Alimentos “culturalmente apropiados”
Las prioridades en la lucha contra el hambre parecen claras y evidentes, pero algunos no creen que el verdadero desafío es evitar la malnutrición. En la Cumbre Mundial de la Alimentación, el año pasado en Roma, Oxfam International comentó que “los programas de ayuda alimenticia han sido históricamente utilizados de manera inapropiada, al usarlos los países industrializados para salir de sus excedentes y crear dependencia alimenticia”.
Lo que dicen es que es malo que usted regale alimentos porque le sobran y tiene más de lo que necesita. Y si usted produce algo y hay gente que quiere más de ello, eso es peor todavía.
Pero el asunto se pone más ridículo aún. Se está poniendo de moda que los alimentos deben ser “culturalmente apropiados”. Claro que no sería apropiado dar alimentos que no sean “kosher” a un judío ortodoxo o “halal” a un musulmán. Pero es muy diferente tratar de imponer nuestros propios gustos y preferencias a los demás.
En el caso del maíz, alimento básico para grandes regiones de América Latina y Africa, imaginemos dos mazorcas virtualmente idénticas, igualmente nutritivas y aptas como alimento sano. Alguien decide que una mazorca es aceptable y puede salvarlo de morirse de hambre, mientras que la otra no es aceptable y es mejor que usted se muera de hambre. ¿Absurdo? Claro que lo es, pero eso está sucediendo actualmente en Africa y costando vidas todos los días.
USAID, la agencia de ayuda internacional del gobierno de Estados Unidos, despacha desde hace años grandes cargamento de maíz para alimentar a africanos que están hambrientos. Parte de ese maíz es de variedades genéticamente modificadas y parte no. Uno y otro van mezclados. Los habitantes de Estados Unidos comen ese mismo maíz desde hace años, pero misteriosamente se dice que es un veneno y enfermará a los africanos.
El año pasado, seis naciones africanas expresaron preocupación por el maíz que recibían. Cinco países terminaron aceptando la ayuda norteramericana, pero Zambia no.
El presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, informó a las Naciones Unidas el año pasado que su gobierno no tenía la intención de “sacrificar vidas de la gente de Zambia aceptando alimentos genéticamente modificados”. Resulta que sus conciudadanos llevan años consumiendo ese maíz, pero el gobierno se negó a cambiar su posición y el presidente manifestó que “si Europa rechaza tales alimentos, ¿por qué los vamos a aceptar nosotros, solamente porque somos pobres?”.
Los europeos tienen una larga tradición de imponer sus costumbres en diferentes lugares del globo, pero en esta ocasión el daño que hacen es inexcusable. Los europeos están tratando de conseguir aliados contra los alimentos genéticamente modificados, bajo amenaza de suspender los nexos comerciales con la Unión Europea.
Nuevamente, el llamado “principio de precaución” de la Unión Europea se está llevando a extremos absurdos, pero el problema en esta ocasión no son pérdidas económicas sino pérdidas de vidas. A las naciones africanas les están diciendo que las cosechas genéticamente modificadas destruirán su biodiversidad agrícola. Eso, desde luego, no ha sucedido en Estados Unidos ni en Canadá ni Argentina y lo que realmente temen los europeos es perder exportaciones. La hipocresía es asombrosa. Por varias generaciones, la política agrícola común de Europa ha protegido a sus agricultores de la competencia de los países en desarrollo de Africa y América Latina. Pero ahora les dicen que para mantener una muy pequeña cuota del mercado agrícola europeo, tendrán que rechazar las técnicas modernas que les permitiría a los países pobres no sólo alimentar a su propia gente sino lograr una ventaja competitiva.
Felizmente, no todo el mundo cree que la tecnología de modificación genética es una conspiración norteamericana para dominar los mercados. La misma Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa advierte que “el mayor riesgo es no hacer nada y permitir que la revolución tecnológica los deje atrás”.
Jennifer Thomson, directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de la Ciudad del Cabo, mantiene que “las cosechas y demás alimentos genéticamente modificados son sólo una parte de la estrategia general para asegurar alimento suficiente para Sudáfrica y el resto del continente”.
*Analista de TechCentralStation.com
(c)www.aipenet.com
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
Lo que dicen es que es malo que usted regale alimentos porque le sobran y tiene más de lo que necesita. Y si usted produce algo y hay gente que quiere más de ello, eso es peor todavía.
Pero el asunto se pone más ridículo aún. Se está poniendo de moda que los alimentos deben ser “culturalmente apropiados”. Claro que no sería apropiado dar alimentos que no sean “kosher” a un judío ortodoxo o “halal” a un musulmán. Pero es muy diferente tratar de imponer nuestros propios gustos y preferencias a los demás.
