un apreciable número de dispositivos, produciendo pérdidas a los usuarios, y no siempre son retribuidas, con todo y la buena voluntad del Ente Regulador, que se estrella contra el complicado trámite que debe cumplir el afectado, provocando que muchos desistan de hacer valer el justificado reclamo, amén de los otros inconvenientes que por su naturaleza no son susceptibles de poder ser cuantificados. Igual ocurre con la comunicación telefónica, cuyos cargos mensuales han sido aumentados, a pesar de la repulsa popular, y de un servicio que dista aún de ser tan eficiente como se había anunciado. Lo que sí se ha hecho es promover aún en el ámbito popular el uso de la telefonía celular, que no puede catalogarse como una verdadera necesidad, lo que sustrae del bolsillo de muchos de los que la utilizan, en respuesta a su propaganda masiva, una suma apreciable de sus reducidos ingresos, la que en lógico orden de prioridades debería ser destinada a satisfacer exigencias familiares más importantes.
Se alega que las privatizaciones comentadas, y otras acciones parecidas y no menos importantes, como la apertura de los mercados sin ventajas para los productos nacionales, sean estos de consumo o elaborados, que ha generado tantas críticas y cuestionamientos del por qué fueron aceptadas en su momento por el gobierno de turno, son el resultado de la presión ejercida por los responsables de la globalización. Estas medidas han provocado el cierre de no pocas empresas y el retiro de un sinnúmero de pequeños productores, lo que lejos de reducir el problema del alto índice actual de desempleo lo agrava aún más, so pretexto de incentivar la productividad entre los afectados, olvidando que una economía pequeña no puede competir jamás en igualdad de condiciones con otras más desarrolladas.
Hemos sido víctimas propicias del llamado capitalismo salvaje que, en mi concepto, lo describe la Iglesia Católica en el No. 935 de "Semilla" de 22 de julio de 2001, al citar que "no está interesado en satisfacer necesidades primarias básicas, sino sólo los deseos del individuo que son infinitos, cuya atención produce según sus responsables el máximo beneficio. El consumo representa el éxito en la sociedad actual, al vincularlo en el tener y poder. xito y poder son los grandes secretos que lo estimulan". Pero estoy convencido que la oposición que, incluso, en el ámbito nivel mundial viene provocando la doctrina de la globalización, justificada con la excusa de contribuir en muchos casos al aumento del PIB, se ve reforzada por el hecho innegable de que no garantiza la equilibrada y justa distribución de la riqueza, ni contribuye a reducir los escandalosos niveles de pobreza y extrema pobreza que se abaten sobre una considerable porción de nuestra población.
Aspiramos a una redefinición de la política gubernamental frente a esta clase de acciones, cuya bondad no ha sido en mi concepto demostrada con hechos fehacientes, a pesar de todos los parámetros económicos con los cuales se les quiere justificar. Al fin de cuentas, el desarrollo económico en perjuicio del orden social no resulta aceptable y menos justificado.
Me pronuncio a favor de todas las medidas que viene implementando el gobierno actual que considera como sujeto principal de su acción desarrollista, a los más pobres y necesitados entre nuestros compatriotas, a través de la práctica del conocido adagio que recomienda que se debe "adaptar y no adoptar", al pie de la letra, nuevas teorías como la globalización.
Lo que prevalece son los principios que rigen la economía mundial, con poco apego o respeto a consideraciones de justicia social, como por ejemplo, una mejor distribución de la riqueza, que es lo que propugna con marcada insistencia, la doctrina cristiana. Para los que se encuentran entre los grupos de mayor edad, que iniciaron hace mucho tiempo su actividad económica en procura del sustento diario, la privatización de los servicios públicos no pasa de ser una tendencia cíclica, producto de la falta de precisión de los dogmas económicos que supuestamente la justifican, dado que como es generalmente aceptado la economía no es una ciencia exacta, sino más bien un ejercicio de aquellos que se consideran expertos sobre la materia para tratar, aplicando el método de aproximación conocido en inglés como "Trial and error", de predecir de la mejor forma la conducta o tendencia futura de las reglas del juego que norman o definen, a escala macro, el uso de los recursos económicos de que dispone el mundo en una época determinada de su desarrollo.
