Apoyo legal al policía
El legislador Felipe Cano, presidente de la Comisión de Derechos Humanos, ha planteado interesantes conceptos para fortalecer el trabajo de la Policía. Dice que la entidad y sus unidades requieren de mayor libertad de acción para combatir a la delincuencia. Actualmente -señala-, sus agentes actúan temerosos de terminar ellos -y no los criminales - con sus huesos en la cárcel, sin empleo o enjuiciados, por hacer su trabajo.
Y así es en efecto. Las unidades policiales no se atreven a disparar contra delincuentes por temor a que se les levante un expediente, se les desarme, se les juzgue y se asuma casi que son culpables, eso sin contar las potenciales represalias a que queda sujeto por parte de parientes y compinches de los hampones.
Observa Cano, atinadamente, que los delincuentes y demás ciudadanos conocen esa debilidad y sacan provecho y abusan de la situación. Eso se nota a diario en crecientes situaciones de irrespeto verbal a humildes agentes que procuran con las uñas cumplir con su deber. Nunca falta una mención y amenaza de acudir a padrinos reales o imaginarios, ni la referencia infalible de los tiempos de la dictadura, para que el agente se encoja de hombros y guarde su libro de boletas.
Igual ocurre con los delincuentes que, detenidos en plena acción atemorizan a los policías con denunciarlos por maltrato e infracción de sus derechos humanos, aunque no hayan tenido el menor escrúpulo por irrespetar los de sus víctimas.
La minoridad es un buen ejemplo. Escorias juveniles con densos prontuarios de homicidios, asaltos, lesiones, violaciones y agresiones a cuestas, lucen ante las cámaras y autoridades civiles como mansos y llorosos angelitos, víctimas de la sociedad, cuando se ven aprehendidos y no tienen tampoco escrúpulos en denunciar maltratos imaginarios a causa de un simple bofetón para arrebatarles un cuchillo.
El policía, en efecto, requiere respaldo legal y, sobre todo, respeto en el desempeño de su trabajo. Para eso es conveniente preparar una ley que le garantice plena vigencia del principio de su presunción de inocencia y de lo que ello implica, esto es, que no será objeto de trato degradante, ni de medidas precautorias cuando en cumplimiento de su deber tenga que hacer uso de su arma de reglamento o de la fuerza física. Y de paso, estructurar mecanismos de defensa de sus derechos, para que cuente con servicios gratuitos de abogados y fianzas en casos que lo requieran.
Igual debe asegurársele atención médica prioritaria en el supuesto de ser herido en acción, seguros de vida y salud, uniformes decorosos, entrenamiento y en general una adecuada dotación de medios para realizar su labor en bien de la comunidad.
¿Resultado? La destrucción de las precarias embarcaciones en los rápidos (chorros) de los ríos y, muchas veces, una muerte segura, de acuerdo con los guías.
Por esta trocha, en particular, un caminante adiestrado puede durar tres días en llegar a Colombia, especialmente ahora que la trocha se ha hecho más ancha, conforme pasan desplazados, guerrilleros y paramilitares.
Sin embargo, una familia con niños y mujeres demora entre ocho y 15 días para atravesarla.
"Los hombres lloran por el dolor de dejar sus tierras, los niños porque se pullan los pies con las espinas, y las mujeres por ver el sufrimiento de su familia", aseguró un guía. "Yo lo he visto", resaltó.
De esa manera han llegado decenas de colombianos que prefieren morir por la mordedura de una serpiente, de hambre o de sed en la selva, antes que ser masacrados por grupos irregulares de su país, que se enfrentan en una guerra que ha dejado de buscar ideales para saciar el hambre de violencia y genocidio que parece no satisfacerse nunca.
Muchos han llegado con Leshmaniasis, deshidratados, con parasitosis y otras enfermedades tropicales, incluso la malaria. Esos han tenido suerte, porque otros han quedado enterrados en la selva, sin una lápida que indique que allí está su cuerpo, ni un familiar que visite su tumba.
Y así es en efecto. Las unidades policiales no se atreven a disparar contra delincuentes por temor a que se les levante un expediente, se les desarme, se les juzgue y se asuma casi que son culpables, eso sin contar las potenciales represalias a que queda sujeto por parte de parientes y compinches de los hampones.
Observa Cano, atinadamente, que los delincuentes y demás ciudadanos conocen esa debilidad y sacan provecho y abusan de la situación. Eso se nota a diario en crecientes situaciones de irrespeto verbal a humildes agentes que procuran con las uñas cumplir con su deber. Nunca falta una mención y amenaza de acudir a padrinos reales o imaginarios, ni la referencia infalible de los tiempos de la dictadura, para que el agente se encoja de hombros y guarde su libro de boletas.
Igual ocurre con los delincuentes que, detenidos en plena acción atemorizan a los policías con denunciarlos por maltrato e infracción de sus derechos humanos, aunque no hayan tenido el menor escrúpulo por irrespetar los de sus víctimas.
La minoridad es un buen ejemplo. Escorias juveniles con densos prontuarios de homicidios, asaltos, lesiones, violaciones y agresiones a cuestas, lucen ante las cámaras y autoridades civiles como mansos y llorosos angelitos, víctimas de la sociedad, cuando se ven aprehendidos y no tienen tampoco escrúpulos en denunciar maltratos imaginarios a causa de un simple bofetón para arrebatarles un cuchillo.
El policía, en efecto, requiere respaldo legal y, sobre todo, respeto en el desempeño de su trabajo. Para eso es conveniente preparar una ley que le garantice plena vigencia del principio de su presunción de inocencia y de lo que ello implica, esto es, que no será objeto de trato degradante, ni de medidas precautorias cuando en cumplimiento de su deber tenga que hacer uso de su arma de reglamento o de la fuerza física. Y de paso, estructurar mecanismos de defensa de sus derechos, para que cuente con servicios gratuitos de abogados y fianzas en casos que lo requieran.
Igual debe asegurársele atención médica prioritaria en el supuesto de ser herido en acción, seguros de vida y salud, uniformes decorosos, entrenamiento y en general una adecuada dotación de medios para realizar su labor en bien de la comunidad.
¿Resultado? La destrucción de las precarias embarcaciones en los rápidos (chorros) de los ríos y, muchas veces, una muerte segura, de acuerdo con los guías.
Por esta trocha, en particular, un caminante adiestrado puede durar tres días en llegar a Colombia, especialmente ahora que la trocha se ha hecho más ancha, conforme pasan desplazados, guerrilleros y paramilitares.
Sin embargo, una familia con niños y mujeres demora entre ocho y 15 días para atravesarla.
"Los hombres lloran por el dolor de dejar sus tierras, los niños porque se pullan los pies con las espinas, y las mujeres por ver el sufrimiento de su familia", aseguró un guía. "Yo lo he visto", resaltó.
De esa manera han llegado decenas de colombianos que prefieren morir por la mordedura de una serpiente, de hambre o de sed en la selva, antes que ser masacrados por grupos irregulares de su país, que se enfrentan en una guerra que ha dejado de buscar ideales para saciar el hambre de violencia y genocidio que parece no satisfacerse nunca.
Muchos han llegado con Leshmaniasis, deshidratados, con parasitosis y otras enfermedades tropicales, incluso la malaria. Esos han tenido suerte, porque otros han quedado enterrados en la selva, sin una lápida que indique que allí está su cuerpo, ni un familiar que visite su tumba.
