Amor y control
Bill Clinton confesó en una entrevista, al ser cuestionado sobre su affaire con Mónica Lewinski, que lo había hecho porque podía hacerlo ("I did it because I could"). El testimonio puede ser leído como una expresión de cinismo de quien se sabe poderoso, o bien como una revelación de que los controles legales y morales no siempre alcanzan a los gobernantes.
Lo dicho por Clinton refleja probablemente la manera como se sienten los integrantes del gobierno de Moscoso: "Lo hicimos porque podíamos hacerlo". No me refiero a los delitos. Me refieron a los actos que llevan un aparente sello de legalidad, pero que producen escándalo moral. No voy a hacer la lista aquí porque dichos actos son de sobra conocidos -y además porque la enumeración es larga. Son cosas como la decisión de manejar las donaciones del gobierno de Taiwan al Estado panameño a través de una fundación privada, para permitirse una serie de transacciones fuera del ámbito del brazo fiscalizador del Estado; la exoneración de 22 millones de dólares anuales en concepto de impuestos a PPC, por medio de una resolución ministerial; el uso de la partida discrecional como si fuese una mesada extra que la Presidencia de la República maneja a su antojo sin necesidad de transparencia alguna; la venta de la casa de Punta Mala; el abultamiento de la planilla estatal y la destrucción del equilibrio fiscal; los indultos a terroristas, a personas sin sentencia y hasta sin proceso.
Para los ciudadanos la conclusión obligada es que el Estado se encuentra en indefensión total ante los malos políticos, que se sienten respaldados por el pueblo hasta en sus fechorías. Los ciudadanos los elegimos, pero no tenemos los controles necesarios sobre ellos para impedir que hagan lo que hicieron; y ellos no tienen la conciencia moral que les impida hacerlo.
Cuando los militares mandaban, les echábamos la culpa a ellos. Ahora ya no hay militares, pero el ejercicio abusivo del poder ha vuelto a convertirse en una preocupación. Para los que piensan que esto es un fenómeno coyuntural la respuesta política dada por la ciudadanía en las pasadas elecciones basta. Martín Torrijos obtuvo un amplio margen de votación a su favor debido a su promesa de "cero corrupción". No es que todos los votos estuvieran motivados por la intolerancia hacia la corrupción. Lo que esto quiere decir es que más allá de la disciplina de partido, más allá del probado liderazgo político, la propuesta de Torrijos resultó creíble y atractiva para una población que, sin ser mayoritaria, fue decisiva para que el triunfo tuviera el carácter demoledor que tuvo.
Vistas así las cosas, estamos en buenas manos y esto no sólo es suficiente, sino que es lo único que se puede lograr. Así piensan muchos que respaldan a Torrijos y creen, equivocadamente, que así le hacen un favor. Pienso que esta interpretación de la solución no es una solución, en absoluto, y que más bien tiende a reforzar todo lo malo que hay en esta democracia nuestra postmilitar. Tras el supuesto respaldo al presidente se esconde una defensa subrepticia del status quo, que al respecto significa ausencia de controles adecuados en el ejercicio del poder.
Si Panamá no tiene un mejor sistema de controles institucionales es por una buena razón. Es porque su clase gobernante no podría gobernar con tantos controles, con tantas limitaciones, tantas prohibiciones. Pero en Panamá ni siquiera las leyes existentes se aplican plenamente, ya sea que quede al arbitrio del Ejecutivo decidir si aplica o no una norma, ya sea que los tribunales de justicia distorsionen el sentido de las instituciones con tal de favorecer a los detendadores de poder. Incluso, las leyes existentes ya molestan. Los grupos que se alternan en el ejercicio del poder necesitan de la discrecionalidad, que se puede transformar en arbitrariedad. Necesitan tener los indultos allí, a la mano, para cuando sean necesarios; odian las rigideces que traería consigo la ejecución de la carrera administrativa, porque de otra forma se perdería una buena parte del botín político.
Ha sido señalado una y otra vez que en América Latina, en general, y en Panamá, en particular, las leyes se hicieron para no cumplirse. En materia de aplicación de la ley (eso que los anglosajones llaman "law enforcement"), tenemos una larga y mala tradición. El efecto acumulado de la frustante experiencia repetida una y otra vez lleva con frecuencia a dejar de valorar lo que es una buena ley, ya que de ellas se dice que son una utopía, no para ensalzarlas, sino para criticarlas por su falta de realismo. Es probable que dicha ley se encuentre muy lejos de la isla que Tomás Moro soñó y que en realidad responda a fines absolutamente prácticos. Es altamente probable que no haya sido un acto de creación sin paralelo en la historia universal de las instituciones jurídicas del mundo occidental, y que el asunto haya sido ampliamente discutido en otras partes antes que aquí y que sea perfectamente aplicable entre seres humanos. ¿Por qué entonces no se aplica en Panamá? Porque lo que se busca es ajustar la ley a la comodidad del poder, a los pactos entre poderosos.
