Ampliación del Canal, ¿Debate libre y democrático?
JUSTO después de la presentación de la Propuesta de Ampliación del Canal por parte del presidente Martín Torrijos el pasado lunes, sostuvimos en Canal 33 que, como presidente de la Nación, él representa tanto a quienes estarían a favor como a quienes adversarían dicho proyecto.
No es cierto que Martín Torrijos tiene derecho a opinar a favor de la ampliación "como cualquier ciudadano", porque Torrijos no es "cualquier ciudadano": hasta el término de su mandato, Torrijos será el presidente de todos los panameños, y todo lo que haga llevará inexorablemente el sello de su presidencia. Si Martín Torrijos quiere opinar a favor de la ampliación del Canal "como cualquier ciudadano", entonces, que renuncie a la presidencia y promueva el proyecto como dirigente del Partido Revolucionario Democrático o como persona privada.
Mientras sea presidente, Martín Torrijos debe considerar que la nación que preside y representa ya está dividida en torno a la Ampliación del Canal y que, como mandatario, no debe coadyuvar a la polarización, sino a la tranquilidad de nuestro país.
El otro argumento para justificar el apoyo presidencial a la Propuesta de Ampliación del Canal es que sería absurdo que el presidente no apoyara un proyecto prohijado por el gobierno nacional.
Pero una cosa es que el presidente envíe a la Asamblea un tratado para su aprobación o rechazo con recomendaciones de que se apruebe porque se le considera necesario, y otra muy distinta es que el presidente de la República influya en el Órgano Legislativo para asegurarle la aprobación en ese Organo del Estado a un proyecto que, por mandato constitucional, va a ser, además, objeto de un referéndum nacional; es decir, a un proyecto que no es de competencia exclusiva de dichos órganos si no que ha sido remitido constitucionalmente al ámbito de la democracia popular, en cuyo útero nace el acto eminentemente plebiscitario que ha de ejercerse para decidir el futuro de la propuesta "no antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa", como reza el Artículo 325 de la Constitución Nacional.
Es esencial tener en cuenta que el Artículo 315 de la Constitución Nacional establece que, "el Canal de Panamá es un patrimonio inalienable de la Nación panameña". Si ello es cierto, absolutamente nadie, aparte de la Nación panameña, puede decidir en un tema tan fundamental para el país, porque la vía interoceánica no le pertenece al gobierno, no le pertenece al Estado, no le pertenece a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no le pertenece a los partidos políticos que gobiernan este país y usurpan la voluntad de nuestro pueblo.
Nadie ha autorizado a la ACP ni al Gobierno Nacional utilizar los fondos que pertenecen a todos los panameños más allá del gasto necesario para presentar la Propuesta de Ampliación. Es deber del presidente de la República permitir que se expongan parejamente tanto las ventajas como las desventajas, los aspectos que parecen claros y seguros tanto como las zonas grises e interrogantes, en fin, los ángulos positivos y negativos de dicha propuesta. No nos deben tratar como si fuéramos un rebaño.
Si el Presidente toma partido en un asunto privativo del referéndum nacional, éste quedará viciado y perderá toda legitimidad. La posibilidad de que se distorsione el carácter democrático del referéndum mediante la intervención presidencial se hace cada vez más real e intolerable en tanto, en cuanto el Estado, sumado a los recursos con que cuentan la Autoridad del Canal de Panamá y los partidos políticos dominantes, dispone de una maquinaria de persuasión tan poderosa, que la promesa hecha por el presidente de que habrá un "debate libre y democrático" parece un chiste de mal gusto en una sociedad como la nuestra, marcada por la inequidad, la demagogia, la corrupción, el entreguismo a Estados Unidos y el "juegavivo" de los clanes políticos.
Ya ha sido denunciado ante el Tribunal Electoral un contrato estatal, con fondos públicos, a una empresa extranjera con el objetivo de construir el sí en la mente de cada uno de los panameños.
Los asesores presidenciales acertaron en escribir un excelente discurso para nuestro mandatario, pero fallaron al aconsejarle que se casara con el proyecto. Si el referéndum rechaza la Propuesta, ello se traducirá como una derrota política para el presidente, para el PRD y para el gobierno.
En cambio, si el presidente tomara distancia de esta dudosa Propuesta, dejando en libertad a todos para expresarse sin la coacción que siempre coquetea con los tiranos, sin importar cuál fuese el resultado del referéndum, Martín Torrijos tendría el reconocimiento de toda la ciudadanía.
Un "debate libre y democrático" es tarea prácticamente imposible en una sociedad dividida entre propietarios y consumidores anestesiados, de propietarios de los medios de comunicación y de consumidores obligados a digerir mensajes de otros y que sólo hacen oír su voz de entre las migajas de libertad que dejan caer quienes son dueños de la "opinión pública". Pero el solo deseo de propiciar un debate con mayor equidad y menos desigualdad de oportunidades, que demuestre cierto desprendimiento de los dueños de los medios, sería un gran triunfo de la ética sobre la miseria humana.
Lo más importante del referéndum no es la aprobación o el rechazo de la Propuesta, sino la posibilidad de que nuestro pueblo emerja de la consulta popular como una sociedad más consciente, más consolidada en sus valores morales y cívicos, más responsable de nuestro destino y más solidaria con las presentes y futuras generaciones.
