Aparente irregularidad en estudio ambiental
Tras la aprobación del plan de uso de suelos para las áreas revertidas, han surgido una serie de conflictos, pues terrenos que debieron ser polígonos protegidos se incluyeron como de uso mixto (residencial y comercial).
Tal es el caso de los residentes de Villas de Las Fuentes No. 2 y de Clayton, quienes ven cómo algunos bosques son destruidos para el desarrollo de proyectos residenciales, afectando la cuenca del Canal y los recursos ecológicos del país.
Este fin de semana moradores y residentes de Villas de Las Fuentes No. 2 protestaron y expusieron sus inquietudes ante los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pues consideran que se está cometiendo un crimen contra nuestros recursos naturales, que podrían traer serias consecuencias.
Los moradores del área están preocupados por los daños ocasionados a la ecología por parte de la empresa promotora del proyecto residencial Brisas del Dorado, que ha devastado una área de aproximadamente 10 hectáreas.
Extrañamente esta área de una importancia sustancial por el tipo de bosques que contiene, está catalogada de uso mixto dentro del plan de usos de suelos de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), sin tomar en cuenta su importancia como área de amortiguamiento de los parques naturales de la ciudad.
Mabel Troya, vocera de los residentes de Villas de Las Fuentes, señala que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) reconoció que los dueños del proyecto no tienen permiso de tala, sin embargo, esta acción continúa.
Los vecinos han seguido llamando para que se detenga esta acción, pero parece que no hay inspectores, ya que nadie asiste a ver lo que ocurre.
Por esta acción, la ANAM impuso a la empresa una multa de 60 mil balboas, sanción que a criterio de los afectados no es suficiente
El proyecto residencial Brisas del Dorado se desarrollara en 48 hectáreas de terreno con una inversión de 54 millones de balboas.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) reconoce que en el área del proyecto hay 3 mil metros cúbicos de madera. Para los residentes, el valor de estos recursos paga 5 veces más la multa que se les impuso, por lo cual piden que se le decomisen.
Troya señala que cortaban árboles y lo sacaban listo en tucas y fajas para aprovecharlo. Ante esta situación, los residentes exigen a la ANAM aclare esta situación, porque de no ser así y la empresa se está aprovechando la madera, no se podría hablar de sanción.
La vocera dice que el EIA No.083 del 11 de diciembre de 2002 consta de 109 hojas, el cual señala 20 consideraciones, de las que 17 son negativas.
Los puntos positivos tienen que ver conque proporciona fuente de trabajo temporalmente y mejoras a las carreteras, que comparados con los efectos adversos no tienen ninguna justificación.
Es más, reconoce la gravedad al señalar que producirá daños sensibles al agua, que va a destruir mucha flora y fauna, pero aun así se le da a este proyecto categoría dos.
De acuerdo con esta clasificación, los daños ocasionados son reversibles, un criterio incompatible con la realidad, porque cuando se eliminan 48 hectáreas de árboles con un diámetro de 30 a 35 metros de altura, se está hablando de un bosque que tiene más de 100 años de existir.
Según los estudiantes de Biología de la Universidad de Panamá, quienes también han mostrado su disconformidad con el proyecto, este bosque protege el nacimiento del río Curundu y la ley prohíbe cualquier proyecto alrededor de nacimiento de cualquier río.
Addie de Sáenz, residente del área, dijo que con la deforestación de estas 48 hectáreas que comprende el proyecto, en el verano el río Curundu se secará y los animales no tendrán donde tomar agua, más aún, cuando este es el afluente que alimenta a los parque Camino de Cruces y Metropolitano.
En el invierno, si no se toman las medidas necesarias, el proyecto podría ser el causante de serias inundaciones. Pero lo que más preocupa es que al parecer este proyecto utilizará la planta de tratamiento de aguas negras del sector, lo que causaría un serio problema, pues esta empresa debe construir su propia planta y no saturar la existente que provocaría desbordamientos.
Es lastimoso que los tucanes, venados, ñeques y aves de toda clase que se veían en las cercanías desaparecerán.
Para representantes de la Defensoría del Pueblo, que asistieron el sábado pasado al área del conflicto atendiendo la queja de los moradores de Villas de las Fuentes No. 2 que se oponen al desarrollo del proyecto Brisas del Dorado, existen puntos dentro del EIA que no están muy claros.
