Antifidelistas a la muerte

Abogado y periodista

Si a los enemigos de Fidel se le acumulan las pruebas suficientes y se dan los indicios necesarios para abrirles causa criminal, entonces ellos deberán ser juzgados en Panamá a fin de que, luego de un proceso transparente, en el que habrá de imperar la presunción de inocencia y la aplicación del debido proceso, se les apliquen los términos que señala la ley como sentencia.
Rendirse a las amenazas de Fidel preferidas contra nuestro país durante su denuncia en el Aeropuerto de Tocumen, será tanto como hipotecar nuestra dignidad nacional y sucumbir a su agresión contra la soberanía jurisdiccional. Enviar a los supuestos terroristas antifidelistas a Cuba, es, sencillamente, lanzarlos al foso de las fieras, para congraciarse con las exigencias tiránicas de quien ha impuesto en su país un régimen judicial de terror y muerte.
Ya en la jaula cubana los extraditados serían devorados por un sistema judicial en donde la pena de muerte es la tónica imperante contra los que detestan a Fidel Castro. Igual sería, también, extraditarlos a un país distinto pero sumiso al fidelismo, como sería, por ejemplo, Venezuela, ya que dicho país inmediatamente los entregaría a las autoridades cubanas, con lo que se burlaría el propósito noble de amparar las acciones políticas de la voracidad asesina de la tiranía imperante en Cuba.
Los abogados panameños sabemos con toda certeza, y con toda inteligencia que la solicitud de extradición de los cubanos, como quiera que haya sido estructurada, no tiene ninguna viabilidad y por lo tanto, debe ser rechazada.
En Panamá no está tipificado el terrorismo como delito, pero eso no quiere decir que si un acto, delictivo, con el que se le atribuye a comando anti-castrista detenido, se comprueba plenamente, sus autores quedarían impunes.
Nuestro ordenamiento legal tiene penas aplicables, en el Código Penal, contra aquellos que cometan delitos contra el Jefe de un Estado extranjero, ya sea contra su vida, su incolumnidad o su libertad.
Pero Panamá no puede sucumbir ante las amenazas directas que hizo Fidel Castro contra nuestra Presidenta, contra la República y contra el pueblo, ante la eventualidad de que no se acceda a su arrebatado pedido de extradición, porque eso sería, ni más ni menos, un auto castración pública de la soberanía nacional.
Después de Fidel Castro se ha paseado en la seriedad del país, las autoridades deben hablar claro y firme para que el resto de las naciones entiendan que Panamá rechaza las imposiciones, rechaza las amenazas y desestima la violencia verbal de las que cualquiera que sabe su peso específico en el mundo, su poderío o su doctrina, pretenden atemorizarnos y se dan el lujo de amenazarnos, pensando que aún impera entre nosotros el emblema de la "patria boba".