Prueba de lo señalado es que nos tocó, al iniciar la práctica profesional como ingeniero sanitario, a principios de los "50, ser testigos de la tendencia opuesta; o sea, la estatización de los servicios públicos, auspiciada por los mismos organismos internacionales que ahora han impuesto la globalización, que la respaldaban alegando, en ese momento, que la inversión privada y considerada su operación como de alto riesgo, y por tanto, ajena a sus intereses que, como sabemos, responden primero al afán de lucro y no a motivación de justicia social o cosa parecida. Fue cuando inició funciones la Comisión de Acueductos y Alcantarillados de Panamá, CAAP, antecesora del actual IDAAN, y luego pasaron a manos del Estado las empresas privadas que luego se convertirían en el IRHE Y El INTEL.
La reciente privatización de parte del IRHE y la totalidad del INTEL parece demostrar que los beneficios esperados no se han hecho en realidad, a pesar del tiempo transcurrido, dado que los apagones y variaciones de voltaje, demasiados comunes en el caso del suministro de la energía eléctrica, vienen afectando un apreciable número de dispositivos, produciendo pérdidas a los usuarios, y no siempre son retribuidas, con todo y la buena voluntad del Ente Regulador, que se estrella contra el complicado trámite que debe cumplir el afectado, provocando que muchos desistan de hacer valer el justificado reclamo, amén de los otros inconvenientes que por su naturaleza no son susceptibles de poder ser cuantificados. Igual ocurre con la comunicación telefónica, cuyos cargos mensuales han sido aumentados, a pesar de la repulsa popular, y de un servicio que dista aún de ser tan eficiente como se había anunciado. Lo que sí se ha hecho es promover aún en el ámbito popular el uso de la telefonía celular, que no puede catalogarse como una verdadera necesidad, lo que sustrae del bolsillo de muchos de los que la utilizan, en respuesta a su propaganda masiva, una suma apreciable de sus reducidos ingresos, la que en lógico orden de prioridades debería ser destinada a satisfacer exigencias familiares más importantes.
Se alega que las privatizaciones comentadas, y otras acciones parecidas y no menos importantes, como la apertura de los mercados sin ventajas para los productos nacionales, sean estos de consumo o elaborados, que ha generado tantas críticas y cuestionamientos del por qué fueron aceptadas en su momento por el gobierno de turno, son el resultado de la presión ejercida por los responsables de la globalización. Estas medidas han provocado el cierre de no pocas empresas y el retiro de un sinnúmero de pequeños productores, lo que lejos de reducir el problema del alto índice actual de desempleo lo agrava aún más, so pretexto de incentivar la productividad entre los afectados, olvidando que una economía pequeña no puede competir jamás en igualdad de condiciones con otras más desarrolladas.
Hemos sido víctimas propicias del llamado capitalismo salvaje que, en mi concepto, lo describe la Iglesia Católica en el No. 935 de "Semilla" de 22 de julio de 2001, al citar que "no está interesado en satisfacer necesidades primarias básicas, sino sólo los deseos del individuo que son infinitos, cuya atención produce según sus responsables el máximo beneficio. El consumo representa el éxito en la sociedad actual, al vincularlo en el tener y poder. xito y poder son los grandes secretos que lo estimulan". Pero estoy convencido que la oposición que, incluso, en el ámbito nivel mundial viene provocando la doctrina de la globalización, justificada con la excusa de contribuir en muchos casos al aumento del PIB, se ve reforzada por el hecho innegable de que no garantiza la equilibrada y justa distribución de la riqueza, ni contribuye a reducir los escandalosos niveles de pobreza y extrema pobreza que se abaten sobre una considerable porción de nuestra población.
Aspiramos a una redefinición de la política gubernamental frente a esta clase de acciones, cuya bondad no ha sido en mi concepto demostrada con hechos fehacientes, a pesar de todos los parámetros económicos con los cuales se les quiere justificar. Al fin de cuentas, el desarrollo económico en perjuicio del orden social no resulta aceptable y menos justificado.
Me pronuncio a favor de todas las medidas que viene implementando el gobierno actual que considera como sujeto principal de su acción desarrollista, a los más pobres y necesitados entre nuestros compatriotas, a través de la práctica del conocido adagio que recomienda que se debe "adaptar y no adoptar", al pie de la letra, nuevas teorías como la globalización.