En este escenario se ha generalizado la sabiduría conservadora (y no porque conserve el medio ambiente) que sugiere dejar de estar inventándose nuevas leyes y aplicar las existentes. Esta es otra falacia para impedir la discusión sobre la institucionalidad más adecuada a la democracia.
La tarea que tiene por delante el actual gobierno en materia de lucha anti-corrupción no se refiere sólo a ser "correctos" en el ejercicio del poder y a aplicar las leyes existentes. "Cero corrupción" también es poner de pie una institucionalidad que constituya una especie de dique para que las autoridades no tengan más remedio que ser correctos porque se sienten permanentemente vigilados y vulnerables ante el público por cualquier conducta desviada en que hubieren podido deslizarse. Lo deseable es que al terminar su período sobre la corrupción se diga: "No lo hicieron porque no pudieron".
La comunidad está impaciente, con fe en la palabra empeñada, pero existe un límite y estamos cerca de él.
DR: ¿Cuál sería la mecánica para presentarle eso al país que no sean simplemente separatas dentro de un periódico, o lindas cuñas publicitarias? ¿Qué otro tipo de mecánica se puede hacer para que de verdad la gente se sienta informada e involucrada en el tema?
Ricaurte Vásquez: Eso va a requerir participación de muchas personas, inclusive más allá de la Autoridad del Canal de Panamá. Yo creo que a la ACP no le teme a la posibilidad del debate y de la discusión. Después de haber hecho los trabajos que se han hecho, la Administración del Canal de Panamá se siente relativamente cómoda con los resultados de los estudios y la propuesta que va a ser consistente con esos estudios. Ahora, ha resultado ser un tema mucho más emocional en algunos casos, que realmente técnicos. Hay que considerar que todos los panameños tienen que decir algo sobre este tema.
DR: Es que todos nos sentimos dueños de ese Canal.
Ricaurte Vásquez: Y con justa razón. Es por eso que uno tiene que tratar de desarrollar este diálogo que permita hablar de ingenieros a ingenieros, de economistas a economistas y el público en general como público en general. Y a los campesinos de la cuenca hay que incorporarlos y la gente que no está cerca de la cuenca, que no está en el área metropolitana, también. Porque sí existe de alguna forma un sentimiento de que la reversión del Canal de Panamá no le ha traído bienestar al país. Yo creo que un paso interesante, precisamente en esta jefatura, sería que la Administración del Gobierno Central reconozca que parte de las obras que se van desarrollando se hacen precisamente con los recursos del Canal. De esta manera se crea la conciencia de que efectivamente el Canal ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los panameños, que es importante mantener al Canal de Panamá como una fuente permanente de ingresos y riquezas para todos los panameños y presentar una propuesta que haga todo el sentido económico, todo el sentido de bienestar para este país. La primera regla de decisión en materia de la ampliación del Canal de Panamá es qué beneficio le toca a Panamá.
DR: ¿Se ha contemplado cómo se financiaría la ampliación del Canal si se llegara a dar?
Ricaurte Vásquez: La ampliación del Canal se debe financiar con peajes y los ingresos que genera el Canal. Se va a requerir algún financiamiento en el momento en que se acelere el proceso de construcción, pero no necesariamente estamos pensando que la totalidad de la inversión que vaya a hacer el Canal de Panamá va a ser financiada. Este es un detalle importantísimo. Solo supongamos que la ampliación del Canal costase cuatro mil millones de balboas, la gente inmediatamente asocia que nos vamos a endeudar en cuatro mil millones de balboas y eso no es cierto. El Canal de Panamá no se va a endeudar por la totalidad, porque está generando reservas y utilidades para poder ir acometiendo lo que sea necesario para ir haciendo esa expansión.
DR: ¿Y no son reservas y utilidades que de otra manera se pudieran utilizar en beneficio de estructura del país?
Ricaurte Vásquez: Bueno, si en algún momento resultase que no es viable la ampliación del Canal, entonces esas reservas tendrían que redirigirse a resolver otros problemas internos, eso es cierto. El asunto es dónde los recursos del Canal producen el máximo beneficio. Y evidentemente, y por eso los estudios del impacto en la economía panameña, mayor beneficio produce haciendo una inversión que mantenga la vía acuática operativa para los próximos 100 años que posiblemente utilizarla para el repago de la deuda, por ejemplo.
