Africa: 2. Derechos humanos y unipartidismo en Uganda
Después de participar en Tanzania, en julio del año pasado, en la Conferencia sobre "La Desmilitarización en Africa", pude visitar en Uganda a mi amigo Paul K. Ssemogerere, Presidente del Partido Demócrata, quien ha sido Vicepremier, Canciller, candidato a la Presidencia y con quien he compartido responsabilidades en la Internacional Demócrata Cristiana. Me había comprometido hacía años en visitarlo.
Al llegar a Entebe y luego a Kampala, tenía presente la traumática historia contemporánea de Uganda: su independencia de Inglaterra en 1962; la Presidencia inicial del Kabaka (Rey) de Buganda y su derrocamiento en 1965 por el Primer Ministro Milton Obote, líder socialista del partido Congreso del Pueblo de Uganda (UPC), quien hizo uso represivo del ejército; la dictadura brutal y sangrienta del General Idi Amín a partir del golpe de Estado en 1972; la guerra con Tanzania, cuyo Presidente Julius Nyerere apoyó a Obote en su intento por retornar al poder, y el fin del régimen de Amín en 1978; las elecciones de 1980, en las cuales Obote le robó la Presidencia a Ssemogerere; la guerra civil contra Obote que costó 100,000 víctimas, al cabo de la cual el jefe de la guerrilla Yoweri Museveni alcanzó el poder en 1986; por último, el gobierno de 12 años de Museveni, que ha adoptado una nueva Constitución en 1995 y celebró elecciones parcializadas en 1996, en las cuales Museveni se impuso contra Ssemogerere.
Es una historia accidentada en donde la violencia sobreabunda, pero a través de la cual se forjaron partidos políticos importantes y se mantuvo a toda costa la aspiración a la democracia.
En sus años de gobierno, Museveni ha logrado una mayor seguridad y estabilidad en partes del país. Pero enfrenta una persistente guerrilla en el norte y una nueva guerrilla en el oeste, aupadas por Sudán, mientras él a su vez apoya la insurrección en el sur de dicho país. Además, ha estado envuelto en la guerra civil del Congo (Zaire), primero a favor de Kabila contra Mobutu y ahora en contra de Kabila.
Museveni ha introducido cambios económicos a favor de una economía de mercado que generan un crecimiento de 5%, pero con los consecuentes problemas de la fórmula de las IFI"s, tales la polarización socioeconómica y la inseguridad de los productores nacionales. La población ejerce sus derechos humanos y libertades públicas "con numerosos y serios problemas", según el informe de 1997 del Departamento de Estado de los E.U., los cuales desvirtúan la democracia del país.
En esto último reside el mayor peligro de regresión para el pueblo ugandés. Su Constitución de 1995 consagra todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948. Pero adolece de una contradicción fundamental. Reconoce el derecho de asociación política y la existencia de los partidos, pero les niega formalmente la posibilidad de ejercer sus funciones esenciales: tener oficinas locales, celebrar reuniones de sus delegados, convocar mítines públicos, presentar plataforma electoral, postular candidatos y realizar cualquiera actividad que contraríe a la organización política oficialista, llamado "el movimiento" (artículo 269). A pesar de que la Constitución le prohíbe al Parlamento establecer por ley un partido único, de hecho lo establece bajo la denominación del "sistema político del movimiento". Bajo la teoría de una organización política "inclusiva y no partidista", "el movimiento" abarca a todos los funcionarios del Estado, cuenta con los fondos del Estado y es la única organización que puede ejercer las funciones propias de un partido político.
Como resultado, en los dos meses antes de mi visita cuatro seminarios de la Juventud del Partido Demócrata, patrocinados por la Fundación para el Desarrollo de Africa, habían sido reprimidos y ciudadanos que fueron activistas políticos de la candidatura presidencial de Paul Ssemogerere habían sido arrestados bajo la acusación de traición, para luego ser liberados por los tribunales después de más de un año de prisión.
Tuve entrevistas con Ministros de Estado y con el principal responsable político de "el movimiento", con dirigentes empresariales y culturales, con el Cardenal Emmanuel Wamala y con el Vicecanciller de la principal Universidad. También dicté una conferencia pública ante representantes de todas las fuerzas políticas y sostuve una conferencia de prensa. Ante todos planteé que Uganda se encuentra bajo un sistema de partido único, antidemocrático, y que es contradictorio introducir el pluralismo en la economía y ejercerlo en la cultura si se niega en la política. Ello puede deshacer los progresos que indudablemente el país ha alcanzado.
