Alcohol y drogas en El Centenario
En los recién entregados edificios El Centenario, ubicados en los terrenos de la antigua terminal de buses de avenida B, se ha desatado la venta de drogas y alcohol, según denuncian los propios residentes del lugar.
Los afectados aseguran que la situación se ha tornado insoportable y la ley del más fuerte se apodera del lugar, obligando a la mayoría de los inquilinos a callar ante estos hechos.
Una de las personas afectadas, que por razones de seguridad no reveló su nombre, dijo que una inquilina que vive en la planta baja de uno de los edificios se dedica a la venta de cerveza y para ello saca sillas, mesas, equipo de sonido tipo discoteca, para que sus clientes estén más cómodos.
"Como si fuera poco, a las personas que se quejan les grita que al que no le gusta que se mude", dijo. Detalló que no falta quien realice sus necesidades fisiológicas en cualquier parte, sin importarle la presencia de menores y de las damas del lugar.
Igualmente, informó que en otra sección del complejo habitacional hay un apartamento donde se vende droga. "Lo hacen de manera indiscriminada y le venden hasta a menores uniformados de escuelas oficiales", dijo.
Los afectados aseguran que en reiteradas ocasiones han denunciado este problema en la corregiduría de Santa Ana, sin embargo, hasta la fecha la situación sigue igual.
Las denuncias hechas ante esta autoridad son por la venta de bebidas alcohólicas, las constantes riñas, escándalos y el consumo de drogas en los pasillos. Los residentes recuerdan que la ley prohíbe usar los apartamentos para instalar negocios que perturben y alteren la tranquilidad del resto de los inquilinos.
Explican que la mayoría de los residentes del lugar han solicitado, a través de firmas recogidas, que esta persona cambie su conducta o de lo contrario, deberá mudarse del lugar.
Ante estos señalamientos, El Panamá América entrevistó al director de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, Juan García, quien explicó que en este caso se siguen dos procesos: uno por desalojo y el otro por convivencia (molestias causadas). El funcionario indicó que ya se han efectuado audiencias sobre este problema. Actualmente, se encuentran en el proceso de práctica de pruebas.
"Puedo asegurarte que el proceso está adelantado y que el fallo se emitirá lo más pronto posible, no quiero dar un tiempo fijo para no viciar el proceso", precisó.
Los afectados aseguran que la situación se ha tornado insoportable y la ley del más fuerte se apodera del lugar, obligando a la mayoría de los inquilinos a callar ante estos hechos.
Una de las personas afectadas, que por razones de seguridad no reveló su nombre, dijo que una inquilina que vive en la planta baja de uno de los edificios se dedica a la venta de cerveza y para ello saca sillas, mesas, equipo de sonido tipo discoteca, para que sus clientes estén más cómodos.
"Como si fuera poco, a las personas que se quejan les grita que al que no le gusta que se mude", dijo. Detalló que no falta quien realice sus necesidades fisiológicas en cualquier parte, sin importarle la presencia de menores y de las damas del lugar.
Igualmente, informó que en otra sección del complejo habitacional hay un apartamento donde se vende droga. "Lo hacen de manera indiscriminada y le venden hasta a menores uniformados de escuelas oficiales", dijo.
Los afectados aseguran que en reiteradas ocasiones han denunciado este problema en la corregiduría de Santa Ana, sin embargo, hasta la fecha la situación sigue igual.
Las denuncias hechas ante esta autoridad son por la venta de bebidas alcohólicas, las constantes riñas, escándalos y el consumo de drogas en los pasillos. Los residentes recuerdan que la ley prohíbe usar los apartamentos para instalar negocios que perturben y alteren la tranquilidad del resto de los inquilinos.
Explican que la mayoría de los residentes del lugar han solicitado, a través de firmas recogidas, que esta persona cambie su conducta o de lo contrario, deberá mudarse del lugar.
Ante estos señalamientos, El Panamá América entrevistó al director de Legal y Justicia de la Alcaldía de Panamá, Juan García, quien explicó que en este caso se siguen dos procesos: uno por desalojo y el otro por convivencia (molestias causadas). El funcionario indicó que ya se han efectuado audiencias sobre este problema. Actualmente, se encuentran en el proceso de práctica de pruebas.
"Puedo asegurarte que el proceso está adelantado y que el fallo se emitirá lo más pronto posible, no quiero dar un tiempo fijo para no viciar el proceso", precisó.