Lo dicho por Clinton refleja probablemente la manera como se sienten los integrantes del gobierno de Moscoso: "Lo hicimos porque podíamos hacerlo". No me refiero a los delitos. Me refieron a los actos que llevan un aparente sello de legalidad, pero que producen escándalo moral. No voy a hacer la lista aquí porque dichos actos son de sobra conocidos -y además porque la enumeración es larga. Son cosas como la decisión de manejar las donaciones del gobierno de Taiwan al Estado panameño a través de una fundación privada, para permitirse una serie de transacciones fuera del ámbito del brazo fiscalizador del Estado; la exoneración de 22 millones de dólares anuales en concepto de impuestos a PPC, por medio de una resolución ministerial; el uso de la partida discrecional como si fuese una mesada extra que la Presidencia de la República maneja a su antojo sin necesidad de transparencia alguna; la venta de la casa de Punta Mala; el abultamiento de la planilla estatal y la destrucción del equilibrio fiscal; los indultos a terroristas, a personas sin sentencia y hasta sin proceso.
Para los ciudadanos la conclusión obligada es que el Estado se encuentra en indefensión total ante los malos políticos, que se sienten respaldados por el pueblo hasta en sus fechorías. Los ciudadanos los elegimos, pero no tenemos los controles necesarios sobre ellos para impedir que hagan lo que hicieron; y ellos no tienen la conciencia moral que les impida hacerlo.
Cuando los militares mandaban, les echábamos la culpa a ellos. Ahora ya no hay militares, pero el ejercicio abusivo del poder ha vuelto a convertirse en una preocupación. Para los que piensan que esto es un fenómeno coyuntural la respuesta política dada por la ciudadanía en las pasadas elecciones basta. Martín Torrijos obtuvo un amplio margen de votación a su favor debido a su promesa de "cero corrupción". No es que todos los votos estuvieran motivados por la intolerancia hacia la corrupción. Lo que esto quiere decir es que más allá de la disciplina de partido, más allá del probado liderazgo político, la propuesta de Torrijos resultó creíble y atractiva para una población que, sin ser mayoritaria, fue decisiva para que el triunfo tuviera el carácter demoledor que tuvo.
Vistas así las cosas, estamos en buenas manos y esto no sólo es suficiente, sino que es lo único que se puede lograr. Así piensan muchos que respaldan a Torrijos y creen, equivocadamente, que así le hacen un favor. Pienso que esta interpretación de la solución no es una solución, en absoluto, y que más bien tiende a reforzar todo lo malo que hay en esta democracia nuestra postmilitar. Tras el supuesto respaldo al presidente se esconde una defensa subrepticia del status quo, que al respecto significa ausencia de controles adecuados en el ejercicio del poder.
Si Panamá no tiene un mejor sistema de controles institucionales es por una buena razón. Es porque su clase gobernante no podría gobernar con tantos controles, con tantas limitaciones, tantas prohibiciones. Pero en Panamá ni siquiera las leyes existentes se aplican plenamente, ya sea que quede al arbitrio del Ejecutivo decidir si aplica o no una norma, ya sea que los tribunales de justicia distorsionen el sentido de las instituciones con tal de favorecer a los detendadores de poder. Incluso, las leyes existentes ya molestan. Los grupos que se alternan en el ejercicio del poder necesitan de la discrecionalidad, que se puede transformar en arbitrariedad. Necesitan tener los indultos allí, a la mano, para cuando sean necesarios; odian las rigideces que traería consigo la ejecución de la carrera administrativa, porque de otra forma se perdería una buena parte del botín político.
Ha sido señalado una y otra vez que en América Latina, en general, y en Panamá, en particular, las leyes se hicieron para no cumplirse. En materia de aplicación de la ley (eso que los anglosajones llaman "law enforcement"), tenemos una larga y mala tradición. El efecto acumulado de la frustante experiencia repetida una y otra vez lleva con frecuencia a dejar de valorar lo que es una buena ley, ya que de ellas se dice que son una utopía, no para ensalzarlas, sino para criticarlas por su falta de realismo. Es probable que dicha ley se encuentre muy lejos de la isla que Tomás Moro soñó y que en realidad responda a fines absolutamente prácticos. Es altamente probable que no haya sido un acto de creación sin paralelo en la historia universal de las instituciones jurídicas del mundo occidental, y que el asunto haya sido ampliamente discutido en otras partes antes que aquí y que sea perfectamente aplicable entre seres humanos. ¿Por qué entonces no se aplica en Panamá? Porque lo que se busca es ajustar la ley a la comodidad del poder, a los pactos entre poderosos.