Un sistema, que algunos observadores excusaban como una medida provisional en razón de los traumas vividos, pretende prolongarse a través de un referéndum convocado para principios del año 2000. En privado y en público, señalé que la vigencia de un derecho humano, reconocido por la Constitución como "inherente y no otorgado por el Estado", no puede depender de una votación, menos aún si las condiciones de la misma son la negación de la libertad y equidad electorales. A nadie se le ocurriría someter a votación la vigencia o no de la libertad de expresión o de culto, la existencia del habeas corpus o la libertad con respecto a la esclavitud. De igual modo tampoco se debe someter a votación la vigencia o no de la libertad de asociación política y la existencia de múltiples partidos políticos. Los derechos humanos son de obligante cumplimiento en cualquier país democrático, sobre todo si es miembro de las Naciones Unidas y ha acatado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Detrás de esta situación tan preocupante se encuentra la mentalidad de un líder. Yoweri Museveni ha dejado de ser socialista en la práctica, pero guarda la rigidez doctrinaria de antaño en materia política y recuerda que el origen de su poder fueron las armas y no los votos. El estudio Resistiendo su Retiro: el poder militar y otras barreras a la transición democrática de Africa, califica a su régimen de autoritario y destaca el poder substancial, político y económico, que ejercen las fuerzas armadas, con cerca de 60,000 unidades, a un costo que actualmente sobrepasa el 16% del presupuesto nacional.
Con razón el académico africano Eboe Hutchful, Profesor de la Universidad de Wayne en Michigan y Director de un Centro de Investigación en Accra, destaca en un reciente estudio que al inicio de los años noventa Africa experimentó "una ola de democratización formal, con el prospecto correspondiente de la desmilitarización de la política continental", pero que ésta se ha visto compensada por nuevos conflictos y vulnerabilidades, generadores de "nuevas formas de militarización".
Pienso que el régimen de Museveni adopta una de estas nuevas formas. Y actualmente incrementa sus efectivos y equipamientos militares. Los países del grupo de apoyo económico a Uganda, entre ellos los E.U., Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Noruega, tienen por ello una seria responsabilidad.
En mi segundo viaje a Africa, me encontré en Nigeria con Amama Mbabazi, a quien había conocido en Tanzania como Ministro de Estado de Uganda para Asuntos Políticos y que ahora funge como Ministro de Asuntos Exteriores. Me informó que el Gobierno está por aprobar una ley de los partidos y que en ese caso las restricciones del artículo 269 de la Constitución, consideradas transitorias, cesarían, por lo menos mientras se desarrolle la discusión previa al referéndum. Si ello se confirma, sería un paso positivo, pero el problema de fondo sigue en pie: no debe someterse a referéndum la posibilidad de denegar un derecho humano fundamental.
La Constitución de Uganda le asigna al Presidente los papeles de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa y, curiosamente, "Fuente de Honor". Si el "honor" de un país estriba en la plena vigencia de los derechos humanos y en el ejercicio real de la democracia, Museveni no cumple todavía con este último papel. Es sin duda fuente de poder, pero a su poder le hace falta desmilitarizarse para ser efectivamente "honorable".
Al llegar a Entebe y luego a Kampala, tenía presente la traumática historia contemporánea de Uganda: su independencia de Inglaterra en 1962; la Presidencia inicial del Kabaka (Rey) de Buganda y su derrocamiento en 1965 por el Primer Ministro Milton Obote, líder socialista del partido Congreso del Pueblo de Uganda (UPC), quien hizo uso represivo del ejército; la dictadura brutal y sangrienta del General Idi Amín a partir del golpe de Estado en 1972; la guerra con Tanzania, cuyo Presidente Julius Nyerere apoyó a Obote en su intento por retornar al poder, y el fin del régimen de Amín en 1978; las elecciones de 1980, en las cuales Obote le robó la Presidencia a Ssemogerere; la guerra civil contra Obote que costó 100,000 víctimas, al cabo de la cual el jefe de la guerrilla Yoweri Museveni alcanzó el poder en 1986; por último, el gobierno de 12 años de Museveni, que ha adoptado una nueva Constitución en 1995 y celebró elecciones parcializadas en 1996, en las cuales Museveni se impuso contra Ssemogerere.
Es una historia accidentada en donde la violencia sobreabunda, pero a través de la cual se forjaron partidos políticos importantes y se mantuvo a toda costa la aspiración a la democracia.
En sus años de gobierno, Museveni ha logrado una mayor seguridad y estabilidad en partes del país. Pero enfrenta una persistente guerrilla en el norte y una nueva guerrilla en el oeste, aupadas por Sudán, mientras él a su vez apoya la insurrección en el sur de dicho país. Además, ha estado envuelto en la guerra civil del Congo (Zaire), primero a favor de Kabila contra Mobutu y ahora en contra de Kabila.
Museveni ha introducido cambios económicos a favor de una economía de mercado que generan un crecimiento de 5%, pero con los consecuentes problemas de la fórmula de las IFI"s, tales la polarización socioeconómica y la inseguridad de los productores nacionales. La población ejerce sus derechos humanos y libertades públicas "con numerosos y serios problemas", según el informe de 1997 del Departamento de Estado de los E.U., los cuales desvirtúan la democracia del país.
