Adiós a la Sala Quinta
Si todavía a alguien le quedaban dudas sobre la conveniencia de derogar la creación de la Sala Quinta, el último y desesperado esfuerzo de sus beneficiarios directos, los flamantes magistrados principales y suplentes nombrados por el anterior mandatario, es prueba irrefutable de lo acertada y necesaria fue la decisión del actual gobierno al proponerla y de la Asamblea Legislativa al aprobarla.
Fue poco provisor darle largas a la aprobación legislativa, pues se dio oportunidad para que se montara la maniobra de la elección precipitada de la directiva de la Corte Suprema, que tenía el propósito evidente de convalidar la situación de los integrantes de la Sala Quinta. Sin embargo, el desarrollo de los últimos acontecimientos ha tenido el resultado beneficioso de anunciar la crisis que se avecina y advertirnos que debemos tratar de evitarla.
La Sala Quinta, lo sabe el país entero, no es necesaria. Ella fue impuesta, al igual que otra serie de medidas de última hora, por un presidente con ansias de desquitarse por el fracaso de su aventura reeleccionista.
La creación de esa nueva sala no resuelve el problema de la mora judicial, pues la acumulación de expedientes hay que resolverla en los juzgados inferiores, aumentando su número y dotándoles de más personal y mejores condiciones de trabajo. De nada sirve ampliar la cúpula de la pirámide judicial cuando la base en que se apoya es esencialmente débil. Eso hasta el más desprevenido puede entenderlo.
La Ley 49 de 24 de octubre que deroga lo que creó la Sala Quinta y deja sin efecto los nombramientos de sus magistrados principales y suplentes ha sido aprobada, pero ello no significa que ha terminado el problema. La maniobra de solicitar la elección urgente de la directiva de la Corte y la elección emprendida por los magistrados principales y suplentes de la Sala Quinta, para demandar y resolver con la velocidad de la luz (judicialmente hablando) un absurdo amparo para suspender "el proceso de discusión y aprobación" de una ley todavía en proyecto, son claros indicadores de la confrontación que podría enfrentar a los órganos Legislativo y Ejecutivo con el Judicial.
Después del improcedente recurso de amparo hay que esperar que los magistrados, principales y suplentes, depuestos por la eliminación legal de "su sala" no se resignen a la pasividad y ensayen otros caminos para tratar de aferrarse a los cargos perdidos.
Como siguiente paso podrían demandar la Ley 49 por vía de un nuevo amparo o de un recurso de inconstitucionalidad, y no me extrañaría que puedan llegar hasta a atrincherarse en sus despachos. Si llegaran a esos extremos, pueden producirse situaciones que no serán de fácil solución.
De interponerse un nuevo amparo, ahora contra la ley, correspondería a los nueve magistrados de la Corte resolverlo y en sus manos estaría salvar o profundizar la crisis. Si no fuera un amparo sino un recurso de inconstitucionalidad, también corresponderá a los nueve magistrados resolverlo, pero con la intervención del Procurador General o de la Procuradora de la Administración.
La situación no se presenta sencilla y requerirá de mucha serenidad de ánimo para superarla.
Si es cierta la noticia de que la alta dirección del PRD no recurrirá judicialmente contra la derogación de la Sala Quinta, ese es un paso positivo y bien orientado y quizá fuera prudente que le contagiaran un grado similar de sensatez a los magistrados cesados, por virtud de la Ley 49, recién aprobada.
En resumidas cuentas, la creación de la Sala Quinta y el escogimiento de sus magistrados fue un acto inconsulto e injustificado, producto de una correlación de fuerzas políticas que fue superada por un claro mandato popular en contrario. Así debieran entenderlo sus gestores, a quienes también compete la responsabilidad primaria de encontrar la salida más razonable, desde una perspectiva política más jurídica.
La Sala Quinta nunca debió crearse. El país la rechaza y así debieran aceptarlo sus promotores. ¡Dejémosla que descanse en paz!.
Fue poco provisor darle largas a la aprobación legislativa, pues se dio oportunidad para que se montara la maniobra de la elección precipitada de la directiva de la Corte Suprema, que tenía el propósito evidente de convalidar la situación de los integrantes de la Sala Quinta. Sin embargo, el desarrollo de los últimos acontecimientos ha tenido el resultado beneficioso de anunciar la crisis que se avecina y advertirnos que debemos tratar de evitarla.
La Sala Quinta, lo sabe el país entero, no es necesaria. Ella fue impuesta, al igual que otra serie de medidas de última hora, por un presidente con ansias de desquitarse por el fracaso de su aventura reeleccionista.
La creación de esa nueva sala no resuelve el problema de la mora judicial, pues la acumulación de expedientes hay que resolverla en los juzgados inferiores, aumentando su número y dotándoles de más personal y mejores condiciones de trabajo. De nada sirve ampliar la cúpula de la pirámide judicial cuando la base en que se apoya es esencialmente débil. Eso hasta el más desprevenido puede entenderlo.
La Ley 49 de 24 de octubre que deroga lo que creó la Sala Quinta y deja sin efecto los nombramientos de sus magistrados principales y suplentes ha sido aprobada, pero ello no significa que ha terminado el problema. La maniobra de solicitar la elección urgente de la directiva de la Corte y la elección emprendida por los magistrados principales y suplentes de la Sala Quinta, para demandar y resolver con la velocidad de la luz (judicialmente hablando) un absurdo amparo para suspender "el proceso de discusión y aprobación" de una ley todavía en proyecto, son claros indicadores de la confrontación que podría enfrentar a los órganos Legislativo y Ejecutivo con el Judicial.
Después del improcedente recurso de amparo hay que esperar que los magistrados, principales y suplentes, depuestos por la eliminación legal de "su sala" no se resignen a la pasividad y ensayen otros caminos para tratar de aferrarse a los cargos perdidos.
Como siguiente paso podrían demandar la Ley 49 por vía de un nuevo amparo o de un recurso de inconstitucionalidad, y no me extrañaría que puedan llegar hasta a atrincherarse en sus despachos. Si llegaran a esos extremos, pueden producirse situaciones que no serán de fácil solución.
De interponerse un nuevo amparo, ahora contra la ley, correspondería a los nueve magistrados de la Corte resolverlo y en sus manos estaría salvar o profundizar la crisis. Si no fuera un amparo sino un recurso de inconstitucionalidad, también corresponderá a los nueve magistrados resolverlo, pero con la intervención del Procurador General o de la Procuradora de la Administración.
La situación no se presenta sencilla y requerirá de mucha serenidad de ánimo para superarla.
Si es cierta la noticia de que la alta dirección del PRD no recurrirá judicialmente contra la derogación de la Sala Quinta, ese es un paso positivo y bien orientado y quizá fuera prudente que le contagiaran un grado similar de sensatez a los magistrados cesados, por virtud de la Ley 49, recién aprobada.
En resumidas cuentas, la creación de la Sala Quinta y el escogimiento de sus magistrados fue un acto inconsulto e injustificado, producto de una correlación de fuerzas políticas que fue superada por un claro mandato popular en contrario. Así debieran entenderlo sus gestores, a quienes también compete la responsabilidad primaria de encontrar la salida más razonable, desde una perspectiva política más jurídica.
La Sala Quinta nunca debió crearse. El país la rechaza y así debieran aceptarlo sus promotores. ¡Dejémosla que descanse en paz!.
