Aprendamos de California
Toda privatización de servicios públicos debe incorporar necesariamente estricta regulación y oportuna liberalización, con reglas imparciales, claras y transparentes, para que las fuerzas del mercado produzcan mayor eficiencia. En vista de que Panamá recientemente se embarcó en esa dirección, es oportuno estudiar la experiencia de otras latitudes donde están bastante más adelantados que nosotros.
Un caso que merece la atención de nuestros reguladores es el de California, donde se tiene programado la total liberalización para marzo de 2002. Ese estado, de la unión norteamericana, siempre se ha jactado de picar por delante. Sus iniciativas innovadoras alcanzan casi todos los sectores, incluyendo en la protección al medio ambiente.
Pero en materia de electricidad, la innovación no parece beneficiar a la población. Allá, los consumidores pequeños de electricidad, es decir, los hogares, están pagando más del doble de lo que pagaban hace un año. Y, peor aún, están sufriendo apagones con mucho más regularidad que antes. El régimen, por lo tanto, está siendo fuertemente cuestionado, ya que no ha cumplido con los dos grandes objetivos de toda liberalización: electricidad más barata y continuidad en el servicio.
La precaria situación actual en California ha sido causada principalmente por errores de los reguladores, quienes no han sabido anticipar la demanda, propiciar el abastecimiento y actuar oportunamente. A diferencia de Inglaterra y Europa, fuente de inspiración de California y donde se ha llevado a cabo la liberalización con mayor éxito en la obtención de esos objetivos, los reguladores californianos iniciaron el proceso de liberalización sin asegurarse que contaban con suficientes fuentes de energía para abastecer la demanda, al menos, a corto y mediano plazo. En esas circunstancias, el crecimiento acelerado experimentado recientemente ha propiciado un exceso de demanda sobre oferta, lo cual está comprobado resulta en precios más altos. Y en vez de facilitar la entrada de nuevos generadores, las autoridades, invocando excusas ambientalistas, han hecho cada vez más difícil que nuevas plantas inicien operaciones.
También han reaccionado equivocadamente. En respuesta a las quejas de los consumidores, los reguladores han optado por regular los precios. Por ejemplo, en la ciudad de San Diego, impusieron un máximo de $68 en las cuentas mensuales residenciales. Esta alternativa, que disuade inversión en el sector, acabará posponiendo el pago de los cargos que se deberían pagar hoy por las deficiencias de implementación.
Los reguladores deben estar comprometidos con los principios sobre los cuales descansa el régimen que desean implementar. También deben saber cuándo actuar y, al hacerlo, deben asegurarse que no perjudican o benefician a unos versus otros, aunque sea transitoriamente. Sin ese balance, nunca se producirán los beneficios que promete la liberación de mercados.
Un caso que merece la atención de nuestros reguladores es el de California, donde se tiene programado la total liberalización para marzo de 2002. Ese estado, de la unión norteamericana, siempre se ha jactado de picar por delante. Sus iniciativas innovadoras alcanzan casi todos los sectores, incluyendo en la protección al medio ambiente.
Pero en materia de electricidad, la innovación no parece beneficiar a la población. Allá, los consumidores pequeños de electricidad, es decir, los hogares, están pagando más del doble de lo que pagaban hace un año. Y, peor aún, están sufriendo apagones con mucho más regularidad que antes. El régimen, por lo tanto, está siendo fuertemente cuestionado, ya que no ha cumplido con los dos grandes objetivos de toda liberalización: electricidad más barata y continuidad en el servicio.
La precaria situación actual en California ha sido causada principalmente por errores de los reguladores, quienes no han sabido anticipar la demanda, propiciar el abastecimiento y actuar oportunamente. A diferencia de Inglaterra y Europa, fuente de inspiración de California y donde se ha llevado a cabo la liberalización con mayor éxito en la obtención de esos objetivos, los reguladores californianos iniciaron el proceso de liberalización sin asegurarse que contaban con suficientes fuentes de energía para abastecer la demanda, al menos, a corto y mediano plazo. En esas circunstancias, el crecimiento acelerado experimentado recientemente ha propiciado un exceso de demanda sobre oferta, lo cual está comprobado resulta en precios más altos. Y en vez de facilitar la entrada de nuevos generadores, las autoridades, invocando excusas ambientalistas, han hecho cada vez más difícil que nuevas plantas inicien operaciones.
También han reaccionado equivocadamente. En respuesta a las quejas de los consumidores, los reguladores han optado por regular los precios. Por ejemplo, en la ciudad de San Diego, impusieron un máximo de $68 en las cuentas mensuales residenciales. Esta alternativa, que disuade inversión en el sector, acabará posponiendo el pago de los cargos que se deberían pagar hoy por las deficiencias de implementación.
Los reguladores deben estar comprometidos con los principios sobre los cuales descansa el régimen que desean implementar. También deben saber cuándo actuar y, al hacerlo, deben asegurarse que no perjudican o benefician a unos versus otros, aunque sea transitoriamente. Sin ese balance, nunca se producirán los beneficios que promete la liberación de mercados.