En esto último reside el mayor peligro de regresión para el pueblo ugandés. Su Constitución de 1995 consagra todos los derechos de la Declaración Universal de los Derechos Humanos aprobada por la ONU en 1948. Pero adolece de una contradicción fundamental. Reconoce el derecho de asociación política y la existencia de los partidos, pero les niega formalmente la posibilidad de ejercer sus funciones esenciales: tener oficinas locales, celebrar reuniones de sus delegados, convocar mítines públicos, presentar plataforma electoral, postular candidatos y realizar cualquiera actividad que contraríe a la organización política oficialista, llamado "el movimiento" (artículo 269). A pesar de que la Constitución le prohíbe al Parlamento establecer por ley un partido único, de hecho lo establece bajo la denominación del "sistema político del movimiento". Bajo la teoría de una organización política "inclusiva y no partidista", "el movimiento" abarca a todos los funcionarios del Estado, cuenta con los fondos del Estado y es la única organización que puede ejercer las funciones propias de un partido político.
Como resultado, en los dos meses antes de mi visita cuatro seminarios de la Juventud del Partido Demócrata, patrocinados por la Fundación para el Desarrollo de Africa, habían sido reprimidos y ciudadanos que fueron activistas políticos de la candidatura presidencial de Paul Ssemogerere habían sido arrestados bajo la acusación de traición, para luego ser liberados por los tribunales después de más de un año de prisión.
Tuve entrevistas con Ministros de Estado y con el principal responsable político de "el movimiento", con dirigentes empresariales y culturales, con el Cardenal Emmanuel Wamala y con el Vicecanciller de la principal Universidad. También dicté una conferencia pública ante representantes de todas las fuerzas políticas y sostuve una conferencia de prensa. Ante todos planteé que Uganda se encuentra bajo un sistema de partido único, antidemocrático, y que es contradictorio introducir el pluralismo en la economía y ejercerlo en la cultura si se niega en la política. Ello puede deshacer los progresos que indudablemente el país ha alcanzado.
Un sistema, que algunos observadores excusaban como una medida provisional en razón de los traumas vividos, pretende prolongarse a través de un referéndum convocado para principios del año 2000. En privado y en público, señalé que la vigencia de un derecho humano, reconocido por la Constitución como "inherente y no otorgado por el Estado", no puede depender de una votación, menos aún si las condiciones de la misma son la negación de la libertad y equidad electorales. A nadie se le ocurriría someter a votación la vigencia o no de la libertad de expresión o de culto, la existencia del habeas corpus o la libertad con respecto a la esclavitud. De igual modo tampoco se debe someter a votación la vigencia o no de la libertad de asociación política y la existencia de múltiples partidos políticos. Los derechos humanos son de obligante cumplimiento en cualquier país democrático, sobre todo si es miembro de las Naciones Unidas y ha acatado la Declaración Universal de los Derechos Humanos de 1948.
Detrás de esta situación tan preocupante se encuentra la mentalidad de un líder. Yoweri Museveni ha dejado de ser socialista en la práctica, pero guarda la rigidez doctrinaria de antaño en materia política y recuerda que el origen de su poder fueron las armas y no los votos. El estudio Resistiendo su Retiro: el poder militar y otras barreras a la transición democrática de Africa, califica a su régimen de autoritario y destaca el poder substancial, político y económico, que ejercen las fuerzas armadas, con cerca de 60,000 unidades, a un costo que actualmente sobrepasa el 16% del presupuesto nacional.
Con razón el académico africano Eboe Hutchful, Profesor de la Universidad de Wayne en Michigan y Director de un Centro de Investigación en Accra, destaca en un reciente estudio que al inicio de los años noventa Africa experimentó "una ola de democratización formal, con el prospecto correspondiente de la desmilitarización de la política continental", pero que ésta se ha visto compensada por nuevos conflictos y vulnerabilidades, generadores de "nuevas formas de militarización".
Pienso que el régimen de Museveni adopta una de estas nuevas formas. Y actualmente incrementa sus efectivos y equipamientos militares. Los países del grupo de apoyo económico a Uganda, entre ellos los E.U., Inglaterra, Alemania, Dinamarca, Noruega, tienen por ello una seria responsabilidad.
En mi segundo viaje a Africa, me encontré en Nigeria con Amama Mbabazi, a quien había conocido en Tanzania como Ministro de Estado de Uganda para Asuntos Políticos y que ahora funge como Ministro de Asuntos Exteriores. Me informó que el Gobierno está por aprobar una ley de los partidos y que en ese caso las restricciones del artículo 269 de la Constitución, consideradas transitorias, cesarían, por lo menos mientras se desarrolle la discusión previa al referéndum. Si ello se confirma, sería un paso positivo, pero el problema de fondo sigue en pie: no debe someterse a referéndum la posibilidad de denegar un derecho humano fundamental.
La Constitución de Uganda le asigna al Presidente los papeles de Jefe de Estado, Jefe de Gobierno, Comandante en Jefe de las Fuerzas de Defensa y, curiosamente, "Fuente de Honor". Si el "honor" de un país estriba en la plena vigencia de los derechos humanos y en el ejercicio real de la democracia, Museveni no cumple todavía con este último papel. Es sin duda fuente de poder, pero a su poder le hace falta desmilitarizarse para ser efectivamente "honorable".
