Agricultores de la cuenca canalera
El presente y el futuro del Canal deben proyectarse de manera positiva hacia todos los sectores del país para que contribuyan, como debe ser, al progreso y desarrollo integral de la República. Dolorosamente la Ley 44 de 31 de agosto de 1999, que ordena la modernización y extensión de la Cuenca del Canal aprobada por el régimen perredista sin la debida participación de los miles de agricultores afectados, trae consigo males mayores y desolación a centenares de comunidades que han venido, por generaciones, ocupando y trabajando esas tierras. Los miles de agricultores temen que dicho proyecto de modernización y extensión de la Cuenca traiga la desolación, que la mencionada ley apenas se debatió en la Asamblea Legislativa sin el diálogo indispensable con las personas afectadas, ni salió a discusión pública en los distintos medios de comunicación, se aprobó aprisa el último día de reuniones de la asamblea perredista, sin contarse con estudios imparciales, especialmente, antropológicos y sociales.
Los agricultores de la Cuenca del Canal no comparten la idea de que la vía necesite más de mil kilómetros cuadrados de tierra para su mejoramiento futuro. Se preguntan si no existirán otras opciones que impliquen menos sacrificios de vidas humanas y menos atentados a la naturaleza, aunque dejen muchos dividendos. ¿No es el ingreso más neto de la ACP la producción de energía eléctrica? Continúan diciendo que la ley acapara en la provincia de Colón más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra, casi la mitad de lo que es la Costa Abajo. Sin embargo, las autoridades del canal, en su historia, no hicieron en esta región un metro de tierra asfaltada, ni un centro de salud y han vuelto una selva contaminada de bombas sin explotar. Ahora se proyecta un puente sobre el Canal, pero no por la Costa Abajo, y las carreteras de acceso a los proyectos son por Panamá y Coclé.
No hay un solo acápite de la ley donde se tome en cuenta el más mínimo de los Derechos Humanos. Son miles de hombres, mujeres y niños a quienes, de la noche a la mañana, se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y de su futuro quedando sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad. La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado, durante generaciones, miles de campesinos. No es justicia social que, de improviso sin que se les restituya o reconozca absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio de la "tierra para el que la trabaja", se quite el terruño a los humildes agricultores y se le entregue a un nuevo amo.
Como cristianos no aceptamos que en el nombre del canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano. El Canal no es un Dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar las víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien éste es símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento, ni para fomentar el "capitalismo salvaje". Mientras se proclama un discurso político y social de que la tierra del canal debe estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley a través de la cual, se arrebata la tierra a los campesinos marginados. La Ley 44 del 31 de agosto de 1999 que ordena la modernización y extensión de la Cuenca del Canal, demanda más divulgación y discusión entre las fuerzas vivas del país, sobre todo entre los miles de agricultores que hoy reclaman mejor trato y más justicia social de quienes llevan adelante el mencionado proyecto.
Los agricultores de la Cuenca del Canal no comparten la idea de que la vía necesite más de mil kilómetros cuadrados de tierra para su mejoramiento futuro. Se preguntan si no existirán otras opciones que impliquen menos sacrificios de vidas humanas y menos atentados a la naturaleza, aunque dejen muchos dividendos. ¿No es el ingreso más neto de la ACP la producción de energía eléctrica? Continúan diciendo que la ley acapara en la provincia de Colón más de dos mil kilómetros cuadrados de tierra, casi la mitad de lo que es la Costa Abajo. Sin embargo, las autoridades del canal, en su historia, no hicieron en esta región un metro de tierra asfaltada, ni un centro de salud y han vuelto una selva contaminada de bombas sin explotar. Ahora se proyecta un puente sobre el Canal, pero no por la Costa Abajo, y las carreteras de acceso a los proyectos son por Panamá y Coclé.
No hay un solo acápite de la ley donde se tome en cuenta el más mínimo de los Derechos Humanos. Son miles de hombres, mujeres y niños a quienes, de la noche a la mañana, se les ha impuesto una autoridad que se ha hecho dueña de sus vidas y de su futuro quedando sumergidas en la más absoluta indefensión e inseguridad. La ley expropia y enajena la tierra que han trabajado, durante generaciones, miles de campesinos. No es justicia social que, de improviso sin que se les restituya o reconozca absolutamente nada, sin respetar los derechos posesorios y el principio de la "tierra para el que la trabaja", se quite el terruño a los humildes agricultores y se le entregue a un nuevo amo.
Como cristianos no aceptamos que en el nombre del canal se permita y tolere todo, incluyendo la vida, tradiciones y costumbres de muchas comunidades del atlántico colonense, oeste de Panamá y coclesano. El Canal no es un Dios o un ídolo ante cuyo altar se deben inmolar las víctimas humanas y la historia cultural de los pueblos. Si bien éste es símbolo nacional y una fuente importante de riqueza, no es argumento para el acaparamiento, ni para fomentar el "capitalismo salvaje". Mientras se proclama un discurso político y social de que la tierra del canal debe estar al servicio de los pobres y de que hay que atender a los pequeños agricultores, se aprueba una ley a través de la cual, se arrebata la tierra a los campesinos marginados. La Ley 44 del 31 de agosto de 1999 que ordena la modernización y extensión de la Cuenca del Canal, demanda más divulgación y discusión entre las fuerzas vivas del país, sobre todo entre los miles de agricultores que hoy reclaman mejor trato y más justicia social de quienes llevan adelante el mencionado proyecto.
