Advertencia de inconstitucionalidad
EL DESORDEN institucional se está convirtiendo en la rutina del gobierno de la patria nueva. El más reciente ejemplo es el anuncio presidencial de que se utilizarán los millones que prometió pagar Panamá Ports para financiar el transporte público. Aparte del hecho injustificable de seguir utilizando los dineros de los contribuyentes para satisfacer a los insaciables gremios transportistas como se ha hecho en el pasado y que no ha servido para mejorar el deplorable estado del transporte público, la promesa del presidente es una clara extralimitación de funciones y una abierta violación de la normativa constitucional.
Basta confrontar la locuacidad presidencial con los artículos 268, 277 y 278 de la Constitución para comprobar que el jefe del Ejecutivo, con su anunciada decisión de asignar las sumas que pagará PPC para financiar inversiones en el sector transporte, por desconocimiento, por entusiasmo o por demagogia ha actuado al margen de la Constitución que prometió respetar y cumplir.
Los artículos 268, 277 y 278 son del siguiente tenor: 268.- "El presupuesto tendrá carácter anual y contendrá la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye las entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales".
277.- "No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución y la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el Presupuesto".
278.- "Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidos y autorizados en el Presupuesto respectivo. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto".
Las normas transcritas son de una claridad meridiana. Los gastos financiados con fondos públicos deben hacerse respetándolas al pie de la letra y ningún funcionario del Estado, incluido el presidente, puede ignorarlas o apartarse de ellas. Es lamentable que estando rodeado el jefe del Ejecutivo de tantos asesores que le cuestan al erario público varias decenas de miles de dólares mensuales, ninguno le haya advertido que no puede andar repartiendo los dineros públicos como si de su patrimonio personal se tratara.
Cuando en Panamá mandaban los militares los dineros del Estado se repartieron a diestra y siniestra y sin ningún control. Por varios años el gobierno funcionó sin que siquiera existiera un Presupuesto. Cuando cayó la dictadura y asumió la presidencia Guillermo Endara, una de sus primeras acciones fue corregir el caos que habían dejado los militares y sus compinches del PRD. Para poner orden en la finanzas públicas, se tuvo que reconstruir, hasta donde fue posible, los presupuestos de los años 87, 88 y 89, y aprobar el del año 90. Desde entonces, aunque con demasiada frecuencia se abusa de los créditos extraordinarios, se ha funcionado con relativo orden. Y si no queremos volver al desorden de los tiempos de la dictadura es imperativo que el gobierno no se aparte de ese curso. Y si trata de hacerlo hay que llamarlo al orden, y si fuera necesario tomar las acciones judiciales para frenarlo antes de que volvamos a tiempos de ingrata recordación.
Una de las modalidades que ha impuesto el gobierno de la patria nueva son los famosos "consejos consultivos", instancia que no está prevista en ninguna norma legal.
Aunque en la Constitución están establecido los Consejos Provinciales, los gobernantes de la patria nueva, han decidido ignorarles para recurrir al "show político". Los famosos "consejos consultivos" no sólo rompen la institucionalidad constitucional; además, cuestan enormes sumas de dinero, que no están autorizadas en ningún presupuesto. En cada uno de ellos participa todo el gobierno ("hay de que alguien falte") y se movilizan cientos y hasta miles de ciudadanos para que hagan número y aplaudan. Creado el escenario, se hacen anuncios rimbombantes y después nos inundan con costosísimas páginas para registrar "el éxito alcanzado". ¿Cuánto cuesta cada uno de esos espectáculos? Dudo que algún día lo sepamos.
El escenario de los famosos "consejos consultivos" se ha convertido en la tribuna favorita de la demagogia de la patria nueva. Precisamente en uno de ellos se hizo el anuncio la asignación de los dineros que pagará PPC, pero ese no ha sido el único. Allí llueven promesas y anuncios, como si todavía estuviéramos en campaña política. Los llamados "consejos consultivos", reencarnación de lo que en un tiempo fueron "las yuntas pueblo-gobierno" son una aberración y utilizarlos para tomar o anunciar decisiones al margen de la Constitución y la Ley compromete gravemente la institucionalidad que el mandatario se comprometió a respetar. Y antes de que las cosas vayan a mayores, es oportuno recordárselo.
