Apología de la institucionalidad
He tratado en los últimos días de sustraerme a esta discusión, buscando que no se interprete, como se ha hecho con otros colegas, que estoy tomando partida por una u otra posición política o bien por personajes involucrados en esta tragicomedia. Sin embargo, mi propia formación como abogado, forjado en los claustros universitarios, y mi propio yo político, me impide no asquearme por tantos actos de bajeza y que mi propia mano opte por plasmar mi más enérgica repulsa por los sucesos que buscar desalojar, sin sentido alguno, a la Señora Procuradora de su cargo.
Analicemos las situaciones que enmarcan y sustentan el escenario jurídico que hoy pretende servir como teatro para juzgar las actuaciones de la máxima Fiscal del Ministerio Público. La Corte procedió a declarar, ni siquiera de forma unánime, la inconstitucionalidad de una resolución que ordenaba la intercepción de las llamadas telefónicas de una víctima de un supuesto delito, y que ella misma había autorizado, hecho este que, hasta ese momento, era permitido por claras normas legales, de allí que siempre se realizaron este tipo de operaciones en distintos procesos; sin embargo, en el referido fallo, la Corte no entra a discurrir si se había cometido un delito y muchos menos se ordena enviar copias a las autoridades competentes para realizar una investigación penal en contra de la funcionaria que había ordenado dicha intercepción telefónica; sin embargo este fallo se utiliza posteriormente para sustentar, como prueba sumaria, una querella en contra de la funcionaria alegando la comisión de un delito contra la administración pública.
Si tomáramos como bueno, y de forma graciosa, los argumentos expuestos por los acusadores de la Procuradora, tendríamos igualmente que aceptar que todo funcionario cuyas actuaciones sean revertidas, vía acciones constitucionales, se les abra una investigación por haber abusado de su cargo o haberse extralimitado en sus funciones, punto que es un absurdo desde todo punto de vista.
Otro aspecto interesante es la marcada maraña política que se cierne sobre este caso, es evidente, a todas luces, la injerencia que está teniendo el Órgano Ejecutivo con el fin de lograr la separación de la Procuradora y con ello lograr colar una ficha dócil a sus intereses y órdenes. A pesar de que se hable de respeto a los restantes Órganos del Estado, y demás instituciones democráticas, las declaraciones brindadas a los medios de comunicación están completamente divorciadas de esta falsa premisa que nos quieren vender y pone a flor de piel su verdadera intención, la cual incluso se transmite a través de algunos personajes de la fauna política y funcionarios de gobierno, que cual meretriz, han vendido su lengua y su pluma a claros designios oficiales.
Resulta risible decir que no se tiene vela en el entierro, o en las actuaciones encaminadas a desbancar al Ministerio Público, sin embargo ya han pagado el féretro, las plañideras y el café para velorio.
Estamos encaminando nuestro país a un clima de inseguridad legal que en nada nos beneficiará, y que será la apertura de una injusta cacería de brujas. Hoy es la Procuradora, mañana serán los magistrados de la Corte u otros funcionarios y después nosotros mismos.
