Al servicio del Estado
El servicio público no es una relación entre capital y trabajo. Por lo tanto, aunque tengan áreas de similitud, las normas que regulan las condiciones de la prestación de dicho servicio no pueden ser del ámbito del Derecho Laboral y por ende, las regula el Derecho Adminsitrativo. Mientras en el sector privado las decisiones de contratación y despido se toman en base a criterios racionales de idoneidad y rentabilidad, en el sector público se requiere de un sistema que garantice la no intromisión de la política partidista en las decisiones de reclutamiento, selección, promoción y destitución del personal permanente al servicio del Estado.
Lamentablemente, la clase política confunde Estado con Gobierno o peor aún, con Partido. Esa confusión perversa hace de la planilla estatal un botín a repartir entre los que ejercen el poder público, y somete a personas que debieran estar al servicio de los intereses permanentes del Estado, a los caprichos y vaivenes de la política partidista. El efecto neto es ineficiencia, desperdicio y fracaso de los gobernantes.
La Carrera Administrativa cumplió diez años de vigencia el 20 de junio de este año. Tal vez sea la ley más mencionada en los discursos de campaña y, a la vez, la más violada cuando se obtiene el poder. Conocemos de al menos dos iniciativas de reforma a la misma. Si bien hay cosas que actualizar en el sistema, no es correcto hacer de dicha norma legal el chivo expiatorio de la falta de voluntad política y, en algunos casos, de verdadero sabotaje realizado por los dos gobiernos que ejercieron el poder durante su vigencia plena.
Existe el peligro de que los proyectos busquen modificar cosas que no hay que cambiar, sino que hacer cumplir, o que pretendan asimilar el régimen del servicio público a las normas e instituciones del Derecho del Trabajo.
Es evidente que hay que actualizar el cronograma de incorporación, que por haber sido irrespetado ha quedado obsoleto; hay que actualizar la fecha para acogerse al procedimiento especial de ingreso, a fin de evitar injusticias; y hay que asimilar la Junta de Apelaciones y Conciliación al Órgano Judicial o darle una estructura profesional permanente. Pero lo más importante no requiere de cambios a la Ley, sino de cambios de actitud, y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo con el compromiso de respetar la Ley. La forma de respetarla no es cambiándola sino ejecutándo su mandato.
Lamentablemente, la clase política confunde Estado con Gobierno o peor aún, con Partido. Esa confusión perversa hace de la planilla estatal un botín a repartir entre los que ejercen el poder público, y somete a personas que debieran estar al servicio de los intereses permanentes del Estado, a los caprichos y vaivenes de la política partidista. El efecto neto es ineficiencia, desperdicio y fracaso de los gobernantes.
La Carrera Administrativa cumplió diez años de vigencia el 20 de junio de este año. Tal vez sea la ley más mencionada en los discursos de campaña y, a la vez, la más violada cuando se obtiene el poder. Conocemos de al menos dos iniciativas de reforma a la misma. Si bien hay cosas que actualizar en el sistema, no es correcto hacer de dicha norma legal el chivo expiatorio de la falta de voluntad política y, en algunos casos, de verdadero sabotaje realizado por los dos gobiernos que ejercieron el poder durante su vigencia plena.
Existe el peligro de que los proyectos busquen modificar cosas que no hay que cambiar, sino que hacer cumplir, o que pretendan asimilar el régimen del servicio público a las normas e instituciones del Derecho del Trabajo.
Es evidente que hay que actualizar el cronograma de incorporación, que por haber sido irrespetado ha quedado obsoleto; hay que actualizar la fecha para acogerse al procedimiento especial de ingreso, a fin de evitar injusticias; y hay que asimilar la Junta de Apelaciones y Conciliación al Órgano Judicial o darle una estructura profesional permanente. Pero lo más importante no requiere de cambios a la Ley, sino de cambios de actitud, y la mejor forma de hacerlo es cumpliendo con el compromiso de respetar la Ley. La forma de respetarla no es cambiándola sino ejecutándo su mandato.