En este escenario se ha generalizado la sabiduría conservadora (y no porque conserve el medio ambiente) que sugiere dejar de estar inventándose nuevas leyes y aplicar las existentes. Esta es otra falacia para impedir la discusión sobre la institucionalidad más adecuada a la democracia.
La tarea que tiene por delante el actual gobierno en materia de lucha anti-corrupción no se refiere sólo a ser "correctos" en el ejercicio del poder y a aplicar las leyes existentes. "Cero corrupción" también es poner de pie una institucionalidad que constituya una especie de dique para que las autoridades no tengan más remedio que ser correctos porque se sienten permanentemente vigilados y vulnerables ante el público por cualquier conducta desviada en que hubieren podido deslizarse. Lo deseable es que al terminar su período sobre la corrupción se diga: "No lo hicieron porque no pudieron".
La comunidad está impaciente, con fe en la palabra empeñada, pero existe un límite y estamos cerca de él.
DR: ¿Cuál sería la mecánica para presentarle eso al país que no sean simplemente separatas dentro de un periódico, o lindas cuñas publicitarias? ¿Qué otro tipo de mecánica se puede hacer para que de verdad la gente se sienta informada e involucrada en el tema?
Ricaurte Vásquez: Eso va a requerir participación de muchas personas, inclusive más allá de la Autoridad del Canal de Panamá. Yo creo que a la ACP no le teme a la posibilidad del debate y de la discusión. Después de haber hecho los trabajos que se han hecho, la Administración del Canal de Panamá se siente relativamente cómoda con los resultados de los estudios y la propuesta que va a ser consistente con esos estudios. Ahora, ha resultado ser un tema mucho más emocional en algunos casos, que realmente técnicos. Hay que considerar que todos los panameños tienen que decir algo sobre este tema.
DR: Es que todos nos sentimos dueños de ese Canal.
Ricaurte Vásquez: Y con justa razón. Es por eso que uno tiene que tratar de desarrollar este diálogo que permita hablar de ingenieros a ingenieros, de economistas a economistas y el público en general como público en general. Y a los campesinos de la cuenca hay que incorporarlos y la gente que no está cerca de la cuenca, que no está en el área metropolitana, también. Porque sí existe de alguna forma un sentimiento de que la reversión del Canal de Panamá no le ha traído bienestar al país. Yo creo que un paso interesante, precisamente en esta jefatura, sería que la Administración del Gobierno Central reconozca que parte de las obras que se van desarrollando se hacen precisamente con los recursos del Canal. De esta manera se crea la conciencia de que efectivamente el Canal ha contribuido a mejorar la calidad de vida de los panameños, que es importante mantener al Canal de Panamá como una fuente permanente de ingresos y riquezas para todos los panameños y presentar una propuesta que haga todo el sentido económico, todo el sentido de bienestar para este país. La primera regla de decisión en materia de la ampliación del Canal de Panamá es qué beneficio le toca a Panamá.
DR: ¿Se ha contemplado cómo se financiaría la ampliación del Canal si se llegara a dar?
Ricaurte Vásquez: La ampliación del Canal se debe financiar con peajes y los ingresos que genera el Canal. Se va a requerir algún financiamiento en el momento en que se acelere el proceso de construcción, pero no necesariamente estamos pensando que la totalidad de la inversión que vaya a hacer el Canal de Panamá va a ser financiada. Este es un detalle importantísimo. Solo supongamos que la ampliación del Canal costase cuatro mil millones de balboas, la gente inmediatamente asocia que nos vamos a endeudar en cuatro mil millones de balboas y eso no es cierto. El Canal de Panamá no se va a endeudar por la totalidad, porque está generando reservas y utilidades para poder ir acometiendo lo que sea necesario para ir haciendo esa expansión.
DR: ¿Y no son reservas y utilidades que de otra manera se pudieran utilizar en beneficio de estructura del país?
Ricaurte Vásquez: Bueno, si en algún momento resultase que no es viable la ampliación del Canal, entonces esas reservas tendrían que redirigirse a resolver otros problemas internos, eso es cierto. El asunto es dónde los recursos del Canal producen el máximo beneficio. Y evidentemente, y por eso los estudios del impacto en la economía panameña, mayor beneficio produce haciendo una inversión que mantenga la vía acuática operativa para los próximos 100 años que posiblemente utilizarla para el repago de la deuda, por ejemplo.
