¿Agua potable?
Si nos consideramos un país, si la finalidad del Estado es afianzar el bienestar común, deberíamos darnos cuenta que no se puede dejar enfermar y hasta morir a las personas mientras se pagan los intereses de la deuda externa y se despilfarra los pocos recursos sobrantes en viajes, viáticos y paseos. La realidad por la que atraviesa nuestro país nos muestra que ha llegado la hora de comenzar a evaluar la capacidad de subsistencia de las familias pobres e indigentes, que no tienen a su alcance los medios indispensables para luchar contra el hambre, la enfermedad y la muerte. Entonces, el Estado debe reaccionar rápidamente y modificar las políticas económica y social de manera que se creen las condiciones indispensables para la generación de nuevas estructuras; esta es la única forma en que los derechos a la vida, a la dignidad, a la salud y a la integridad física y moral, no sólo sean derechos declamados en nuestra Constitución y leyes, sino garantías efectivamente ejercitadas por los habitantes del país, en forma real, concreta y efectiva.
A su vez, en nuestra ciudad capital la cobertura de provisión de agua potable es insatisfactoria si se compara con la cantidad de agua disponible en los afluentes y sistemas hídricos del país. Bajo una visión objetiva del desarrollo urbano del área metropolitana, encontramos asentamientos y barriadas precarias que no gozan de este servicio; estos espacios continuos conforman una especie de herradura que circunvala la ciudad, en forma casi ininterrumpida de naciente a poniente, comprendiendo un universo de aproximadamente 3,000 familias rodeadas de necesidades estructurales. Al panorama descrito se agrega que nuestro país, por las condiciones económica y financiera que atraviesa, tiene prácticamente interrumpida la importación de flúor. De hecho, lo que viene ocurriendo es que algunos municipios están suministrando agua potable sin someter la materia prima al indispensable proceso de fluorización, con lo cual conscientemente se ha asumido la construcción de un nuevo factor de riesgo contra la salud de tales poblaciones.
Por ello es que conviene resaltar esta situación extraordinaria e indeseable, que necesariamente debe llegar a la opinión pública para que desde tal ámbito se discutan las políticas sociales que vienen aplicándose, con la legítima esperanza de que se introduzcan las necesarias modificaciones en los lineamientos trazados; la insistencia de los gobernantes en la continuidad de la política económica actual continuará generando no solamente crisis como la señalada sino otras cuyos efectos finales son casi imposibles de prever, pero que en todos los casos significará una clara agresión contra la calidad de vida de los panameños.
El punto de inflexión que supone atravesar la actual y cruda realidad requiere una urgente reconsideración de los planes del gobierno, puesto que si esto no ocurre rápidamente la disgregación social crecerá en términos y proporciones que se harán inmanejables. Este debe ser el verdadero compromiso político y social que debería abordarse con la finalidad de superar las injusticias, las desigualdades que corroen la convivencia colectiva.
A su vez, en nuestra ciudad capital la cobertura de provisión de agua potable es insatisfactoria si se compara con la cantidad de agua disponible en los afluentes y sistemas hídricos del país. Bajo una visión objetiva del desarrollo urbano del área metropolitana, encontramos asentamientos y barriadas precarias que no gozan de este servicio; estos espacios continuos conforman una especie de herradura que circunvala la ciudad, en forma casi ininterrumpida de naciente a poniente, comprendiendo un universo de aproximadamente 3,000 familias rodeadas de necesidades estructurales. Al panorama descrito se agrega que nuestro país, por las condiciones económica y financiera que atraviesa, tiene prácticamente interrumpida la importación de flúor. De hecho, lo que viene ocurriendo es que algunos municipios están suministrando agua potable sin someter la materia prima al indispensable proceso de fluorización, con lo cual conscientemente se ha asumido la construcción de un nuevo factor de riesgo contra la salud de tales poblaciones.
Por ello es que conviene resaltar esta situación extraordinaria e indeseable, que necesariamente debe llegar a la opinión pública para que desde tal ámbito se discutan las políticas sociales que vienen aplicándose, con la legítima esperanza de que se introduzcan las necesarias modificaciones en los lineamientos trazados; la insistencia de los gobernantes en la continuidad de la política económica actual continuará generando no solamente crisis como la señalada sino otras cuyos efectos finales son casi imposibles de prever, pero que en todos los casos significará una clara agresión contra la calidad de vida de los panameños.
El punto de inflexión que supone atravesar la actual y cruda realidad requiere una urgente reconsideración de los planes del gobierno, puesto que si esto no ocurre rápidamente la disgregación social crecerá en términos y proporciones que se harán inmanejables. Este debe ser el verdadero compromiso político y social que debería abordarse con la finalidad de superar las injusticias, las desigualdades que corroen la convivencia colectiva.
