Alfabetización y derecho a la educación

La alfabetización debe ser entendida como el primer paso en la dirección de asegurar el derecho a la educación básica de jóvenes y adultos. Por esto, el compromiso de los gobiernos debe ir más allá de la tarea de alfabetizar, pues debe asegurar políticas que garanticen su continuidad.

El tema de los derechos humanos debe ser el eje articulador de la iniciativa, en el sentido de enfatizar que la alfabetización es entendida como una nueva lectura del mundo y de la palabra, que crea mejores condiciones para el ejercicio de una ciudadanía activa. Estas iniciativas deben incluir, donde sea posible y pertinente, una fuerte coalición de los gobiernos nacionales con fuerzas de la sociedad civil que se comprometan con tales metas.

Es necesario revisar los esquemas actuales de financiamiento de la educación con el fin de desarrollar los cambios necesarios para que el Estado cumpla su rol de garante del derecho de todos a una educación de calidad. Las asignaciones actuales de recursos públicos son claramente insuficientes. Sin embargo, hay dos factores clave a considerar: un incremento sustantivo de la prioridad asignada a la educación en los recursos públicos, y una mejora radical en la eficiencia del sistema... Gastar mejor es indispensable para poder invertir más. Esto implica revisar los esquemas de gasto actuales, de modo que la preocupación por la equidad no sea un factor añadido, sino parte consustancial de los procesos de diseño de las políticas sobre financiamiento, como bien señala una reciente conferencia de la UNESCO.

Es importante que se aumente la parte del presupuesto de la educación que se asigna a la educación y a la alfabetización de personas jóvenes y adultas, y que se puedan monitorear los presupuestos nacionales para asegurar una eficiente inversión donde más se requiere: en la inteligencia y creatividad colectiva de nuestra sociedad y en la iniciativa e ingenio de las personas. Debe realizarse incidencia para el reconocimiento de la alfabetización de personas adultas como una prioridad complementaria de la educación primaria universal.   

Es evidente la gran brecha entre la necesidad, la demanda social y la proyección real de la educación de personas jóvenes y adultas, lo que requiere ampliar los recursos y la coordinación institucional. Gran parte de lo que se hace en torno al aprendizaje y la educación básica de adultos es "invisible", se realiza fuera de las instituciones y no está documentado, y lo documentado tiene una circulación muy limitada.

Son necesarias políticas públicas integrales, lo que implica reconstruir programas y modalidades, relacionar las demandas con una mayor capacidad de iniciativa para la formación, capitalizar experiencias, potencias estrategias pedagógicas y fortalecer modelos de gestión. Además, fortalecer el desarrollo de las competencias ciudadanas que permitan a las distintas instancias de la sociedad civil ejercer su papel contralor y la promoción de la participación y accionar ciudadano.

La alfabetización significa el disfrute del derecho a la educación, como condición importante de la ciudadanía activa de una gran diversidad de personas aportando sustantivamente tanto a la construcción del desarrollo con equidad, como a la democratización de la democracia.

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