En el caso del maíz, alimento básico para grandes regiones de América Latina y Africa, imaginemos dos mazorcas virtualmente idénticas, igualmente nutritivas y aptas como alimento sano. Alguien decide que una mazorca es aceptable y puede salvarlo de morirse de hambre, mientras que la otra no es aceptable y es mejor que usted se muera de hambre. ¿Absurdo? Claro que lo es, pero eso está sucediendo actualmente en Africa y costando vidas todos los días.
USAID, la agencia de ayuda internacional del gobierno de Estados Unidos, despacha desde hace años grandes cargamento de maíz para alimentar a africanos que están hambrientos. Parte de ese maíz es de variedades genéticamente modificadas y parte no. Uno y otro van mezclados. Los habitantes de Estados Unidos comen ese mismo maíz desde hace años, pero misteriosamente se dice que es un veneno y enfermará a los africanos.
El año pasado, seis naciones africanas expresaron preocupación por el maíz que recibían. Cinco países terminaron aceptando la ayuda norteramericana, pero Zambia no.
El presidente de Zambia, Levy Mwanawasa, informó a las Naciones Unidas el año pasado que su gobierno no tenía la intención de “sacrificar vidas de la gente de Zambia aceptando alimentos genéticamente modificados”. Resulta que sus conciudadanos llevan años consumiendo ese maíz, pero el gobierno se negó a cambiar su posición y el presidente manifestó que “si Europa rechaza tales alimentos, ¿por qué los vamos a aceptar nosotros, solamente porque somos pobres?”.
Los europeos tienen una larga tradición de imponer sus costumbres en diferentes lugares del globo, pero en esta ocasión el daño que hacen es inexcusable. Los europeos están tratando de conseguir aliados contra los alimentos genéticamente modificados, bajo amenaza de suspender los nexos comerciales con la Unión Europea.
Nuevamente, el llamado “principio de precaución” de la Unión Europea se está llevando a extremos absurdos, pero el problema en esta ocasión no son pérdidas económicas sino pérdidas de vidas. A las naciones africanas les están diciendo que las cosechas genéticamente modificadas destruirán su biodiversidad agrícola. Eso, desde luego, no ha sucedido en Estados Unidos ni en Canadá ni Argentina y lo que realmente temen los europeos es perder exportaciones. La hipocresía es asombrosa. Por varias generaciones, la política agrícola común de Europa ha protegido a sus agricultores de la competencia de los países en desarrollo de Africa y América Latina. Pero ahora les dicen que para mantener una muy pequeña cuota del mercado agrícola europeo, tendrán que rechazar las técnicas modernas que les permitiría a los países pobres no sólo alimentar a su propia gente sino lograr una ventaja competitiva.
Felizmente, no todo el mundo cree que la tecnología de modificación genética es una conspiración norteamericana para dominar los mercados. La misma Comisión Económica de las Naciones Unidas para Africa advierte que “el mayor riesgo es no hacer nada y permitir que la revolución tecnológica los deje atrás”.
Jennifer Thomson, directora del Departamento de Microbiología de la Universidad de la Ciudad del Cabo, mantiene que “las cosechas y demás alimentos genéticamente modificados son sólo una parte de la estrategia general para asegurar alimento suficiente para Sudáfrica y el resto del continente”.
*Analista de TechCentralStation.com
(c)www.aipenet.com
Por su parte, María Sujey Blanco, dirigente de los grupos afros de la región no pierde la esperanza de que los emberá reconozcan que debe haber punto intermedio para este conflicto.
“Estamos aún a la espera de las acciones de nuestros hermanos de tierras colectivas. Ojalá recapaciten”.
Pese a lo intenso de las discusiones, Blanco considera que el Gobierno no da aún “ni un sí ni un no definitivo, pues se quiere evitar el descontento de ambos grupos por ser este un año preelectoral”.
El cacique regional del área Pusadrua, Leovigildo Doviaza atribuye la polémica a una “actitud politiquera de la legisladora y su grupo”, mientras que Sixto Lay, de la dirigencia afro y representante del corregimiento de La Palma lo explica de otra forma.
“Los que actúan políticamente son los indios porque las tierras son para beneficios personales de los caciques y dirigentes de las comunidades indígenas. El 65% que sale del Darién, según consta en ANAM, sale de estas regiones”.
Doviaza, acompañado por la dirigencia indígena, las mujeres, hombres y niños del pueblo de Mogue, prometió durante el congreso local que “nadie los sacará de la tierra que los vio nacer. Si mañana hay sangre es por la señora legisladora y no por los indígenas” manifiesta enérgicamente y los aplausos de su gente evidencian el beneplácito.
