Amenaza a la prosperidad latinoamericana
WASHINGTON (AIPE).- El tratado de las Naciones Unidas sobre el recalentamiento terrestre amenaza el futuro económico de América Latina. Algunos de los defensores del protocolo de Kioto especulan que puede beneficiar al hemisferio al estimular la ayuda económica y transferencias tecnológicas de Estados Unidos. Pero la realidad es que la amplia gama de pérdidas que resultarían de regulaciones internacionales al ambiente es potencialmente devastadora para América Latina.
Si se ratifica el protocolo de Kioto, Estados Unidos y el resto de las economías industrializadas se verían obligadas a reducir el consumo de combustibles. Según una teoría que no ha sido todavía comprobada, las emisiones de dióxido de carbono contribuirían al recalentamiento gradual de la atmósfera durante los próximos 100 años, produciendo cambios climáticos catastróficos. Al restringir la utilización de energía, el convenio climático de Kioto busca prevenir ese recalentamiento. Sin embargo, los registros de temperatura obtenidos por los satélites de Estados Unidos indican que el clima se ha enfriado levemente entre 1979 y 1997, hecho que la teoría del recalentamiento no puede explicar.
Los países en desarrollo desesperadamente necesitan energía abundante.
Toda la producción y el consumo de bienes y servicios dependen de la oferta de energía a precios asequibles. La electricidad es vital para las viviendas y las fábricas. Frenar el consumo mundial de energía es una tarea muy costosa que le impediría a los latinoamericanos alcanzar un mejor nivel de vida.
En Estados Unidos, alrededor del 85% de la energía es derivada del carbón, petróleo y gas natural, fuentes de energía que se volverían dramáticamente más costosas bajo el convenio de Kioto. Por eso es que Estados Unidos quiere aliviar el peso que le correspondería, persuadiendo a países en desarrollo a que participen en ese acuerdo internacional. Por ejemplo, Estados Unidos ha propuesto que los países latinoamericanos siembren bosques que absorban el dióxido de carbono, proyectos que serían financiados por el Banco Mundial y supervisados por agencias gubernamentales.
Esos planes les permitirían a los dueños de las tierras obtener modestas ganancias, pero como se trata de inversiones políticas no buscan maximizar las utilidades y la caótica experiencia de las inversiones estatales es indicativa de lo que sucedería.
Un control internacional de la energía tiene graves implicaciones para los países en desarrollo. El tratado obligaría a Estados Unidos a reducir en más de un tercio los niveles de consumo previstos para el año 2012. Los precios de combustibles para el transporte, la calefacción, la refrigeración y la producción industrial se dispararían. Gran parte de América Latina tendría que ser reforestada, convirtiendo la región en una especie de museo de historia natural para evitar la recesión que Kioto impondría en la economía de Estados Unidos. ¿Están las industrias latinoamericanas dispuestas a aceptar ese sacrificio de su soberanía y de su potencial de crecimiento?
Una contracción económica en Estados Unidos afectaría más a América Latina que la crisis asiática. Chile exporta 2.000 millones de dólares a Estados Unidos cada año, Brasil 10.000 millones, México 86.000 millones.
Tales niveles de exportaciones dependen de que los consumidores estadounidenses tengan dinero para gastar.
Los nuevos proyectos del Banco Mundial le darían inmenso poder a los grupos de activistas verdes, quienes ya reciben el grueso de sus fondos de los gobiernos. Una revisión del financiamiento ambiental concedido por el Banco Mundial, 700 millones de dólares en los últimos seis años, muestra que casi la mitad de esos fondos, 312.000 millones, fueron a proyectos manejados por activistas ambientales.
El recalentamiento de la tierra es un negocio lucrativo para grupos como Greenpeace, no para empresarios.
Los activistas verdes pretenden controlar y frenar el desarrollo económico, impidiendo que los latinoamericanos desarrollen sus recursos energéticos. Cabilderos verdes ya lograron que el Banco Mundial cancelara créditos para la construcción de represas en la India y Nepal. Actualmente están en campaña para impedir la expansión de energía hidroeléctrica, minas y explotaciones madereras en Chile.
