Ante los atropellos
La denuncia por violación a la libertad de expresión en perjuicio del ciudadano panameño Miguel Antonio Bernal, abogado, periodista y defensor de los derechos humanos en Panamá, presentada ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), por el Centro por la Justicia y el Derecho Internacional (CEJIL) pone de manifiesto la gravedad de los atropellos que se vienen perpetrando en Panamá contra la libertad de expresión por parte de los órganos del estado panameño. El CEJIL es una organización no gubernamental de carácter regional, sin fines de lucro, con status consultivo ante la OEA, Naciones Unidas y calidad de observador ante la Comisión Africana de Derechos Humanos. Su objetivo principal es asegurar la plena implementación de normas internacionales de derechos humanos en los Estados miembros de la OEA, mediante el uso efectivo del Sistema Interamericano de derechos humanos y otros mecanismos de protección internacional. CEJIL tiene oficinas en Washington, EE.UU., San José, Costa Rica; Río de Janeiro, Brasil; y representaciones en Argentina, Paraguay y Chile.
En su denuncia, el CEJIL establece claramente que: " La criminalización de los delitos de calumnia e injuria es contraria a las normas internacionales en materia de Derechos Humanos.
La Convención Americana en su artículo 13 establece una amplia protección al derecho a la libertad de expresión, máxime cuando se trate de funcionarios públicos. Por su parte, la Declaración Interamericana de Principios sobre la materia, adoptada en octubre del 2002, expresamente establece que los servidores públicos están en el centro del debate público y por lo tanto, se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, debiendo demostrar mayor tolerancia a la crítica. El caso del Dr. Bernal no es un caso aislado ante este órgano.
La Comisión Interamericana y la Relatoría para la Libertad de expresión han tenido conocimiento de alrededor de 90 casos en donde se han procesado penalmente a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos por el delito de calumnia e injurias, debido a críticas emitidas contra funcionarios públicos panameños."
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, manifestó también "su preocupación por la existencia de un proceso penal por el delito de calumnias e injurias en contra del periodista Miguel Antonio Bernal", al tiempo que expresó que: " La Relatoría ha señalado en reiteradas oportunidades que la existencia y el uso del delito de calumnias o injurias con el fin de acallar las expresiones críticas a la gestión pública es contraria al libre ejercicio de la libertad de expresión", recordó a las autoridades panameñas que de acuerdo a lo señalado por el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas."
También el Comité para la Protección de Periodistas (www.cpj.org), organización independiente, sin fines de lucro, basada en Nueva York, que trabaja para salvaguardar los derechos de la prensa alrededor del mundo, lanzó un comunicado de alerta en el cual, entre otros señalamientos, su directora ejecutiva Ann Cooper, expresó que: " El Comité para la Protección de Periodistas desea que el Juzgado se deshaga de estos cargos injustos. Es inaudito que un periodista pueda ser encarcelado en Panamá por expresar sus opiniones sobre un asunto de claro interés público."
En su comunicado, el CPJ resalta que "Panamá es reconocido por sus leyes restrictivas contra la prensa, conocidas comúnmente como "leyes mordaza". Aunque algunas de las leyes fueron eliminadas en diciembre de 1999, el gobierno panameño no ha cumplido con su compromiso de poner las leyes de prensa a nivel con los estándares internacionales. La Asamblea Legislativa está considerando pasar leyes que restrinjan aún más las libertades de prensa. A la vez, funcionarios del gobierno, incluyendo a la Presidenta Mireya Moscoso, han utilizado las restantes de las leyes mordaza para presentar numerosos casos de calumnia e injuria contra periodistas locales".
El CEJIL en petición elevada ante la CIDH escribió, "La adopción de las medidas cautelares a favor de Miguel Antonio Bernal es indispensable porque su derecho a la libre expresión está siendo violentado a diario por medio de un proceso legal que busca silenciarlo aterrorizarlo y penalizarlo por haber criticado una autoridad y una institución pública.".
Numerosos artículos de opinión extranjeros y nacionales, como los de Betty Brannan, Brittmarie Janson Pérez, Richard Koster, Rafael Pérez Jaramillo, entre otros, han expresado, al igual que amplios sectores de la ciudadanía su repudio a los atropellos a la libertad de expresión que se multiplican hoy como nunca antes en nuestro país.
Pero a pesar de las diversas denuncias contra el Estado panameño, sus autoridades rechazan adecuar la legislación sobre libertad de expresión conforme a los estándares interamericanos en la materia y los fiscales sólo saben pedir que se impongan sanciones penales en los casos de calumnia y de injuria.
Mientras en Panamá no se permita una mayor tolerancia, apertura a la crítica y al debate público, exigencias necesarias para el sustento de una sociedad verdaderamente democrática, continuarán los atropellos contra la cuna de las libertades democráticas: la libertad de expresión.