María Isela Meléndez, directora encargada de Asuntos Ecológicos de la defensoría, indicó a El Panamá América que aparentemente se cometen ilegalidades en cuanto al cumplimiento de las medidas de mitigación, establecidas en el estudio que la ANAM le aprobó en diciembre de 2002 a la empresa, para poder desarrollar el proyecto.
La compañía Cemedin Real State, S.A., promotora del residencial, realizó la tala de más o menos un tercio de las 48 hectáreas en que se pretende ejecutar el proyecto.
Al evaluar el estudio se han encontrado incongruencias, advierte la funcionaria de la Defensoría. Por un lado, los residentes sostienen que a ellos no se les consultó, sin embargo, el documento afirma que se entrevistó a 50 familias que viven cerca del área de conflicto.
Señala que un aspecto a destacar en las encuestas realizadas para la aprobación del estudio, es que las preguntas a los moradores, que aduce el estudio que se realizaron, no se habla de si estaban de acuerdo con el proyecto o no.
Las preguntas se centraron en la escolaridad, dónde trabajaban y a qué se dedicaban, pero no había ninguna interrogante precisa sobre el proyecto.
Otra incongruencia encontrada, señala Meléndez, es que para este tipo de proyectos la ANAM debió dar un EIA tipo categoría tres y no dos, porque según esta categoría es un proyecto que tiene impactos ambientales menores, pero como se ha podido observar los efectos a la ecología serán grandes.
Incluso está muy cerca de los parques naturales que existen, donde ya el área ha sido bastante afectada cuando se construyó el Corredor Norte que fraccionó el Parque Natural Metropolitano, siendo ésta una de las áreas que quedó relegada.
Como Defensoría del Pueblo, indicó la directora de Asuntos Ecológicos, se han iniciado las investigaciones pertinentes y a las autoridades involucradas en la aprobación de este proyecto (ANAM, Municipio de Panamá, Ministerio de Vivienda) se les enviarán oficios que amerite el caso. Además, se les solicitará los informes donde se indiquen los mecanismos utilizados para la aprobación del EIA y si la ANAM tomó importancia a este tipo de ecosistema.
Tal es el caso de los residentes de Villas de Las Fuentes No. 2 y de Clayton, quienes ven cómo algunos bosques son destruidos para el desarrollo de proyectos residenciales, afectando la cuenca del Canal y los recursos ecológicos del país.
Este fin de semana moradores y residentes de Villas de Las Fuentes No. 2 protestaron y expusieron sus inquietudes ante los funcionarios de la Defensoría del Pueblo, pues consideran que se está cometiendo un crimen contra nuestros recursos naturales, que podrían traer serias consecuencias.
Los moradores del área están preocupados por los daños ocasionados a la ecología por parte de la empresa promotora del proyecto residencial Brisas del Dorado, que ha devastado una área de aproximadamente 10 hectáreas.
Extrañamente esta área de una importancia sustancial por el tipo de bosques que contiene, está catalogada de uso mixto dentro del plan de usos de suelos de la Autoridad de la Región Interoceánica (ARI), sin tomar en cuenta su importancia como área de amortiguamiento de los parques naturales de la ciudad.
Mabel Troya, vocera de los residentes de Villas de Las Fuentes, señala que la Autoridad Nacional del Ambiente (ANAM) reconoció que los dueños del proyecto no tienen permiso de tala, sin embargo, esta acción continúa.
Los vecinos han seguido llamando para que se detenga esta acción, pero parece que no hay inspectores, ya que nadie asiste a ver lo que ocurre.
Por esta acción, la ANAM impuso a la empresa una multa de 60 mil balboas, sanción que a criterio de los afectados no es suficiente
El proyecto residencial Brisas del Dorado se desarrollara en 48 hectáreas de terreno con una inversión de 54 millones de balboas.
El Estudio de Impacto Ambiental (EIA) reconoce que en el área del proyecto hay 3 mil metros cúbicos de madera. Para los residentes, el valor de estos recursos paga 5 veces más la multa que se les impuso, por lo cual piden que se le decomisen.
Troya señala que cortaban árboles y lo sacaban listo en tucas y fajas para aprovecharlo. Ante esta situación, los residentes exigen a la ANAM aclare esta situación, porque de no ser así y la empresa se está aprovechando la madera, no se podría hablar de sanción.
