El Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, están moral y legalmente obligados, a brindarle un informe a la nación producto de las investigaciones que realicen. Porque si la pandemia de la COVID-19 nos ha impactado, estos abusos en los albergues infantiles del país nos han impactado mucho más.
Abusar de menores es un delito imperdonable. Descuidarlos, desprotegerlos es lo peor que nos puede pasar. Foto: EFE. Ilustrativa.
El Salmo 82, en su versículo 3, prescribe lo siguiente: "Defiendan la causa del huérfano y del desvalido; al pobre y al oprimido háganle justicia". En otras versiones de la Biblia, se lee lo siguiente: "Defended al pobre y al huérfano; haced justicia al afligido y al menesteroso".
La condición de pobres y de huérfanos, de afligidos y de menesterosos, se amplía mucho más o se hace más extensiva, en sus significados, tratándose de niños y niñas que se encuentran en más de 56 albergues a lo largo y ancho de nuestro país.
El grito de desesperación de una tierna niña de tan solo 10 años de edad, encaramada sobre el techo de una escuela pidiendo, a gritos, auxilio y socorro, aunado a eso el reciente Informe Parlamentario de la Asamblea Nacional, de la respectiva Comisión, en el que se expresa la existencia de claros abusos sexuales, maltratos físicos y psicológicos, amén de la ausencia o carencia alimentaria a estos niños, es algo que, por nuestra condición cristiana y humanística, no podemos dejar pasar por alto como si nada estuviere aconteciendo.
Si bien es cierto que muchos de estos albergues son administrados por entes privados o particulares, no menos cierto es que la Secretaría Nacional de la Niñez, Adolescencia y Familia, es el ente administrativo que se encarga de supervisar y fiscalizar, en nombre del Estado, a estas instalaciones denominadas "Albergues".
Seniaf fue creada mediante Ley No. 14 de 23 de enero de 2009, siendo una entidad pública de carácter descentralizado y especializada del Estado por lo cual es la responsable de coordinar, articular, ejecutar y dar seguimiento del cumplimiento de las políticas de protección integral de los derechos de la niñez y adolescencia y tiene como misión, para logro de estos objetivos, formular planes, programas y medidas de protección con la participación de entidades públicas, organismos privados y la corresponsabilidad de la familia y la sociedad organizada.
Se basa en un conjunto de valores: Respeto a los derechos humanos, honestidad y transparencia, responsabilidad social, ética profesional, productividad, eficiencia y eficacia. En su estructura organizacional dispone de una dirección general, correspondiendo señalar que, en los últimos años, esta entidad, en cuanto a sus directoras generales, no se ha visto ausente de escándalos.
Sin embargo, Seniaf es el único ente que a nivel gubernamental tiene la voz primera en lo que toca los casos de maltrato y violencia infantil y la pregunta que toda la nación y organismos nacionales e internacionales, relativos a la materia, nos hacemos es la siguiente: ¿Dónde estaba Seniaf, institución que fiscaliza e inspecciona a los albergues en nuestro país, cuando se dieron estos casos?
Es claro que, en Panamá, primero debe haber un muerto para pensar en la vida; primero violación para luego pensar en la integridad sexual de las personas; primero hurtos y robos para considerar el derecho a la seguridad ciudadana; primero robo descarado a las arcas del Estado para pensar en la necesidad de funcionarios íntegros. Se está haciendo moda ya, en nuestro suelo, que si no hay tragedia no hay reflexión, que si no hay luto y dolor no hay llanto y que si no hay injusticias tampoco habrá solidaridad.
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¡Son niños! En algún momento alguien dijo que en esas edades tan tiernas ellos son como la masa sobre la que podemos trabajar para poder formar a los genios del mañana, los profesiones probos y competentes del futuro, a los políticos y estadistas de bien, los padres y madres entregados a la causa de la familia.
Una nación que cuida su niñez se garantiza su futuro. Y los llamados a cuidarlos, protegerlos, defenderlos, asegurarlos, educarlos e instruirlos por el camino del bien somos, en primera línea, los padres y los adultos.
Y si el Estado frente a esta dolorosa y vergonzosa situación de niños que, a los cuatro vientos, nos gritan pidiendo socorro y auxilio, no hizo ni hará nada, entonces tendríamos que concluir que hemos perdido toda visión de cristiandad y de humanidad. Descuidarlos, desprotegerlos es lo peor que nos puede pasar.
Por ello, amén de las denuncias que según se advierte en los medios, y que datan desde el 2014, también surgen otras preguntas ineludibles: ¿Qué investigaron los fiscales? ¿Y qué investigarán en las presentes denuncias? No podemos dormir tranquilos, tampoco estar en paz, sabiendo que nuestros niños son abusados, y dígase la palabra "abuso" y ha sido dicho lo peor. Abusos que traducen violaciones sexuales, en toda su integridad física, psicológica. Pobrecitos esos niños.
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Sabemos que Dios interviene y que los cuidará, pero lo que tales abusos han perpetrado sepan que en este país la Ley tiene que respetarse y que hay delitos en los cuales la capacidad humana podrá comprender ciertos comportamientos, pero hay otros en donde no hay lugar a ceder ni a conceder nada en lo absoluto. Abusar de menores es un delito imperdonable.
El Ministerio Público, el Procurador General de la Nación, están moral y legalmente obligados, a brindarle un informe a la nación producto de las investigaciones que realicen. Porque si la pandemia de la COVID-19 nos ha impactado, estos abusos en los albergues infantiles del país nos han impactado mucho más.
¡Dios bendiga a la Patria!
Abogado.
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