Afanes constituyentes
Después de la innecesaria invasión norteamericana de Panamá (1989), para defenestrar al narcodictador Noriega, flotaba en el ambiente que la nómina presidencial triunfante en el mes de mayo anterior y cuyo acceso fue propiciado por dicha invasión, era la oportunidad de que el país se encauzara por la senda de las rectificaciones que borrosamente surgieron en la intuición mayoritaria nacional. Prontamente, la realidad se encargó de marchitar esas utopías, dentro de las cuales estaba el propósito de una nueva Constitución (léase, una Constituyente). Como decimos, al poco tiempo, la dura e invencible realidad llevó las aguas a niveles de decepción, lo que ocurre cuando se abrigan ideas simplemente ilusorias.
Desde entonces, la tema de una reforma general de la Constitución o de una Constituyente, se ha mantenido en algunos, como una idea fija, y ha sido agitada por otros que consideran que pueden abrirse paso hacia el poder político total o siquiera en mínima parte.
Sin recurrir a experiencias foráneas, las lecciones constitucionalistas del siglo XX panameño demuestran que la Constituyente siempre ha sido, entre nosotros, un resultado planificado y a veces impuesto por alguna fuerza política, que tenga la totalidad o una parte del poder. La Carta Magna de 1904 era una necesidad de los que ocuparon de facto el poder, para darle estabilidad jurídica a la Independencia, y a su hija legítima, la nueva República.
La Constitución de 1941 fue impuesta por la persona que detentaba todo el poder político y tenía, entre otras ideas, la de prorrogarse el período a seis años, como en efecto sucedió. Pero la crisis gubernamental traída a Panamá por la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939, propició que en 1945 la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo rompiera por una convocatoria a la Constituyente, emanada de la Presidencia de ese entonces, apoyada por todos los partidos. Y se aprobó la Constitución de 1946, que en realidad fue la mejor que tuvo Panamá en el siglo XX.
Después de cuatro años de un régimen policíaco de facto, Torrijos y sus partidarios pusieron en marcha, desde el poder, la Constitución que les convenía (1972), con el aparato "ilustre" de los 505 representantes de corregimientos, que como su nombre lo indicaba, fueron reclutados en los estratos más incultos y dóciles del país. A eso le llamaron, plagiando la Revolución Cubana, "el poder popular".
La Constitución de 1983, que resultó de una Comisión de Partidos Políticos y del Presidente de aquella época, provino de una crisis interna del Estado Mayor de la Guardia Nacional, que no tuvo repercusiones públicas, fuera de la del "gargantazo". En esa Comisión de Reformas sólo fueron nombradas tres personas que no pertenecían a los partidos existentes y dieciséis miembros representantes de partidos con personería jurídica, lo que, desde luego, estaban de acuerdo en reformar la Constitución policíaca de 1972. Quien escribe este artículo fue designado miembro de esa Comisión, aunque no pertenecía a ningún Partido, ni lo ha sido en muchísimos años. Estuvimos de acuerdo con volver a las fórmulas de la Constitución de 1946, fuera de las disposiciones del monopolio partidocrático que adoptó la mayoría de la Comisión, a lo que nosotros nos opusimos sistemáticamente, según consta en las actas respectivas.
Se cae de su peso que en Panamá, quienes tienen la sartén por el mango (poder político) no aprobarán jamás las fórmulas de una convocatoria a Constituyente, como lo demuestran los párrafos anteriores, a más de que las Constituyentes casi siempre responden a una crisis dentro del poder existente, que toma el camino de una nueva Constitución, cuando no tiene otra salida.
En adición, los Constituyentes requieren un momento oportuno, que las propicie, y raramente adquieren existencia sin ese ambiente propiciatorio. Por ejemplo, cuando se está en vísperas de una elección presidencial hay muchas fuerzas reales que no miran con buenos ojos que comience a encauzarse una Constituyente, porque es infantil que un gobierno que se inicia esté de acuerdo con "ponerse la soga al cuello" con una Constituyente que, en cualquier momento, tratará de rivalizar y desafiar al régimen que ha salido o salga de una elección presidencial y de legisladores. Por aquello de "cría cuervos y te sacarán los ojos".
A menos que detrás de la fachada de la Constituyente exista el objetivo, entre pecho y espaldas, de un golpe de Estado. No hay que olvidar que en el ambiente general que vive el país en los últimos diez años de pendiente progresiva hacia una crisis total y absoluta, que viene debilitando toda la estructura nacional y todos los resortes normales que hasta cierto tiempo atrás sostenían la sociedad panameña, el porvenir que nos aguarda es muy incierto y nadie puede predecir cuál es el camino que impondrá esa negativísima realidad.
Hay el gran peligro de que únicamente los que pueden costearse una candidatura constituyente, que exigirá mucho dinero, sean los que promuevan el soborno triunfante, y no los limpios partidarios de ese cambio jurídico. A más del peligro de que en una nueva Constitución, aprobada por quienes en los últimos veinte años han controlado el poder político nacional, eliminen muchas de las disposiciones que hoy existen, aunque pocas se cumplen, sobre los derechos sociales del panameño, sobre los bienes del Estado y las normas relativas a la economía nacional, tan poco cumplidas porque jamás hubo voluntad para llevarlas a la práctica. ¿Cuáles las reemplazarán? Aterran las posibles respuestas.
