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Análisis


WASHINGTON-Apenas finalizada la del Grupo de Río en Cartagena de Indias, Colombia, ya se prepara el primer encuentro de los jefes de Estado de Sudamérica en Brasilia el 31 de agosto, a escasos día de la "Cumbre del Milenio" de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) en Nueva York. Si las reuniones tuvieran como objetivo solucionar una crisis específica o abordar los crónicos que afligen al continente, evidentemente se justificarían. Otra explicación plausible de los cada vez más frecuentes contactos personales entre los líderes políticos latinoamericanos es que abonen el camino para llegar a esa integración económica tan insistentemente proclamada desde los comienzos del pasado siglo.
Pero, juzgando por los resultados, este propósito también ha quedado demasiado elusivo para ser convincente. Lo peor del caso, sin embargo, es que los organizadores de estos maratones hemisféricos consideran que cada cumbre carecería de valor si no viene acompañada por declaraciones grandilocuentes pero, en la mayoría de los casos, carentes de decisiones políticas efectivas. Estas siempre quedan aplazadas hasta una próxima cumbre o Asamblea General, cuando se trate de la Organización de los Estados Americanos (OEA) o la ONU.
Así la reciente XIV Cumbre del Grupo de Río culminó con un comunicado redolente de lugares comunes como "la reiteración del compromiso de fortalecer la democracia y la promoción y protección de los derechos humanos". Continúa con "renovaron su propósito de fortalecer la democracia como sistema de gobierno y de defender el estado de derecho en Latinoamérica".
Como si esta enésima reiteración de los principios contenidos en la Carta de la OEA suscrita hace más de medio siglo no fuese suficiente, los jefes de Estado "expresamos en particular nuestro compromiso con elecciones periódicas realizas en base a los principios de la legalidad, transparencia y equidad y organizadas y sancionas por órganos de Estados independientes".
Para recalcar la supuesta importancia de este ejercicio retórico, la secretaria del Grupo de Río señala que "el texto está respaldado por la firma de los 15 jefes de Estado" que asistieron al encuentro de Cartagena de Indias.
Lo que no menciona, y hubiera sido interesante que lo hiciera, es que apenas una semana antes una asamblea de cancilleres de la OEA reunida en Windsor, Ontario, consideró, y aprobó, un informe de la misión de observadores de ese organismo que denunció "irregularidades" en el proceso electoral peruano.
Fue en el curso de esas comisiones presidenciales que elementos de la inteligencia militar controlado por Fujimori desataron una campana de coacción contra los medios informativos, llegando hasta la aplicación de inhumanas torturas a un periodista del periódico La República de Lima, crítico del gobierno, al que serrucharon las muñecas hasta el hueso.
Actos como estos provocaron el retiro de los observadores internacionales del país antes de que se realizara la segunda vuelta que lleva al presidente Alberto Fujimori a la tercer reelección. Por cierto, Fujimori fue uno de los firmantes de la declaración de Cartagena.
No es sorprendente, entonces, que algunos se pregunten si estos ejercicios con su legado de frases rimbombantes que ignoran realidades que están en los titulares de los periódicos y que preocupan a la ciudadanía son congruentes con las millonadas que se gastan en estas celebraciones, a la vez que los gobiernos están comprometidos a combatir la desigualdad y la pobreza de sus respectivos países.
Pero quizás lo más grave es la desvalorización que los comunicados y las declaraciones representan para el idioma y a la manera en que socavan la confianza pública en el lenguaje oficial.
Jean Baudrillard, el sociólogo de la modernidad, pudo haberse referido a muchos de los comunicados de las cumbres cuando escribió: "Es la lógica profunda de la comunicación: captar la señal y enviar otra señal en respuesta, responder a las señales con otras señales en lugar de responder con actos"

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