(*)Coordinador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Panamá).
No es cierto que Martín Torrijos tiene derecho a opinar a favor de la ampliación "como cualquier ciudadano", porque Torrijos no es "cualquier ciudadano": hasta el término de su mandato, Torrijos será el presidente de todos los panameños, y todo lo que haga llevará inexorablemente el sello de su presidencia. Si Martín Torrijos quiere opinar a favor de la ampliación del Canal "como cualquier ciudadano", entonces, que renuncie a la presidencia y promueva el proyecto como dirigente del Partido Revolucionario Democrático o como persona privada.
Mientras sea presidente, Martín Torrijos debe considerar que la nación que preside y representa ya está dividida en torno a la Ampliación del Canal y que, como mandatario, no debe coadyuvar a la polarización, sino a la tranquilidad de nuestro país.
El otro argumento para justificar el apoyo presidencial a la Propuesta de Ampliación del Canal es que sería absurdo que el presidente no apoyara un proyecto prohijado por el gobierno nacional.
Pero una cosa es que el presidente envíe a la Asamblea un tratado para su aprobación o rechazo con recomendaciones de que se apruebe porque se le considera necesario, y otra muy distinta es que el presidente de la República influya en el Órgano Legislativo para asegurarle la aprobación en ese Organo del Estado a un proyecto que, por mandato constitucional, va a ser, además, objeto de un referéndum nacional; es decir, a un proyecto que no es de competencia exclusiva de dichos órganos si no que ha sido remitido constitucionalmente al ámbito de la democracia popular, en cuyo útero nace el acto eminentemente plebiscitario que ha de ejercerse para decidir el futuro de la propuesta "no antes de los tres meses siguientes a la aprobación legislativa", como reza el Artículo 325 de la Constitución Nacional.
Es esencial tener en cuenta que el Artículo 315 de la Constitución Nacional establece que, "el Canal de Panamá es un patrimonio inalienable de la Nación panameña". Si ello es cierto, absolutamente nadie, aparte de la Nación panameña, puede decidir en un tema tan fundamental para el país, porque la vía interoceánica no le pertenece al gobierno, no le pertenece al Estado, no le pertenece a la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y no le pertenece a los partidos políticos que gobiernan este país y usurpan la voluntad de nuestro pueblo.
Nadie ha autorizado a la ACP ni al Gobierno Nacional utilizar los fondos que pertenecen a todos los panameños más allá del gasto necesario para presentar la Propuesta de Ampliación. Es deber del presidente de la República permitir que se expongan parejamente tanto las ventajas como las desventajas, los aspectos que parecen claros y seguros tanto como las zonas grises e interrogantes, en fin, los ángulos positivos y negativos de dicha propuesta. No nos deben tratar como si fuéramos un rebaño.
Si el Presidente toma partido en un asunto privativo del referéndum nacional, éste quedará viciado y perderá toda legitimidad. La posibilidad de que se distorsione el carácter democrático del referéndum mediante la intervención presidencial se hace cada vez más real e intolerable en tanto, en cuanto el Estado, sumado a los recursos con que cuentan la Autoridad del Canal de Panamá y los partidos políticos dominantes, dispone de una maquinaria de persuasión tan poderosa, que la promesa hecha por el presidente de que habrá un "debate libre y democrático" parece un chiste de mal gusto en una sociedad como la nuestra, marcada por la inequidad, la demagogia, la corrupción, el entreguismo a Estados Unidos y el "juegavivo" de los clanes políticos.
Ya ha sido denunciado ante el Tribunal Electoral un contrato estatal, con fondos públicos, a una empresa extranjera con el objetivo de construir el sí en la mente de cada uno de los panameños.
Los asesores presidenciales acertaron en escribir un excelente discurso para nuestro mandatario, pero fallaron al aconsejarle que se casara con el proyecto. Si el referéndum rechaza la Propuesta, ello se traducirá como una derrota política para el presidente, para el PRD y para el gobierno.
En cambio, si el presidente tomara distancia de esta dudosa Propuesta, dejando en libertad a todos para expresarse sin la coacción que siempre coquetea con los tiranos, sin importar cuál fuese el resultado del referéndum, Martín Torrijos tendría el reconocimiento de toda la ciudadanía.
Un "debate libre y democrático" es tarea prácticamente imposible en una sociedad dividida entre propietarios y consumidores anestesiados, de propietarios de los medios de comunicación y de consumidores obligados a digerir mensajes de otros y que sólo hacen oír su voz de entre las migajas de libertad que dejan caer quienes son dueños de la "opinión pública". Pero el solo deseo de propiciar un debate con mayor equidad y menos desigualdad de oportunidades, que demuestre cierto desprendimiento de los dueños de los medios, sería un gran triunfo de la ética sobre la miseria humana.
Lo más importante del referéndum no es la aprobación o el rechazo de la Propuesta, sino la posibilidad de que nuestro pueblo emerja de la consulta popular como una sociedad más consciente, más consolidada en sus valores morales y cívicos, más responsable de nuestro destino y más solidaria con las presentes y futuras generaciones.
(*)Coordinador del Servicio de Paz y Justicia (Serpaj-Panamá).