Aprobado en primer debate del último periodo de la Asamblea Legislativa, deberá volver a discusión en septiembre próximo.
Se trata del proyecto de Ley No. 17 de 2003 “mediante el cual se reconocen y se desarrollan los derechos del pueblo emberá y wounaán de tierras colectivas”.
En sus primeros artículos se deja constancia de que el objetivo de la ley es establecer el procedimiento especial para solicitar el reconocimiento de la propiedad colectiva de tierras ocupadas tradicionalmente por ambas etnias.
“La aplicación de la presente ley se hará conforme a lo que establece la Constitución Política, las leyes indígenas, los Convenios Internacionales ratificados por Panamá, las costumbres y tradiciones propias de estos pueblos”, menciona.
Se señala también el procedimiento para la adjudicación del territorio que se hará en conjunto con la Dirección Regional de Reforma Agraria.
Alipio Opua, dirigente de Arimae, a unas tres horas y media por la carretera a Darién, tiene muy claro el recuerdo de una lucha de antaño, de leyes incumplidas y enfrentamientos de vieja data.
Todo empezó, según dice, en 1969. La comunidad donde reside junto a más de 800 indígenas se funda antes de la construcción de la Panamericana, “aún no se pensaba en caminos”.
Pero, desde ese tiempo, “hemos tenido muchos problemas... serios problemas”, expresa.
El y su gente hablan de unos límites que se extendían hasta la región de Agua Fría No. 2, unas 72 mil hectáreas.
Para 1978, llega galopante la invasión de colonos. Y Opua sostiene, que con ello, se vieron obligados a “recortar territorio, sin embargo, interioranos y afros siguieron avanzando”.
Hoy aseguran “haber cedido” hasta una población indígena denominada Embera – Puru. “Sólo hasta allí aceptaremos”, adelanta categóricamente.
Un grupo de campesinos de una región llamada Vista Alegre aún no estaban satisfechos. Hasta hace poco, explicó Opua, “logramos un acuerdo con ellos después de la intervención de Reforma Agraria”.
El pacto se efectuó el miércoles 23 de abril de este año en presencia de representantes de ambas comunidades, la Defensoría del Pueblo, entre otras instituciones.
Un documento con la firma de las partes, entregado a este medio, detalla que se reconoce mutuamente la importancia de la delimitación de sus tierras.
Los emberá – wounaán de Arimae y Emberá Puru ceden ante la entrega de 45 hectáreas, según el estudio tenencial de la Reserva de Arimae confeccionado por el Departamento de Catastro Rural de la Dirección Nacional de Reforma Agraria, a unas 13 familias.
Opua manifiesta que regresaron tranquilos a sus tambos (casas indígenas hechas de madera y pencas amarradas entre sí). “Estábamos convencidos de que se respetaría la ley y terminarían las invasiones”.
No pasaron muchos días para que se percataran de lo contrario. Es así como, por petición de ellos, se envía nota al viceministro de Gobierno y Justicia, Alejandro Pérez, el 28 de abril, para que se haga cumplir el acuerdo previo.
La carta fue firmada por la directora nacional de Política Indigenista, Marianella Martinelli.
“Solicitamos a usted (viceministro) su firma en la nota adjunta dirigida a la profesora Lesbia Aldeano, gobernadora de la provincia de Darién mediante la cual se le solicita hacer cumplir el acuerdo suscrito entre moradores y campesinos de Arimae, Vista Alegre y Emberá Puru”.
Agrega “el acuerdo señala desalojar a los invasores que no estén incluidos en el mismo e impedir cualquier otra invasión”.
Un mes después, el 23 de mayo, la tónica se mantenía. Esta vez el subdirector Nacional de Política Indigenista encargado, Dorian Ríos, envía una nota al jefe de la Zona de Policía de Santa Fe.
En ella reitera la necesidad de velar por el cumplimiento de lo acordado, al tiempo que añade “hemos tenido conocimiento por las autoridades del área de Pusadrua, que campesinos están invadiendo Arimae y las autoridades locales no están haciendo nada”.
“Pedimos su apoyo para que se desarrolle una inspección”. Todavía esperan que la medida se haga cumplir, afirma Opua.
La situación se agrava con el pasar de los días. Sólo el martes 22 de julio se dio la alerta en Panamá de que cerca de 80 indios habían cerrado la vía a la altura de Arimae en reclamo de tierras a orillas de la carretera que estaban siendo invadidas.
Se armaron con machetes y juraron defender con sus vidas estos territorios que consideran suyos. El incidente exigió la presencia de autoridades locales y de Gobierno y Justicia. Aunque dicho en buen panameño, por los vientos que soplan, el asunto “pica y se extiende”.