Desde entonces, la tema de una reforma general de la Constitución o de una Constituyente, se ha mantenido en algunos, como una idea fija, y ha sido agitada por otros que consideran que pueden abrirse paso hacia el poder político total o siquiera en mínima parte.
Sin recurrir a experiencias foráneas, las lecciones constitucionalistas del siglo XX panameño demuestran que la Constituyente siempre ha sido, entre nosotros, un resultado planificado y a veces impuesto por alguna fuerza política, que tenga la totalidad o una parte del poder. La Carta Magna de 1904 era una necesidad de los que ocuparon de facto el poder, para darle estabilidad jurídica a la Independencia, y a su hija legítima, la nueva República.
La Constitución de 1941 fue impuesta por la persona que detentaba todo el poder político y tenía, entre otras ideas, la de prorrogarse el período a seis años, como en efecto sucedió. Pero la crisis gubernamental traída a Panamá por la Segunda Guerra Mundial que comenzó en 1939, propició que en 1945 la pugna entre el Ejecutivo y el Legislativo rompiera por una convocatoria a la Constituyente, emanada de la Presidencia de ese entonces, apoyada por todos los partidos. Y se aprobó la Constitución de 1946, que en realidad fue la mejor que tuvo Panamá en el siglo XX.
Después de cuatro años de un régimen policíaco de facto, Torrijos y sus partidarios pusieron en marcha, desde el poder, la Constitución que les convenía (1972), con el aparato "ilustre" de los 505 representantes de corregimientos, que como su nombre lo indicaba, fueron reclutados en los estratos más incultos y dóciles del país. A eso le llamaron, plagiando la Revolución Cubana, "el poder popular".
La Constitución de 1983, que resultó de una Comisión de Partidos Políticos y del Presidente de aquella época, provino de una crisis interna del Estado Mayor de la Guardia Nacional, que no tuvo repercusiones públicas, fuera de la del "gargantazo". En esa Comisión de Reformas sólo fueron nombradas tres personas que no pertenecían a los partidos existentes y dieciséis miembros representantes de partidos con personería jurídica, lo que, desde luego, estaban de acuerdo en reformar la Constitución policíaca de 1972. Quien escribe este artículo fue designado miembro de esa Comisión, aunque no pertenecía a ningún Partido, ni lo ha sido en muchísimos años. Estuvimos de acuerdo con volver a las fórmulas de la Constitución de 1946, fuera de las disposiciones del monopolio partidocrático que adoptó la mayoría de la Comisión, a lo que nosotros nos opusimos sistemáticamente, según consta en las actas respectivas.
Se cae de su peso que en Panamá, quienes tienen la sartén por el mango (poder político) no aprobarán jamás las fórmulas de una convocatoria a Constituyente, como lo demuestran los párrafos anteriores, a más de que las Constituyentes casi siempre responden a una crisis dentro del poder existente, que toma el camino de una nueva Constitución, cuando no tiene otra salida.
En adición, los Constituyentes requieren un momento oportuno, que las propicie, y raramente adquieren existencia sin ese ambiente propiciatorio. Por ejemplo, cuando se está en vísperas de una elección presidencial hay muchas fuerzas reales que no miran con buenos ojos que comience a encauzarse una Constituyente, porque es infantil que un gobierno que se inicia esté de acuerdo con "ponerse la soga al cuello" con una Constituyente que, en cualquier momento, tratará de rivalizar y desafiar al régimen que ha salido o salga de una elección presidencial y de legisladores. Por aquello de "cría cuervos y te sacarán los ojos".
A menos que detrás de la fachada de la Constituyente exista el objetivo, entre pecho y espaldas, de un golpe de Estado. No hay que olvidar que en el ambiente general que vive el país en los últimos diez años de pendiente progresiva hacia una crisis total y absoluta, que viene debilitando toda la estructura nacional y todos los resortes normales que hasta cierto tiempo atrás sostenían la sociedad panameña, el porvenir que nos aguarda es muy incierto y nadie puede predecir cuál es el camino que impondrá esa negativísima realidad.
Hay el gran peligro de que únicamente los que pueden costearse una candidatura constituyente, que exigirá mucho dinero, sean los que promuevan el soborno triunfante, y no los limpios partidarios de ese cambio jurídico. A más del peligro de que en una nueva Constitución, aprobada por quienes en los últimos veinte años han controlado el poder político nacional, eliminen muchas de las disposiciones que hoy existen, aunque pocas se cumplen, sobre los derechos sociales del panameño, sobre los bienes del Estado y las normas relativas a la economía nacional, tan poco cumplidas porque jamás hubo voluntad para llevarlas a la práctica. ¿Cuáles las reemplazarán? Aterran las posibles respuestas.