Estados Unidos le pidió a América Latina en la reciente conferencia en Buenos Aires que planificara su futuro con un uso restringido de combustibles. Sin embargo, hay una relación directa entre la abundancia de electricidad y la prosperidad económica. Cualquier política que restrinja o aumente el precio de la energía dificultará considerablemente el desarrollo. Sería inmoral negarle a los países pobres de América Latina las oportunidades que Estados Unidos sí tuvo.
Si se ratifica el protocolo de Kioto, Estados Unidos y el resto de las economías industrializadas se verían obligadas a reducir el consumo de combustibles. Según una teoría que no ha sido todavía comprobada, las emisiones de dióxido de carbono contribuirían al recalentamiento gradual de la atmósfera durante los próximos 100 años, produciendo cambios climáticos catastróficos. Al restringir la utilización de energía, el convenio climático de Kioto busca prevenir ese recalentamiento. Sin embargo, los registros de temperatura obtenidos por los satélites de Estados Unidos indican que el clima se ha enfriado levemente entre 1979 y 1997, hecho que la teoría del recalentamiento no puede explicar.
Los países en desarrollo desesperadamente necesitan energía abundante.
Toda la producción y el consumo de bienes y servicios dependen de la oferta de energía a precios asequibles. La electricidad es vital para las viviendas y las fábricas. Frenar el consumo mundial de energía es una tarea muy costosa que le impediría a los latinoamericanos alcanzar un mejor nivel de vida.
En Estados Unidos, alrededor del 85% de la energía es derivada del carbón, petróleo y gas natural, fuentes de energía que se volverían dramáticamente más costosas bajo el convenio de Kioto. Por eso es que Estados Unidos quiere aliviar el peso que le correspondería, persuadiendo a países en desarrollo a que participen en ese acuerdo internacional. Por ejemplo, Estados Unidos ha propuesto que los países latinoamericanos siembren bosques que absorban el dióxido de carbono, proyectos que serían financiados por el Banco Mundial y supervisados por agencias gubernamentales.
Esos planes les permitirían a los dueños de las tierras obtener modestas ganancias, pero como se trata de inversiones políticas no buscan maximizar las utilidades y la caótica experiencia de las inversiones estatales es indicativa de lo que sucedería.
Un control internacional de la energía tiene graves implicaciones para los países en desarrollo. El tratado obligaría a Estados Unidos a reducir en más de un tercio los niveles de consumo previstos para el año 2012. Los precios de combustibles para el transporte, la calefacción, la refrigeración y la producción industrial se dispararían. Gran parte de América Latina tendría que ser reforestada, convirtiendo la región en una especie de museo de historia natural para evitar la recesión que Kioto impondría en la economía de Estados Unidos. ¿Están las industrias latinoamericanas dispuestas a aceptar ese sacrificio de su soberanía y de su potencial de crecimiento?
Una contracción económica en Estados Unidos afectaría más a América Latina que la crisis asiática. Chile exporta 2.000 millones de dólares a Estados Unidos cada año, Brasil 10.000 millones, México 86.000 millones.
Tales niveles de exportaciones dependen de que los consumidores estadounidenses tengan dinero para gastar.
Los nuevos proyectos del Banco Mundial le darían inmenso poder a los grupos de activistas verdes, quienes ya reciben el grueso de sus fondos de los gobiernos. Una revisión del financiamiento ambiental concedido por el Banco Mundial, 700 millones de dólares en los últimos seis años, muestra que casi la mitad de esos fondos, 312.000 millones, fueron a proyectos manejados por activistas ambientales.
El recalentamiento de la tierra es un negocio lucrativo para grupos como Greenpeace, no para empresarios.
Los activistas verdes pretenden controlar y frenar el desarrollo económico, impidiendo que los latinoamericanos desarrollen sus recursos energéticos. Cabilderos verdes ya lograron que el Banco Mundial cancelara créditos para la construcción de represas en la India y Nepal. Actualmente están en campaña para impedir la expansión de energía hidroeléctrica, minas y explotaciones madereras en Chile.
Estados Unidos le pidió a América Latina en la reciente conferencia en Buenos Aires que planificara su futuro con un uso restringido de combustibles. Sin embargo, hay una relación directa entre la abundancia de electricidad y la prosperidad económica. Cualquier política que restrinja o aumente el precio de la energía dificultará considerablemente el desarrollo. Sería inmoral negarle a los países pobres de América Latina las oportunidades que Estados Unidos sí tuvo.
