Alto a la violencia callejera
La remoción provisional del director general de la Caja de Seguro Social, Juan Jované, dispuesta por la presidenta de la República, Mireya Moscoso, previa resolución motivada en el mismo sentido adoptada por la junta directiva de la entidad, ha provocado una violenta reacción callejera de algunos grupos organizados del sector obrero, principalmente del sindicato de la construcción, acompañada con un paro de los administrativos de la misma institución.
Al menos un almacén ubicado en el área de Paitilla, fue apedreado y sus vidrieras rotas; al tiempo que varios vehículos particulares y oficiales sufrieron igual suerte, con el correspondiente saldo de heridos y detenidos tras la correspondiente acción de la Policía Nacional. Las clases, por otra parte, fueron interrumpidas en varios centros de estudios luego que, en el curso de la refriega, estudiantes, profesores y personal de apoyo fuera expuesto al efecto de los gases lacrimógenos, mientras se esforzaban para despachar los buses escolares con su carga de niños y jóvenes de vuelta a sus hogares.
El tranque de vehículos fue monumental y la ciudad capital quedó semi paralizada durante el resto del día de ayer.
¿A dónde lleva la violencia callejera sin sentido, ni razón? Todos sabemos cuándo empieza, pero hay ocasiones que - salida de manos - nadie sabe cuándo ni cómo terminarla. En esta circunstancia, lo pertinente es no empujar jamás esa rueda fatídica. Los autores de esa violencia están equivocados.
En democracia, vivimos en un estado de Derecho, o lo que es lo mismo, bajo el imperio de la ley. La remoción de Jované puede haber sido mal vista por muchos y con agrado por otros, pero hemos de tener claro que la decisión final corresponde según la ley a la presidenta constitucional de la República, gústenos o no. Esa es su facultad y para eso la eligió la mayoría del pueblo en elecciones libres y legítimas. Si alguien tiene reservas legales, ha de acudir a los tribunales, no a las piedras, ni a las molotov.
En cuanto a este medio, podemos igual estar conformes o no con la decisión adoptada. Pero eso no es tan importante. Lo realmente relevante es tener presente que, en democracia, el derecho a discrepar de la decisión de los gobernantes legítimos, nunca debe llegar al extremo de la violencia, sobre todo si esa decisión, aunque no nos guste, tiene lugar dentro de las facultades que otorga la ley. Porque así se funciona en democracia.
La mayoría elige un presidente para mandar sobre todos, sobre quienes lo favorecimos con nuestro voto y sobre los que votamos en contra.
Obviamente, corresponde a quienes gobiernan asumir las responsabilidades históricas y legales de sus decisiones.
Al menos un almacén ubicado en el área de Paitilla, fue apedreado y sus vidrieras rotas; al tiempo que varios vehículos particulares y oficiales sufrieron igual suerte, con el correspondiente saldo de heridos y detenidos tras la correspondiente acción de la Policía Nacional. Las clases, por otra parte, fueron interrumpidas en varios centros de estudios luego que, en el curso de la refriega, estudiantes, profesores y personal de apoyo fuera expuesto al efecto de los gases lacrimógenos, mientras se esforzaban para despachar los buses escolares con su carga de niños y jóvenes de vuelta a sus hogares.
El tranque de vehículos fue monumental y la ciudad capital quedó semi paralizada durante el resto del día de ayer.
¿A dónde lleva la violencia callejera sin sentido, ni razón? Todos sabemos cuándo empieza, pero hay ocasiones que - salida de manos - nadie sabe cuándo ni cómo terminarla. En esta circunstancia, lo pertinente es no empujar jamás esa rueda fatídica. Los autores de esa violencia están equivocados.
En democracia, vivimos en un estado de Derecho, o lo que es lo mismo, bajo el imperio de la ley. La remoción de Jované puede haber sido mal vista por muchos y con agrado por otros, pero hemos de tener claro que la decisión final corresponde según la ley a la presidenta constitucional de la República, gústenos o no. Esa es su facultad y para eso la eligió la mayoría del pueblo en elecciones libres y legítimas. Si alguien tiene reservas legales, ha de acudir a los tribunales, no a las piedras, ni a las molotov.
En cuanto a este medio, podemos igual estar conformes o no con la decisión adoptada. Pero eso no es tan importante. Lo realmente relevante es tener presente que, en democracia, el derecho a discrepar de la decisión de los gobernantes legítimos, nunca debe llegar al extremo de la violencia, sobre todo si esa decisión, aunque no nos guste, tiene lugar dentro de las facultades que otorga la ley. Porque así se funciona en democracia.
La mayoría elige un presidente para mandar sobre todos, sobre quienes lo favorecimos con nuestro voto y sobre los que votamos en contra.
Obviamente, corresponde a quienes gobiernan asumir las responsabilidades históricas y legales de sus decisiones.
