Amenazas a los servicios legales internacionales de Panamá
UN APORTE significativo a la economía de Panamá lo constituye el conjunto de servicios financieros, legales, comerciales y de otro tipo que nuestro país ha venido prestando durante décadas a la comunidad internacional, a base de una infraestructura de la que forman parte importante el principio de territorialidad tributaria, el uso del dólar de los EE.UU. la confidencialidad de la información de los clientes, el régimen de sociedades anónimas, la legislación sobre actividades bancarias, la Zona Libre de Colón y otros elementos. Estos servicios al mercado internacional son objeto creciente y concertado de amenazas, presiones, riesgos y sanciones de origen externo e interno que ya están influyendo negativamente en su competitividad y que en un futuro previsible podrían resultar en reducciones considerables en los ingresos por esta exportación de servicios que desarrolla Panamá.
Si bien las amenazas que comentaremos a continuación se proyectan con diferentes grados de rigor sobre los servicios bancarios, financieros, comerciales y eventualmente de otro tipo como la marina mercante, para fines de este artículo nos concretamos a los riesgos, presiones, amenazas y medidas discriminatorias que se proponen o afectan los servicios de tipo legal que prestan abogados y otros proveedores de servicios legales de Panamá en el ámbito internacional.
En primer lugar, se presenta el riesgo de abuso de los servicios legales para amparar actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales, la corrupción política, el financiamiento de actividades terroristas y otro tipo de delitos, especialmente los que tienen una motivación económica. Los profesionales de la abogacía, las empresas proveedoras de servicios legales, los gremios de la profesión legal y las autoridades deben estar atentos al hecho de que los métodos para intentar o cometer tales delitos han evolucionado desde la simple colocación de dinero en efectivo en Bancos hasta el uso actual de personas jurídicas, empresas que operan legalmente, empresas de fachada y otros mecanismos o esquemas en que podría acudirse a servicios legales, para encubrir el origen delictivo de dinero y otros activos.
Por otra parte, los servicios legales hacen frente a la presión de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que impulsa la adopción, por parte de determinados servicios legales que realizan transacciones por cuenta de sus clientes, de las recomendaciones emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional. Estas recomendaciones incluyen la adopción de normas de diligencia debida para prevenir el blanqueo de capitales que son similares en una medida considerable a las que se recomiendan y ponen en prácticas los servicios financieros, incluyendo el reporte a las autoridades de "operaciones sospechosas" de sus clientes por parte de los abogados. Es recomendable que los abogados, los proveedores de servicios legales, los gremios que los representan y las autoridades estudien de manera conjunta la conveniencia o inconveniencia de adoptar las recomendaciones del GAFI u otras medidas de prevención y control, tomando en cuenta elementos como el grado de integridad de los servicios, la imagen profesional del abogado y del servicio legal, la posibilidad real de regulación y auto- regulación, los efectos sobre la competitividad del servicio, las relaciones del abogado con su clientes y con las autoridades, la vigencia del principio de equidad y ausencia de discriminación en el mercado internacional, y otros factores dignos de considerar.
Otro factor de presión y amenazas es el proyecto sobre "competencia tributaria dañina" de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), agrupación de países más ricos del mundo, que ha impuesto a Panamá y a otros centros de servicios internacionales (excluyendo aquellos ubicados en los países de la OCDE), bajo la amenaza de recibir sanciones económicas, el compromiso de adoptar los principios de transparencia, entendida como el acceso de la información para uso tributario de Bancos, abogados y otras empresas, a las autoridades tributarias, y el suministro de esta información, ya sea de naturaleza tributaria criminal o civil, a los países de la OCDE cuando sea requerida por ellos. El cumplimiento de este compromiso debió culminar a inicios del presente año, pero se desarrolla todavía en el seno de la OCDE una discusión sobre trato equitativo y ausencia de discriminación que ha retardado la fase de ejecución. Esta discusión plantea la necesidad de que el gobierno nacional se mantenga enterado regularmente y establezca políticas y alternativas de respuesta a los países de la OCDE, en relación con el compromiso de transparencia e intercambio de información.
En el terreno de las medidas discriminatorias por razones fiscales, Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, México, Perú y Venezuela, inspiradas directa o indirectamente en el proyecto de OCDE, las han venido aplicando por medio de retenciones, sobre tasas, desconocimiento de créditos y otras sanciones que encarecen los servicios desde Panamá y que ocasionan el desplazamiento de la demanda de servicios a otras latitudes. Colombia impone restricciones al ingreso de algunos productos desde la Zona Libre de Colón. Las conversaciones oficiales entre Panamá y los países que discriminan por razones fiscales solamente han tenido como resultado la reiteración de que las medidas serán eliminadas cuando Panamá acceda a celebrar acuerdos para el intercambio de información tributaria. En consecuencia, el Gobierno Nacional tiene frente a sí un conjunto de alternativas de acción frente a estos países, las cuales incluyen la posible aplicación de la Ley de Retorsión y la presentación de recursos ante la Organización Mundial del Comercio.
Por último, un factor de riesgo no menos lesivo, es la falta de conciencia o conocimiento que tengan los propios proveedores de servicios, los gremios respectivos y el Gobierno Nacional, de estos riesgos, presiones, amenazas y sanciones. Y, peor aún, la indiferencia, incapacidad e inacción suyas o del Gobierno para hacerles frente, lo cual expone al país a tomar eventualmente medidas apresuradas e inconvenientes para satisfacer tales demandas. Cuidemos de que Panamá no vuelva ser "el animal que pisa dos veces la misma piedra".
