Antecedentes negativos de los Consejos de Economía y Relaciones Exteriores
Cada tiempo los Presidentes nombran a prominentes ciudadanos para integrar los Consejos de Relaciones Exteriores y de Economía. No sé si lo hacen para "distinguir" algunos compatriotas o para hacerlos compartir con ellos las responsabilidades de algunas de las decisiones que toman. Salvo en pocas ocasiones y, pienso, que una de ellas, fue cuando se negoció el tratado no aprobado y conocido como el 3 en 1, el Consejo de Relaciones Exteriores tuvo una efectiva participación. Sin embargo, en general, éste no ha tenido ningún efecto práctico en la elaboración de políticas internacionales que hayan sido positivas para el país. Fui nombrado en dos ocasiones para integrar el Consejo de Economía, después éste se convirtió en el de Inversiones y posteriormente, fui parte del de Relaciones Exteriores.
El Dr. Aristides Royo, cuando ejerció la Presidencia de la República, escogió un grupo de empresarios muy destacados, cada uno en su actividad. Recuerdo que lo integraban, entre otros, a don Federico Humbert, Gabriel de la Guardia, Guillermo Chapman, a él pertenecieron también algunos sindicalistas que lamentablemente se sentían muy embuidos por el paternalismo estatal, muy de boga en esos días. Este matalotaje fracasó y de él no salió ninguna estrategia que adecuara o buscara el incremento del desarrollo económico. Es cierto que habían factores políticos difíciles de conciliar. Me tocó después, llamado por el Dr. Barletta, presidir el Consejo de Inversiones. El Dr. Pérez Balladares y el Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Alberto Arias, resucitaron a finales de su gestión de gobierno, el Consejo. Formé parte de él con otros destacadisimos panameños. En las tres ocasiones duré muy poco. Renuncié porque actúe, eran organismos en la práctica inoperante por carecer de una definición clara de qué se esperaba de los mismos, a pesar de lo que indicaran en su decreto constitutivos, eran letra muerta, y, aunque será duro el decirlo, consideré que los mismos representaban una pérdida de tiempo, muy valioso para todos.
El más frustrante fue el último al que pertenecí, al de Relaciones Exteriores. Creí, al integrarme junto con otros panameños muy brillantes, que todos íbamos a presentarle al Presidente y al Ministro recomendaciones para que el gobierno tuviera una base de orientación y alternativas que le facilitaran la toma de importantes decisiones. Como por ejemplo está el caso de las dos Chinas y el establecimiento de una nueva política con los Estados Unidos al implementarse el Tratado Torrijos Carter. Aún hoy carecemos de políticas con respecto a ellas. Lamentablemente, las reuniones del Consejo se circunscribieron a escuchar decisiones ya tomadas y algunas otras cuestiones de muy poca importancia. Poco tiempo después de irme del organismo, entiendo que éste pasó a mejor vida desapareciendo del escenario nacional. El nuevo gobierno ha vuelto a darle vida a este organismo. Desconozco si tiene o tendrá mejor suerte.
En ninguna política económica trascendental que Panamá ha tomado, han tenido injerencia, que yo sepa y recuerde, los distintos consejos económicos. La nacionalización de los servicios públicos y su posterior privatización se llevaron a cabo porque así los dispusieron los gobernantes de turno. Igualmente ha sucedido con las políticas arancelarias del país.
Traigo a colación estos casos y la experiencia que en ellos tuve, como una recomendación al Gobierno Nacional, que ahora con muy buena intención, y siguiendo algunas sugerencias está analizando la idea de constituir un comité o una comisión para buscar o para lograr un plan de desarrollo económico del país. La buena intención puede fracasar si estas consultas que son muy positivas se llevan a cabo sin agenda previa, sin que el gobierno tenga y presente como base de discusión su plan integral de desarrollo de la economía del país. Ese plan debe servir para que en discusiones amplias con todos los sectores que componen la sociedad: comerciantes, industriales, banqueros, obreros, etc., tengan un elemento de análisis que les permita hacer recomendaciones tendientes a mejorar ese plan que el gobierno debe tener como brújula y como meta.
Un comité, comisión o consejo económico a estas alturas, por su propia y disímil constitución llegará, si es que lo hace, a conclusiones sobre nuestro plan de desarrollo económico cuando ya la enfermedad, muy posiblemente, mató al paciente. El tiempo es oro y no lo tenemos para perder. Se necesita rapidez en la acción. Todos buscamos, sin la menor duda, como prioridad reducir la altísima tasa de desempleo y poder procurarle a todos los panameños, de manera muy especial a los marginados, una mejor condición de vida.
