Alza de aranceles
Honrando otra de sus promesas de campaña, ante numerosa concurrencia que se dio cita a la celebración del "Día del Productor Agropecuario", en Tierras Altas, Chiriquí, la presidenta Mireya Moscoso anunció el viernes pasado el aumento de los aranceles de importación en algunos rubros del sector, que incluye: leche (en polvo, pasteurizada y en UTH), azúcar (cruda y refinada), cebolla, papas, tomate industrial, arroz, cerdo, carne, pollo y sus derivados.
Dijo que a partir de la semana entrante el aumento se hará efectivo, previa consideración por el Consejo de Gabinete de un estudio, en el cual se contemplan los "plazos para la debida desgravación", o sea, la gradualidad que durante años viene este diario preconizando para dar tiempo a nuestro agro para reconvertirse en más competitivo con el indispensable apoyo oficial. Dejó claro asimismo, que esos no son los únicos rubros que serán objeto del incremento, puesto que quedan otros que están siendo evaluados y que próximamente serán añadidos a la lista.
De concretarse la medida, sería la primera señal evidente de cambio de política económica con respecto a la seguida por su predecesor, Ernesto Pérez Balladares, que siguió una senda contraria, al bajar drásticamente los aranceles del sector a niveles de hasta diez y veinte veces por debajo del techo convenido por Panamá con la Organización Mundial de Comercio.
Ya durante la semana que termina, el gobierno había anunciado que no privatizaría el Banco de Desarrollo Agropecuario sino que lo fortalecería con capital fresco para apoyar al pequeño y mediano agricultor. El anuncio sorprendió a quienes recordaron que el citado banco estaba en la lista de entidades a privatizar, junto con el Banco Hipotecario Nacional, según sugerencia de las IFIs.
Hace pocos días, la presidenta se refirió a la intención de su gobierno de propiciar la creación de tres mil fincas autosostenibles, diseminadas por todo el país, a cargo de pequeños productores que serían asistidos por expertos nacionales y extranjeros en modernas técnicas agropecuarias y de mercadeo.
Hasta la Comisión de Libre Competencia (CLICAC), a través de sus comisionados, ha dado muestra de disposición hacia una nueva tendencia, más dispuesta a prestar oídos al clamor de los productores nacionales, reconociendo la validez de las tesis de la gradualidad y de la justa competencia.
En parte ha influido en la nueva tendencia el reconocimiento de que la drástica apertura no ha tenido mayor incidencia en los precios de la canasta alimenticia y, en cambio, ha llenado los bolsillos de unos pocos importadores que se han quedado con la diferencia de los bajos aranceles, al tiempo que el campo evidencia un rápido deterioro, con la consecuente agravación de la presión migratoria sobre las zonas urbanas y su secuela de invasiones, marginación, inseguridad y alto riesgo.
Por eso, ante una pobreza que el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá ha situado en 37% y un 12% de desempleo, resulta sabia la medida, mientras dan fruto las actuales políticas de desarrollo sostenible para un país que requiere por su propia supervivencia preservar el equilibrio entre una metrópoli cosmopolita y moderna y un interior robusto y próspero.
Dijo que a partir de la semana entrante el aumento se hará efectivo, previa consideración por el Consejo de Gabinete de un estudio, en el cual se contemplan los "plazos para la debida desgravación", o sea, la gradualidad que durante años viene este diario preconizando para dar tiempo a nuestro agro para reconvertirse en más competitivo con el indispensable apoyo oficial. Dejó claro asimismo, que esos no son los únicos rubros que serán objeto del incremento, puesto que quedan otros que están siendo evaluados y que próximamente serán añadidos a la lista.
De concretarse la medida, sería la primera señal evidente de cambio de política económica con respecto a la seguida por su predecesor, Ernesto Pérez Balladares, que siguió una senda contraria, al bajar drásticamente los aranceles del sector a niveles de hasta diez y veinte veces por debajo del techo convenido por Panamá con la Organización Mundial de Comercio.
Ya durante la semana que termina, el gobierno había anunciado que no privatizaría el Banco de Desarrollo Agropecuario sino que lo fortalecería con capital fresco para apoyar al pequeño y mediano agricultor. El anuncio sorprendió a quienes recordaron que el citado banco estaba en la lista de entidades a privatizar, junto con el Banco Hipotecario Nacional, según sugerencia de las IFIs.
Hace pocos días, la presidenta se refirió a la intención de su gobierno de propiciar la creación de tres mil fincas autosostenibles, diseminadas por todo el país, a cargo de pequeños productores que serían asistidos por expertos nacionales y extranjeros en modernas técnicas agropecuarias y de mercadeo.
Hasta la Comisión de Libre Competencia (CLICAC), a través de sus comisionados, ha dado muestra de disposición hacia una nueva tendencia, más dispuesta a prestar oídos al clamor de los productores nacionales, reconociendo la validez de las tesis de la gradualidad y de la justa competencia.
En parte ha influido en la nueva tendencia el reconocimiento de que la drástica apertura no ha tenido mayor incidencia en los precios de la canasta alimenticia y, en cambio, ha llenado los bolsillos de unos pocos importadores que se han quedado con la diferencia de los bajos aranceles, al tiempo que el campo evidencia un rápido deterioro, con la consecuente agravación de la presión migratoria sobre las zonas urbanas y su secuela de invasiones, marginación, inseguridad y alto riesgo.
Por eso, ante una pobreza que el Instituto de Estudios Nacionales de la Universidad de Panamá ha situado en 37% y un 12% de desempleo, resulta sabia la medida, mientras dan fruto las actuales políticas de desarrollo sostenible para un país que requiere por su propia supervivencia preservar el equilibrio entre una metrópoli cosmopolita y moderna y un interior robusto y próspero.