(*) Consultor en Asuntos Económicos y Bancarios.
(*) Presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
Si bien las amenazas que comentaremos a continuación se proyectan con diferentes grados de rigor sobre los servicios bancarios, financieros, comerciales y eventualmente de otro tipo como la marina mercante, para fines de este artículo nos concretamos a los riesgos, presiones, amenazas y medidas discriminatorias que se proponen o afectan los servicios de tipo legal que prestan abogados y otros proveedores de servicios legales de Panamá en el ámbito internacional.
En primer lugar, se presenta el riesgo de abuso de los servicios legales para amparar actividades delictivas relacionadas con el blanqueo de capitales, la corrupción política, el financiamiento de actividades terroristas y otro tipo de delitos, especialmente los que tienen una motivación económica. Los profesionales de la abogacía, las empresas proveedoras de servicios legales, los gremios de la profesión legal y las autoridades deben estar atentos al hecho de que los métodos para intentar o cometer tales delitos han evolucionado desde la simple colocación de dinero en efectivo en Bancos hasta el uso actual de personas jurídicas, empresas que operan legalmente, empresas de fachada y otros mecanismos o esquemas en que podría acudirse a servicios legales, para encubrir el origen delictivo de dinero y otros activos.
Por otra parte, los servicios legales hacen frente a la presión de organismos como el Fondo Monetario Internacional, que impulsa la adopción, por parte de determinados servicios legales que realizan transacciones por cuenta de sus clientes, de las recomendaciones emanadas del Grupo de Acción Financiera Internacional. Estas recomendaciones incluyen la adopción de normas de diligencia debida para prevenir el blanqueo de capitales que son similares en una medida considerable a las que se recomiendan y ponen en prácticas los servicios financieros, incluyendo el reporte a las autoridades de "operaciones sospechosas" de sus clientes por parte de los abogados. Es recomendable que los abogados, los proveedores de servicios legales, los gremios que los representan y las autoridades estudien de manera conjunta la conveniencia o inconveniencia de adoptar las recomendaciones del GAFI u otras medidas de prevención y control, tomando en cuenta elementos como el grado de integridad de los servicios, la imagen profesional del abogado y del servicio legal, la posibilidad real de regulación y auto- regulación, los efectos sobre la competitividad del servicio, las relaciones del abogado con su clientes y con las autoridades, la vigencia del principio de equidad y ausencia de discriminación en el mercado internacional, y otros factores dignos de considerar.
Otro factor de presión y amenazas es el proyecto sobre "competencia tributaria dañina" de la Organización para la Cooperación y Desarrollo Económico (OCDE), agrupación de países más ricos del mundo, que ha impuesto a Panamá y a otros centros de servicios internacionales (excluyendo aquellos ubicados en los países de la OCDE), bajo la amenaza de recibir sanciones económicas, el compromiso de adoptar los principios de transparencia, entendida como el acceso de la información para uso tributario de Bancos, abogados y otras empresas, a las autoridades tributarias, y el suministro de esta información, ya sea de naturaleza tributaria criminal o civil, a los países de la OCDE cuando sea requerida por ellos. El cumplimiento de este compromiso debió culminar a inicios del presente año, pero se desarrolla todavía en el seno de la OCDE una discusión sobre trato equitativo y ausencia de discriminación que ha retardado la fase de ejecución. Esta discusión plantea la necesidad de que el gobierno nacional se mantenga enterado regularmente y establezca políticas y alternativas de respuesta a los países de la OCDE, en relación con el compromiso de transparencia e intercambio de información.
En el terreno de las medidas discriminatorias por razones fiscales, Argentina, Brasil, Chile, España, Italia, México, Perú y Venezuela, inspiradas directa o indirectamente en el proyecto de OCDE, las han venido aplicando por medio de retenciones, sobre tasas, desconocimiento de créditos y otras sanciones que encarecen los servicios desde Panamá y que ocasionan el desplazamiento de la demanda de servicios a otras latitudes. Colombia impone restricciones al ingreso de algunos productos desde la Zona Libre de Colón. Las conversaciones oficiales entre Panamá y los países que discriminan por razones fiscales solamente han tenido como resultado la reiteración de que las medidas serán eliminadas cuando Panamá acceda a celebrar acuerdos para el intercambio de información tributaria. En consecuencia, el Gobierno Nacional tiene frente a sí un conjunto de alternativas de acción frente a estos países, las cuales incluyen la posible aplicación de la Ley de Retorsión y la presentación de recursos ante la Organización Mundial del Comercio.
Por último, un factor de riesgo no menos lesivo, es la falta de conciencia o conocimiento que tengan los propios proveedores de servicios, los gremios respectivos y el Gobierno Nacional, de estos riesgos, presiones, amenazas y sanciones. Y, peor aún, la indiferencia, incapacidad e inacción suyas o del Gobierno para hacerles frente, lo cual expone al país a tomar eventualmente medidas apresuradas e inconvenientes para satisfacer tales demandas. Cuidemos de que Panamá no vuelva ser "el animal que pisa dos veces la misma piedra".
(*) Consultor en Asuntos Económicos y Bancarios.
(*) Presidente de la Asociación Panameña de Ejecutivos de Empresa (APEDE).