La vocera dice que el EIA No.083 del 11 de diciembre de 2002 consta de 109 hojas, el cual señala 20 consideraciones, de las que 17 son negativas.
Los puntos positivos tienen que ver conque proporciona fuente de trabajo temporalmente y mejoras a las carreteras, que comparados con los efectos adversos no tienen ninguna justificación.
Es más, reconoce la gravedad al señalar que producirá daños sensibles al agua, que va a destruir mucha flora y fauna, pero aun así se le da a este proyecto categoría dos.
De acuerdo con esta clasificación, los daños ocasionados son reversibles, un criterio incompatible con la realidad, porque cuando se eliminan 48 hectáreas de árboles con un diámetro de 30 a 35 metros de altura, se está hablando de un bosque que tiene más de 100 años de existir.
Según los estudiantes de Biología de la Universidad de Panamá, quienes también han mostrado su disconformidad con el proyecto, este bosque protege el nacimiento del río Curundu y la ley prohíbe cualquier proyecto alrededor de nacimiento de cualquier río.
Addie de Sáenz, residente del área, dijo que con la deforestación de estas 48 hectáreas que comprende el proyecto, en el verano el río Curundu se secará y los animales no tendrán donde tomar agua, más aún, cuando este es el afluente que alimenta a los parque Camino de Cruces y Metropolitano.
En el invierno, si no se toman las medidas necesarias, el proyecto podría ser el causante de serias inundaciones. Pero lo que más preocupa es que al parecer este proyecto utilizará la planta de tratamiento de aguas negras del sector, lo que causaría un serio problema, pues esta empresa debe construir su propia planta y no saturar la existente que provocaría desbordamientos.
Es lastimoso que los tucanes, venados, ñeques y aves de toda clase que se veían en las cercanías desaparecerán.
Para representantes de la Defensoría del Pueblo, que asistieron el sábado pasado al área del conflicto atendiendo la queja de los moradores de Villas de las Fuentes No. 2 que se oponen al desarrollo del proyecto Brisas del Dorado, existen puntos dentro del EIA que no están muy claros.
María Isela Meléndez, directora encargada de Asuntos Ecológicos de la defensoría, indicó a El Panamá América que aparentemente se cometen ilegalidades en cuanto al cumplimiento de las medidas de mitigación, establecidas en el estudio que la ANAM le aprobó en diciembre de 2002 a la empresa, para poder desarrollar el proyecto.
La compañía Cemedin Real State, S.A., promotora del residencial, realizó la tala de más o menos un tercio de las 48 hectáreas en que se pretende ejecutar el proyecto.
Al evaluar el estudio se han encontrado incongruencias, advierte la funcionaria de la Defensoría. Por un lado, los residentes sostienen que a ellos no se les consultó, sin embargo, el documento afirma que se entrevistó a 50 familias que viven cerca del área de conflicto.
Señala que un aspecto a destacar en las encuestas realizadas para la aprobación del estudio, es que las preguntas a los moradores, que aduce el estudio que se realizaron, no se habla de si estaban de acuerdo con el proyecto o no.
Las preguntas se centraron en la escolaridad, dónde trabajaban y a qué se dedicaban, pero no había ninguna interrogante precisa sobre el proyecto.
Otra incongruencia encontrada, señala Meléndez, es que para este tipo de proyectos la ANAM debió dar un EIA tipo categoría tres y no dos, porque según esta categoría es un proyecto que tiene impactos ambientales menores, pero como se ha podido observar los efectos a la ecología serán grandes.
Incluso está muy cerca de los parques naturales que existen, donde ya el área ha sido bastante afectada cuando se construyó el Corredor Norte que fraccionó el Parque Natural Metropolitano, siendo ésta una de las áreas que quedó relegada.
Como Defensoría del Pueblo, indicó la directora de Asuntos Ecológicos, se han iniciado las investigaciones pertinentes y a las autoridades involucradas en la aprobación de este proyecto (ANAM, Municipio de Panamá, Ministerio de Vivienda) se les enviarán oficios que amerite el caso. Además, se les solicitará los informes donde se indiquen los mecanismos utilizados para la aprobación del EIA y si la ANAM tomó importancia a este tipo de ecosistema.
