Al oído del Zar Anticorrupción
Sé que a Ud. no le gusta que utilicen la expresión "Zar Anticorrupción" para describir el cargo que ocupa, cuyo título correcto es "Secretario Ejecutivo del Consejo Nacional de Transparencia contra la Corrupción" o algo por el estilo. El título de Zar da a entender que tiene atribuciones que en la práctica no tiene. Y en ello, concuerdo con usted.
Ahora bien, usted también ha dicho y así lo ha entendido la opinión pública, que una de sus funciones será la de investigar posibles casos de corrupción y hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes. De hecho, recientemente, usted acompañó al Viceministro de Finanzas a presentar una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra el ex Ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, luego de lo que -me imagino- fue una profusa investigación de su parte para verificar la procedencia de la acción tomada. Quiero ahora cumplir con mi deber ciudadano. Le informo de un caso público y notorio que considero debe ser revisado minuciosamente. Se trata de un funcionario de alta jerarquía que declaró al ingresar a su cargo unos diez millones de dólares como su patrimonio y que, al salir del mismo, bajo juramento, declaró un millón de dólares más (once millones de dólares como patrimonio total). De esa cantidad, la mayor parte consistía en bienes inmuebles o muebles; mientras que un porcentaje minoritario estaba en acciones en sociedades anónimas o en cuentas bancarias.
Casi simultáneamente, ese mismo funcionario, con un patrimonio millonario, declaraba al fisco, según lo reportaron medios de comunicación, ingresos inferiores a los dos mil dólares mensuales, excepto durante el período que ocupó el cargo público en cuestión. Nada de eso fue obstáculo para que, tan pronto saliera del cargo, adquiriera bienes de innegable lujo como un Porsche y un yate.
Como si fuera poco, el funcionario en cuestión aparece sorpresivamente en una investigación de la Contraloría General de la República recibiendo cheques de una empresa privada que se benefició con una contratación pública, otorgada dudosamente bajo su administración y además, le descubrieron cuentas millonarias que no aparecen en su declaración jurada de estado patrimonial y que estaba obligado a declararlas. Ese funcionario que estuvo protegido por una inmunidad parlamentaria, ya no goza de esa protección. Y si gozara de alguna inmunidad, creo que usted coincidiría conmigo en que la misma no debe servir de obstáculo para investigarlo. Por mucho menos de eso, expresidentes de Costa Rica hoy están presos.
Así que le pregunto, estimado Zar o señor Secretario, como Ud. prefiera: ¿cuándo va a investigar y a pedirle cuentas al señor Ernesto Pérez Balladares? Le sugiero que pida sus declaraciones de renta, sus declaraciones juradas de estado patrimonial, así como lo investigado por la Contraloría, y le aseguro que allí encontrará información más que suficiente para presentar una denuncia. Y demuestre con hechos que sí hay voluntad de investigar actos de posible corrupción, caiga quien caiga.
Nosotros no podemos permitir eso, no existiendo causa alguna que justifique tal medida, puesto que en Panamá no se carece de medio circulante y si lo que se quiere es arbitrarle nuevos recursos al gobierno cuenta con recursos suficientes para salir de apuros mediante operaciones de crédito local o externo.
¿A qué, pues, estas incursiones aventuradas en el campo vedado de las finanzas nacionales teniendo otro camino más correcto y más seguro dentro del campo constitucional?
Esperamos confiados en su buen criterio de jurista destacado y de patriota, siempre en defensa de los intereses nacionales más sagrados. Esperamos que usted intervenga antes de que se le de tercer debate a este proyecto, Heurtematte y Cía., J. C. Henríquez, E. Herrera, R. Arias, H. de Sola, Cía. Fidanque, Ildenfoso Preciado, Benjamín Cardoze, Pizza y Pizza, Benedetti Hermanos, H. Salomón, Maduro e Hijos, C. Quelquejeu, R. Canavaggio, F.C. Herbruger, Frank Ulrico, P. Canavaggio, José Misteli, M. Lindo, C. W. Muller.
