Al borde del barranco
Colombia, con todas las eminencias de que tan justamente se precian sus nacionales, lleva más de 40 años en guerras intestinas, todavía insolubles. Venezuela, luego de medio siglo de democracias vanidosas, está sumida en una crisis sin luz en el túnel. Argentina ha bordeado el caos social y aún no se logra estabilizar. Paraguay está juzgando a ex presidentes de la República y a magistrados de la Corte Suprema. Perú acaba de juzgar, sumido en escándalos, a su vicepresidente y militariza departamentos. Ecuador vive también cargos públicos a su vicepresidente que amenazan la débil democracia. En fin, todo eso en el sur. En Centroamérica, sólo Costa Rica, El Salvador y Honduras tienen cierta estabilidad. Nicaragua no sale de sustos y Guatemala celebra elecciones en alta tensión social.
En medio de todas esas gravedades, Panamá ha entrado en una fase inicial de conmoción social que dramáticamente pareciera que la alta clase política y las esferas responsables de los tres órganos del Estado, así como los denominados o autodenominados voceros de la "sociedad civil" e incluso los altos prelados religiosos, visualizarán las consecuencias gravísimas que podrían estallarnos en plenas barbas. Hablo de un caos social y político, que ya dio avisos cuando explotó en la Asamblea las denuncias del caso CEMIS. En aquel momento casi se desborda el orden institucional, y si ello no ocurrió no fue por gestión de ninguna autoridad ni estamento, sino sencillamente porque no se produjo un liderazgo espontáneo que canalizara todo el desconcierto y la repulsa nacional. Los que quisieron llenar el vacío, un grupo variopinto de personas que quisieron pasarse como los inmaculados, no levantaron vapor en la emoción de la población, porque ninguno podía tampoco por sí solo, o en representación de sus grupos, demostrar su pureza y buena fe. Todos tienen también su doble agenda.
Hoy, vivimos de denuncia en denuncia en un país que no cree en nada de eso, aunque mira corrupción en todo y en todos; que sabe que ningún asunto serio que involucre a personas relevantes ha terminado en nada concreto. No existe fe en la justicia. No creemos en nada ni en nadie, y eso no es nada alegre. Es explosivamente grave. Las sociedades requieren que se les ordene, que existan árbitros.
Panamá podría terminar, en medio de esta guerra de todos contra todos, en un caos sin solución, en un país que recién da muestras de un levísimo crecimiento económico, en medio de una urgencia extrema de creación de empleos nuevos, con una delincuencia desaforada, armas y drogas regadas en nuestras calles, y una Policía mal equipada para esos niveles de violencia.
¿Quién es la autoridad o autoridades que pueden juzgar en estos momentos y que se les crea siquiera la señal de la cruz? Pese a que tenemos también jueces honrados, en nadie se cree. Estamos sin árbitros válidos y enfrascados en un proceso electoral, donde todos los candidatos y partidos están empeñados en atraer votos primero, para luego pensar en soluciones.
En política criolla aquí y en todas partes, salir electo es el fin, luego lo demás. Pocas veces, y recordemos todos lo de 1987, ha habido un panorama tan espeluznante, tan necesitado de valor y coraje moral sobre los intereses personales, a fin de buscar soluciones tan profundas como profunda es la actual crisis de descomposición social.
El único remedio que vemos es que las autoridades de todos los Organos, los dirigentes de todos los grupos, y los voceros de las iglesias y las organizaciones cívicas, gremiales, obreras, y todos los ciudadanos, comprendamos que las experiencias de guerras civiles de Colombia y las zozobras de los países vecinos están en nuestras puertas, en nuestras narices.
No pedimos no investigar, no sugerimos aumentar la impunidad de que tanto lamentamos en los delitos públicos. Lo que anunciamos es que estamos sin intermediarios aceptados, que nadie cree en la seriedad de ninguno, que de todos sospechamos. Que en ninguna autoridad con mando y jurisdicción, pese al poder de las relativas armas que tenemos o a la fuerza coactiva para hacerse valer, tiene la otra autoridad que vale mucho más que los cañones: la de la fe pública. Nadie cuenta con esa arma. Es hora de la insurgencia de un liderazgo más audaz y creativo, por bien de todos.
En medio de todas esas gravedades, Panamá ha entrado en una fase inicial de conmoción social que dramáticamente pareciera que la alta clase política y las esferas responsables de los tres órganos del Estado, así como los denominados o autodenominados voceros de la "sociedad civil" e incluso los altos prelados religiosos, visualizarán las consecuencias gravísimas que podrían estallarnos en plenas barbas. Hablo de un caos social y político, que ya dio avisos cuando explotó en la Asamblea las denuncias del caso CEMIS. En aquel momento casi se desborda el orden institucional, y si ello no ocurrió no fue por gestión de ninguna autoridad ni estamento, sino sencillamente porque no se produjo un liderazgo espontáneo que canalizara todo el desconcierto y la repulsa nacional. Los que quisieron llenar el vacío, un grupo variopinto de personas que quisieron pasarse como los inmaculados, no levantaron vapor en la emoción de la población, porque ninguno podía tampoco por sí solo, o en representación de sus grupos, demostrar su pureza y buena fe. Todos tienen también su doble agenda.
Hoy, vivimos de denuncia en denuncia en un país que no cree en nada de eso, aunque mira corrupción en todo y en todos; que sabe que ningún asunto serio que involucre a personas relevantes ha terminado en nada concreto. No existe fe en la justicia. No creemos en nada ni en nadie, y eso no es nada alegre. Es explosivamente grave. Las sociedades requieren que se les ordene, que existan árbitros.
Panamá podría terminar, en medio de esta guerra de todos contra todos, en un caos sin solución, en un país que recién da muestras de un levísimo crecimiento económico, en medio de una urgencia extrema de creación de empleos nuevos, con una delincuencia desaforada, armas y drogas regadas en nuestras calles, y una Policía mal equipada para esos niveles de violencia.
¿Quién es la autoridad o autoridades que pueden juzgar en estos momentos y que se les crea siquiera la señal de la cruz? Pese a que tenemos también jueces honrados, en nadie se cree. Estamos sin árbitros válidos y enfrascados en un proceso electoral, donde todos los candidatos y partidos están empeñados en atraer votos primero, para luego pensar en soluciones.
En política criolla aquí y en todas partes, salir electo es el fin, luego lo demás. Pocas veces, y recordemos todos lo de 1987, ha habido un panorama tan espeluznante, tan necesitado de valor y coraje moral sobre los intereses personales, a fin de buscar soluciones tan profundas como profunda es la actual crisis de descomposición social.
El único remedio que vemos es que las autoridades de todos los Organos, los dirigentes de todos los grupos, y los voceros de las iglesias y las organizaciones cívicas, gremiales, obreras, y todos los ciudadanos, comprendamos que las experiencias de guerras civiles de Colombia y las zozobras de los países vecinos están en nuestras puertas, en nuestras narices.
No pedimos no investigar, no sugerimos aumentar la impunidad de que tanto lamentamos en los delitos públicos. Lo que anunciamos es que estamos sin intermediarios aceptados, que nadie cree en la seriedad de ninguno, que de todos sospechamos. Que en ninguna autoridad con mando y jurisdicción, pese al poder de las relativas armas que tenemos o a la fuerza coactiva para hacerse valer, tiene la otra autoridad que vale mucho más que los cañones: la de la fe pública. Nadie cuenta con esa arma. Es hora de la insurgencia de un liderazgo más audaz y creativo, por bien de todos.
