Agentes de solución para el transporte
"Pésimo, corrupto, criminal" y otras palabras parecidas, surgirían de cualquier panameño o extranjero, a quien se preguntara definir en una palabra al transporte colectivo capitalino. Pero en esta ocasión no nos ocuparemos tanto del problema sino de la solución; y la que explora el Gobierno no va por buen camino. Y no podía ir bien de modo alguno si, dentro de su programa de campaña, el presidente Torrijos incluyó a los transportistas como actores de la solución, siendo parte notoriamente protagonista del problema. Hasta aquí nada que no sepamos.
Lo que no tomamos en cuenta es que el otro supuesto factor de solución, según la estrategia que traza la presente administración, es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y quienes la dirijan, no importa quién; porque se trata de un sistema absorbente, de un contubernio, de una asociación en un lucrativo e ilícito negocio, del que aparentemente participan y se benefician ambos, gente del gobierno y el transporte, en perjuicio de los ciudadanos. La Autoridad del Tránsito pues, tampoco es solución. Y lo más triste es que el Gobierno ha hecho descansar en las exclusivas manos de ambos, Tránsito y transportistas, la elaboración de una estrategia de solución, llámese "Transmilenio" o cualquier otra cosa, la cual está de antemano condenada al fracaso porque el nuevo sistema nacería corrupto y arrastraría los mismos vicios.
Un actor que se toma muy poco en cuenta, es el usuario del servicio. La representación actual de los usuarios en la directiva del organismo rector, dista de ser una efectiva participación de la sociedad civil. Y sin ella, no hay, ni habrá solución posible. La ley le encargó la elección a la Defensoría del Pueblo, sin acompañar a tal responsabilidad, los recursos necesarios para cumplirla a cabalidad.
Resumamos entonces. Para hallar una salida al problema del transporte colectivo se requiere de la participación efectiva de la sociedad civil, con entera exclusión del la Autoridad del Tránsito y los transportistas, siendo los dos últimos causa principal del problema a erradicar. ¿Basta con los ciudadanos y el Gobierno?
La respuesta a la última pregunta es no. Es menester incorporar en el negocio y prestación del servicio público de transporte, al motor fundamental de la economía, el sector privado, entendiendo por tal al empresario nacional y extranjero, con su capital, creatividad y recurso humano en mano, sin los cuales la ecuación no estará de ninguna manera completa.
Lo que no tomamos en cuenta es que el otro supuesto factor de solución, según la estrategia que traza la presente administración, es la Autoridad de Tránsito y Transporte Terrestre y quienes la dirijan, no importa quién; porque se trata de un sistema absorbente, de un contubernio, de una asociación en un lucrativo e ilícito negocio, del que aparentemente participan y se benefician ambos, gente del gobierno y el transporte, en perjuicio de los ciudadanos. La Autoridad del Tránsito pues, tampoco es solución. Y lo más triste es que el Gobierno ha hecho descansar en las exclusivas manos de ambos, Tránsito y transportistas, la elaboración de una estrategia de solución, llámese "Transmilenio" o cualquier otra cosa, la cual está de antemano condenada al fracaso porque el nuevo sistema nacería corrupto y arrastraría los mismos vicios.
Un actor que se toma muy poco en cuenta, es el usuario del servicio. La representación actual de los usuarios en la directiva del organismo rector, dista de ser una efectiva participación de la sociedad civil. Y sin ella, no hay, ni habrá solución posible. La ley le encargó la elección a la Defensoría del Pueblo, sin acompañar a tal responsabilidad, los recursos necesarios para cumplirla a cabalidad.
Resumamos entonces. Para hallar una salida al problema del transporte colectivo se requiere de la participación efectiva de la sociedad civil, con entera exclusión del la Autoridad del Tránsito y los transportistas, siendo los dos últimos causa principal del problema a erradicar. ¿Basta con los ciudadanos y el Gobierno?
La respuesta a la última pregunta es no. Es menester incorporar en el negocio y prestación del servicio público de transporte, al motor fundamental de la economía, el sector privado, entendiendo por tal al empresario nacional y extranjero, con su capital, creatividad y recurso humano en mano, sin los cuales la ecuación no estará de ninguna manera completa.