El buen gobierno tiene sus planes -promesas de campaña- y estos deben abrirse a la consulta amplia de los distintos sectores y de esas discusiones lograr el concurso mayoritario de las fuerzas vivas del país. Pero la obligación primaria del gobierno es presentarle a la opinión pública hacia dónde quiere ir y cómo lo podrá lograr.
El Dr. Aristides Royo, cuando ejerció la Presidencia de la República, escogió un grupo de empresarios muy destacados, cada uno en su actividad. Recuerdo que lo integraban, entre otros, a don Federico Humbert, Gabriel de la Guardia, Guillermo Chapman, a él pertenecieron también algunos sindicalistas que lamentablemente se sentían muy embuidos por el paternalismo estatal, muy de boga en esos días. Este matalotaje fracasó y de él no salió ninguna estrategia que adecuara o buscara el incremento del desarrollo económico. Es cierto que habían factores políticos difíciles de conciliar. Me tocó después, llamado por el Dr. Barletta, presidir el Consejo de Inversiones. El Dr. Pérez Balladares y el Ministro de Relaciones Exteriores, Ricardo Alberto Arias, resucitaron a finales de su gestión de gobierno, el Consejo. Formé parte de él con otros destacadisimos panameños. En las tres ocasiones duré muy poco. Renuncié porque actúe, eran organismos en la práctica inoperante por carecer de una definición clara de qué se esperaba de los mismos, a pesar de lo que indicaran en su decreto constitutivos, eran letra muerta, y, aunque será duro el decirlo, consideré que los mismos representaban una pérdida de tiempo, muy valioso para todos.
El más frustrante fue el último al que pertenecí, al de Relaciones Exteriores. Creí, al integrarme junto con otros panameños muy brillantes, que todos íbamos a presentarle al Presidente y al Ministro recomendaciones para que el gobierno tuviera una base de orientación y alternativas que le facilitaran la toma de importantes decisiones. Como por ejemplo está el caso de las dos Chinas y el establecimiento de una nueva política con los Estados Unidos al implementarse el Tratado Torrijos Carter. Aún hoy carecemos de políticas con respecto a ellas. Lamentablemente, las reuniones del Consejo se circunscribieron a escuchar decisiones ya tomadas y algunas otras cuestiones de muy poca importancia. Poco tiempo después de irme del organismo, entiendo que éste pasó a mejor vida desapareciendo del escenario nacional. El nuevo gobierno ha vuelto a darle vida a este organismo. Desconozco si tiene o tendrá mejor suerte.
En ninguna política económica trascendental que Panamá ha tomado, han tenido injerencia, que yo sepa y recuerde, los distintos consejos económicos. La nacionalización de los servicios públicos y su posterior privatización se llevaron a cabo porque así los dispusieron los gobernantes de turno. Igualmente ha sucedido con las políticas arancelarias del país.
Traigo a colación estos casos y la experiencia que en ellos tuve, como una recomendación al Gobierno Nacional, que ahora con muy buena intención, y siguiendo algunas sugerencias está analizando la idea de constituir un comité o una comisión para buscar o para lograr un plan de desarrollo económico del país. La buena intención puede fracasar si estas consultas que son muy positivas se llevan a cabo sin agenda previa, sin que el gobierno tenga y presente como base de discusión su plan integral de desarrollo de la economía del país. Ese plan debe servir para que en discusiones amplias con todos los sectores que componen la sociedad: comerciantes, industriales, banqueros, obreros, etc., tengan un elemento de análisis que les permita hacer recomendaciones tendientes a mejorar ese plan que el gobierno debe tener como brújula y como meta.
Un comité, comisión o consejo económico a estas alturas, por su propia y disímil constitución llegará, si es que lo hace, a conclusiones sobre nuestro plan de desarrollo económico cuando ya la enfermedad, muy posiblemente, mató al paciente. El tiempo es oro y no lo tenemos para perder. Se necesita rapidez en la acción. Todos buscamos, sin la menor duda, como prioridad reducir la altísima tasa de desempleo y poder procurarle a todos los panameños, de manera muy especial a los marginados, una mejor condición de vida.
El buen gobierno tiene sus planes -promesas de campaña- y estos deben abrirse a la consulta amplia de los distintos sectores y de esas discusiones lograr el concurso mayoritario de las fuerzas vivas del país. Pero la obligación primaria del gobierno es presentarle a la opinión pública hacia dónde quiere ir y cómo lo podrá lograr.