Basta confrontar la locuacidad presidencial con los artículos 268, 277 y 278 de la Constitución para comprobar que el jefe del Ejecutivo, con su anunciada decisión de asignar las sumas que pagará PPC para financiar inversiones en el sector transporte, por desconocimiento, por entusiasmo o por demagogia ha actuado al margen de la Constitución que prometió respetar y cumplir.
Los artículos 268, 277 y 278 son del siguiente tenor: 268.- "El presupuesto tendrá carácter anual y contendrá la totalidad de las inversiones, ingresos y egresos del sector público, que incluye las entidades autónomas, semiautónomas y empresas estatales".
277.- "No podrá hacerse ningún gasto público que no haya sido autorizado de acuerdo con la Constitución y la Ley. Tampoco podrá transferirse ningún crédito a un objeto no previsto en el Presupuesto".
278.- "Todas las entradas y salidas de los tesoros públicos deben estar incluidos y autorizados en el Presupuesto respectivo. No se percibirán entradas por impuestos que la Ley no haya establecido ni se pagarán gastos no previstos en el Presupuesto".
Las normas transcritas son de una claridad meridiana. Los gastos financiados con fondos públicos deben hacerse respetándolas al pie de la letra y ningún funcionario del Estado, incluido el presidente, puede ignorarlas o apartarse de ellas. Es lamentable que estando rodeado el jefe del Ejecutivo de tantos asesores que le cuestan al erario público varias decenas de miles de dólares mensuales, ninguno le haya advertido que no puede andar repartiendo los dineros públicos como si de su patrimonio personal se tratara.
Cuando en Panamá mandaban los militares los dineros del Estado se repartieron a diestra y siniestra y sin ningún control. Por varios años el gobierno funcionó sin que siquiera existiera un Presupuesto. Cuando cayó la dictadura y asumió la presidencia Guillermo Endara, una de sus primeras acciones fue corregir el caos que habían dejado los militares y sus compinches del PRD. Para poner orden en la finanzas públicas, se tuvo que reconstruir, hasta donde fue posible, los presupuestos de los años 87, 88 y 89, y aprobar el del año 90. Desde entonces, aunque con demasiada frecuencia se abusa de los créditos extraordinarios, se ha funcionado con relativo orden. Y si no queremos volver al desorden de los tiempos de la dictadura es imperativo que el gobierno no se aparte de ese curso. Y si trata de hacerlo hay que llamarlo al orden, y si fuera necesario tomar las acciones judiciales para frenarlo antes de que volvamos a tiempos de ingrata recordación.
Una de las modalidades que ha impuesto el gobierno de la patria nueva son los famosos "consejos consultivos", instancia que no está prevista en ninguna norma legal.
Aunque en la Constitución están establecido los Consejos Provinciales, los gobernantes de la patria nueva, han decidido ignorarles para recurrir al "show político". Los famosos "consejos consultivos" no sólo rompen la institucionalidad constitucional; además, cuestan enormes sumas de dinero, que no están autorizadas en ningún presupuesto. En cada uno de ellos participa todo el gobierno ("hay de que alguien falte") y se movilizan cientos y hasta miles de ciudadanos para que hagan número y aplaudan. Creado el escenario, se hacen anuncios rimbombantes y después nos inundan con costosísimas páginas para registrar "el éxito alcanzado". ¿Cuánto cuesta cada uno de esos espectáculos? Dudo que algún día lo sepamos.
El escenario de los famosos "consejos consultivos" se ha convertido en la tribuna favorita de la demagogia de la patria nueva. Precisamente en uno de ellos se hizo el anuncio la asignación de los dineros que pagará PPC, pero ese no ha sido el único. Allí llueven promesas y anuncios, como si todavía estuviéramos en campaña política. Los llamados "consejos consultivos", reencarnación de lo que en un tiempo fueron "las yuntas pueblo-gobierno" son una aberración y utilizarlos para tomar o anunciar decisiones al margen de la Constitución y la Ley compromete gravemente la institucionalidad que el mandatario se comprometió a respetar. Y antes de que las cosas vayan a mayores, es oportuno recordárselo.
