Apertura y Aduanas
Cada día resulta más evidente que se cometió un grave error al implementar una apertura comercial drástica sin haber preparado adecuadamente al sector productivo y al gobierno nacional para resistir el cambio. La gran mayoría de nuestras empresas, acostumbradas al mercado protegido por elevados aranceles de importación, no soportaron al verse obligadas a competir de la noche a la mañana, con los fabricantes extranjeros que inundaban las estanterías en los comercios con sus productos de mejor calidad, presentación y precio. En muchos casos a la empresa local no le quedaba otra alternativa que cerrar sus departamentos de producción despidiendo trabajadores y contribuyendo así al aumento del desempleo.
Primero habría sido necesario dedicar energías a capacitar empresarios y trabajadores, desarrollar productos de exportación, buscarles mercado, comprar equipo con la más moderna tecnología, asegurar materia prima abundante y barata, racionalizar gastos, y aumentar productividad para estar en capacidad de competir en condiciones de mayor equidad.
Por su parte el gobierno debió haber disminuido los trámites burocráticos innecesarios que obstaculizan el trabajo de las empresas, adaptado la legislación laboral para permitir un mayor incentivo a la productividad y mayor flexibilidad en los procesos, mejorado la educación para el trabajo, controlado la corrupción que encarece la gestión empresarial, garantizado la seguridad jurídica y adoptado medidas de apoyo a créditos para crear el ambiente que requiere un sector productivo competitivo.
Todavía existen algunos aranceles que, aunque no representan una gran protección, podrían compensar las distorsiones que mantiene el sistema principalmente porque el gobierno todavía no ha hecho su trabajo. Muchos productos que se fabrican en Panamá pagan quince por ciento de impuesto de introducción si se traen del extranjero lo que significa que, aunque bajo, este diferencial permite la existencia de empresas que de otra manera ya hubieran cerrado sus puertas.
Lo grave de esto es que la fijación del precio del producto, sobre el cual se calcula el impuesto, no se supervisa adecuadamente en aduana, y asignar un precio más bajo que el verdadero se ha convertido en una práctica muy utilizada por los importadores para evadir el pago del arancel correspondiente. Con ello, la supuesta protección desaparece y el productor local se encuentra indefenso y obligado a desaparecer.
La Dirección General de Aduanas tiene que ocupar un papel más protagónico en el actual proceso de apertura comercial donde los límites de la protección a las empresas nacionales han disminuido a un mínimo. Debe mejorar sus sistemas de información sobre precios de referencia y actuar con decisión porque de otra manera alimenta la opción de falsear los datos sobre los cuales se sustenta la existencia de muchas empresas y, por tanto, el pan de muchos trabajadores panameños.
Primero habría sido necesario dedicar energías a capacitar empresarios y trabajadores, desarrollar productos de exportación, buscarles mercado, comprar equipo con la más moderna tecnología, asegurar materia prima abundante y barata, racionalizar gastos, y aumentar productividad para estar en capacidad de competir en condiciones de mayor equidad.
Por su parte el gobierno debió haber disminuido los trámites burocráticos innecesarios que obstaculizan el trabajo de las empresas, adaptado la legislación laboral para permitir un mayor incentivo a la productividad y mayor flexibilidad en los procesos, mejorado la educación para el trabajo, controlado la corrupción que encarece la gestión empresarial, garantizado la seguridad jurídica y adoptado medidas de apoyo a créditos para crear el ambiente que requiere un sector productivo competitivo.
Todavía existen algunos aranceles que, aunque no representan una gran protección, podrían compensar las distorsiones que mantiene el sistema principalmente porque el gobierno todavía no ha hecho su trabajo. Muchos productos que se fabrican en Panamá pagan quince por ciento de impuesto de introducción si se traen del extranjero lo que significa que, aunque bajo, este diferencial permite la existencia de empresas que de otra manera ya hubieran cerrado sus puertas.
Lo grave de esto es que la fijación del precio del producto, sobre el cual se calcula el impuesto, no se supervisa adecuadamente en aduana, y asignar un precio más bajo que el verdadero se ha convertido en una práctica muy utilizada por los importadores para evadir el pago del arancel correspondiente. Con ello, la supuesta protección desaparece y el productor local se encuentra indefenso y obligado a desaparecer.
La Dirección General de Aduanas tiene que ocupar un papel más protagónico en el actual proceso de apertura comercial donde los límites de la protección a las empresas nacionales han disminuido a un mínimo. Debe mejorar sus sistemas de información sobre precios de referencia y actuar con decisión porque de otra manera alimenta la opción de falsear los datos sobre los cuales se sustenta la existencia de muchas empresas y, por tanto, el pan de muchos trabajadores panameños.
