Alarma y expectativa
El menoscabo de la independencia judicial en Panamá no cesa de acrecentarse. Nuestro sistema de justicia, su organización y funcionamiento, su precariedad, las insuficientes remuneraciones, su antidemocrático sistema de selección y nombramiento de los jueces, su morosidad, su tráfico de influencias, conflicto de intereses, su corrupción, son solo una muestra de las terribles y tenebrosas dificultades que tenemos para poder que se establezca e impere, un Estado Constitucional de Derecho que nos divorcie de “una justicia lenta, sectaria, clasista e ineficiente” con “impunidad selectiva”.
Bajo el título: “Entre la alarma y la expectativa: el reto de fortalecer la independencia judicial en Panamá”, fue recientemente presentado un interesante informe preparado por la Fundación para el Debido Proceso Legal (DPFL, por sus siglas en inglés). El documento, sin duda, contribuye a abrir los ojos ante una realidad que muchos se esmeran en ocultar o negar. Una triste y bochornosa realidad que, solo unos pocos, se ocupan decidida y realmente a transformar y, cuando lo hacen, son objeto del desprecio por parte de las cúpulas de la partidocracia y de los pelechadotes de la burocracia que, a diario, atenta contra la democracia y el bienestar.
El documento no vacila en destacar cómo el sistema “político” imperante, distorsiona y deforma cualquier posibilidad de una independencia judicial, por mínima que sea. Y, a estas alturas del calendario de la humanidad resulta imposible, a los maestros del engaño de la localidad, hacerle creer a la población que estamos en un Estado de Derecho o de un Órgano Judicial con independencia real. ¡Nada más ajeno a la verdad!
Próximos a la escogencia de dos Magistrados a la Corte Suprema de Justicia, el tema cobra especial importancia, dada la alta injerencia de los poderes políticos en el reclutamiento y nombramiento de los magistrados por motivos indebidos. Ello es así pues, de antemano, ya se conoce el nombre, apellido y apodo de un futuro magistrado, como “premio”, por su reciente actuación en el torneo electoral del pasado mayo. La desvergüenza y desfachatez del “ungido”, no deja de provocar la necesaria repulsa en aquellos sectores que no se dejan marear por las locuras y las arbitrariedades procedimentales.
Proceder a la designación de magistrados y jueces en base a criterios de amiguismo, clientelismo u oportunismo, solo acelerará el proceso de putrefacción que conoce la judicatura en Panamá y nos distanciará, aun mucho más, de un Estado de Derecho y nos acercará a ese peligroso cesarismo que asoma sus garras, para arrebatarle las expectativas y esperanzas de un pueblo que, asustado, vive alarmado ante la marea de injusticias que se perpetran a diario contra la supremacía constitucional, las garantías fundamentales, las libertades democráticas y el derecho a la felicidad y a una mejor calidad de vida. ¿Logrará la población panameña erguirse para retomar y hacer realidad su anhelo de Justicia?