Ahora bien, usted también ha dicho y así lo ha entendido la opinión pública, que una de sus funciones será la de investigar posibles casos de corrupción y hacer las denuncias pertinentes ante las autoridades competentes. De hecho, recientemente, usted acompañó al Viceministro de Finanzas a presentar una denuncia penal por enriquecimiento ilícito contra el ex Ministro de Economía y Finanzas, Norberto Delgado, luego de lo que -me imagino- fue una profusa investigación de su parte para verificar la procedencia de la acción tomada. Quiero ahora cumplir con mi deber ciudadano. Le informo de un caso público y notorio que considero debe ser revisado minuciosamente. Se trata de un funcionario de alta jerarquía que declaró al ingresar a su cargo unos diez millones de dólares como su patrimonio y que, al salir del mismo, bajo juramento, declaró un millón de dólares más (once millones de dólares como patrimonio total). De esa cantidad, la mayor parte consistía en bienes inmuebles o muebles; mientras que un porcentaje minoritario estaba en acciones en sociedades anónimas o en cuentas bancarias.
Casi simultáneamente, ese mismo funcionario, con un patrimonio millonario, declaraba al fisco, según lo reportaron medios de comunicación, ingresos inferiores a los dos mil dólares mensuales, excepto durante el período que ocupó el cargo público en cuestión. Nada de eso fue obstáculo para que, tan pronto saliera del cargo, adquiriera bienes de innegable lujo como un Porsche y un yate.
Como si fuera poco, el funcionario en cuestión aparece sorpresivamente en una investigación de la Contraloría General de la República recibiendo cheques de una empresa privada que se benefició con una contratación pública, otorgada dudosamente bajo su administración y además, le descubrieron cuentas millonarias que no aparecen en su declaración jurada de estado patrimonial y que estaba obligado a declararlas. Ese funcionario que estuvo protegido por una inmunidad parlamentaria, ya no goza de esa protección. Y si gozara de alguna inmunidad, creo que usted coincidiría conmigo en que la misma no debe servir de obstáculo para investigarlo. Por mucho menos de eso, expresidentes de Costa Rica hoy están presos.
Así que le pregunto, estimado Zar o señor Secretario, como Ud. prefiera: ¿cuándo va a investigar y a pedirle cuentas al señor Ernesto Pérez Balladares? Le sugiero que pida sus declaraciones de renta, sus declaraciones juradas de estado patrimonial, así como lo investigado por la Contraloría, y le aseguro que allí encontrará información más que suficiente para presentar una denuncia. Y demuestre con hechos que sí hay voluntad de investigar actos de posible corrupción, caiga quien caiga.
Nosotros no podemos permitir eso, no existiendo causa alguna que justifique tal medida, puesto que en Panamá no se carece de medio circulante y si lo que se quiere es arbitrarle nuevos recursos al gobierno cuenta con recursos suficientes para salir de apuros mediante operaciones de crédito local o externo.
¿A qué, pues, estas incursiones aventuradas en el campo vedado de las finanzas nacionales teniendo otro camino más correcto y más seguro dentro del campo constitucional?
Esperamos confiados en su buen criterio de jurista destacado y de patriota, siempre en defensa de los intereses nacionales más sagrados. Esperamos que usted intervenga antes de que se le de tercer debate a este proyecto, Heurtematte y Cía., J. C. Henríquez, E. Herrera, R. Arias, H. de Sola, Cía. Fidanque, Ildenfoso Preciado, Benjamín Cardoze, Pizza y Pizza, Benedetti Hermanos, H. Salomón, Maduro e Hijos, C. Quelquejeu, R. Canavaggio, F.C. Herbruger, Frank Ulrico, P. Canavaggio, José Misteli, M. Lindo, C. W. Muller.
