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Alto a la impunidad


Hace algunos días, un dirigente opositor sostenía en un debate televisivo que "en nuestro país existen los mecanismos legales para meter presos a los ladrones de cuello blanco"; que lo que ocurre -según el panelista- es que no hay voluntad para actuar contra estos delincuentes en los niveles que corresponde.

Existen las leyes, pero más efectiva ha sido la triste realidad de que el sistema presidencialista se presta para que la impunidad se ponga de manifiesto en la esfera estatal y particular, pues los encargados de administrar justicia, en nombre de la Constitución y la Ley, no tienen la independencia que debieran tener para cumplir su misión libres de toda presión.

En el país todo se hace a base de componendas y conciliábulos, por lo que la justicia es lenta y a veces ciega. Pocos son los funcionarios judiciales que actúan con independencia de criterio y objetividad, y muchos son los que responden a los hilos del poder. Esto ocurre porque el Presiente de la República es quien nombra a los procuradores de la Nación y de la Administración; a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y a los del Tribunal Electoral; y pienso que mete la mano en el nombramiento del Defensor del Pueblo, por lo que la camarilla de palacio cuenta con mecanismos para inmiscuirse en los asuntos que debieran ser competencia de esas instancias.

Por tal motivo, debe ser prioridad del gobierno entrante el llamado inmediato a una Asamblea Constituyente para erradicar esos vicios vigentes en la emparchada carta política que sirvió a los dictadores de turno y que por muchos parches democratizadores que le han dirigido, aún conserva estas teorías y prácticas que impiden los avances en la administración pública, y, muy particularmente, a la hora de hacer justicia.

La promesa de la Constituyente, por parte de la coalición opositora, es hoy la esperanza del electorado. Será la única oportunidad de inducir a quienes se inclinan por los métodos antidemocráticos, a gobernar con respeto a la independencia de los órganos del Estado, y a rendir cuentas cuando las circunstancias así lo exijan.

101 años de Panamá América

 
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