(mabernal@sinfo.net)
En su denuncia, el CEJIL establece claramente que: " La criminalización de los delitos de calumnia e injuria es contraria a las normas internacionales en materia de Derechos Humanos.
La Convención Americana en su artículo 13 establece una amplia protección al derecho a la libertad de expresión, máxime cuando se trate de funcionarios públicos. Por su parte, la Declaración Interamericana de Principios sobre la materia, adoptada en octubre del 2002, expresamente establece que los servidores públicos están en el centro del debate público y por lo tanto, se exponen a sabiendas al escrutinio de la ciudadanía, debiendo demostrar mayor tolerancia a la crítica. El caso del Dr. Bernal no es un caso aislado ante este órgano.
La Comisión Interamericana y la Relatoría para la Libertad de expresión han tenido conocimiento de alrededor de 90 casos en donde se han procesado penalmente a periodistas, comunicadores y defensores de derechos humanos por el delito de calumnia e injurias, debido a críticas emitidas contra funcionarios públicos panameños."
Por su parte, el Relator Especial para la Libertad de Expresión de la CIDH, Eduardo Bertoni, manifestó también "su preocupación por la existencia de un proceso penal por el delito de calumnias e injurias en contra del periodista Miguel Antonio Bernal", al tiempo que expresó que: " La Relatoría ha señalado en reiteradas oportunidades que la existencia y el uso del delito de calumnias o injurias con el fin de acallar las expresiones críticas a la gestión pública es contraria al libre ejercicio de la libertad de expresión", recordó a las autoridades panameñas que de acuerdo a lo señalado por el principio 10 de la Declaración de Principios sobre Libertad de Expresión: "Las leyes de privacidad no deben inhibir ni restringir la investigación y difusión de información de interés público. La protección a la reputación debe estar garantizada sólo a través de sanciones civiles, en los casos en que la persona ofendida sea un funcionario público o persona pública o particular que se haya involucrado voluntariamente en asuntos de interés público. Además, en estos casos, debe probarse que en la difusión de las noticias el comunicador tuvo intención de infligir daño o pleno conocimiento de que se estaba difundiendo noticias falsas o se condujo con manifiesta negligencia en la búsqueda de la verdad o falsedad de las mismas."
También el Comité para la Protección de Periodistas (www.cpj.org), organización independiente, sin fines de lucro, basada en Nueva York, que trabaja para salvaguardar los derechos de la prensa alrededor del mundo, lanzó un comunicado de alerta en el cual, entre otros señalamientos, su directora ejecutiva Ann Cooper, expresó que: " El Comité para la Protección de Periodistas desea que el Juzgado se deshaga de estos cargos injustos. Es inaudito que un periodista pueda ser encarcelado en Panamá por expresar sus opiniones sobre un asunto de claro interés público."
En su comunicado, el CPJ resalta que "Panamá es reconocido por sus leyes restrictivas contra la prensa, conocidas comúnmente como "leyes mordaza". Aunque algunas de las leyes fueron eliminadas en diciembre de 1999, el gobierno panameño no ha cumplido con su compromiso de poner las leyes de prensa a nivel con los estándares internacionales. La Asamblea Legislativa está considerando pasar leyes que restrinjan aún más las libertades de prensa. A la vez, funcionarios del gobierno, incluyendo a la Presidenta Mireya Moscoso, han utilizado las restantes de las leyes mordaza para presentar numerosos casos de calumnia e injuria contra periodistas locales".
El CEJIL en petición elevada ante la CIDH escribió, "La adopción de las medidas cautelares a favor de Miguel Antonio Bernal es indispensable porque su derecho a la libre expresión está siendo violentado a diario por medio de un proceso legal que busca silenciarlo aterrorizarlo y penalizarlo por haber criticado una autoridad y una institución pública.".
Numerosos artículos de opinión extranjeros y nacionales, como los de Betty Brannan, Brittmarie Janson Pérez, Richard Koster, Rafael Pérez Jaramillo, entre otros, han expresado, al igual que amplios sectores de la ciudadanía su repudio a los atropellos a la libertad de expresión que se multiplican hoy como nunca antes en nuestro país.
Pero a pesar de las diversas denuncias contra el Estado panameño, sus autoridades rechazan adecuar la legislación sobre libertad de expresión conforme a los estándares interamericanos en la materia y los fiscales sólo saben pedir que se impongan sanciones penales en los casos de calumnia y de injuria.
Mientras en Panamá no se permita una mayor tolerancia, apertura a la crítica y al debate público, exigencias necesarias para el sustento de una sociedad verdaderamente democrática, continuarán los atropellos contra la cuna de las libertades democráticas: la libertad de expresión.
(mabernal@sinfo.net)
