Apresuramiento peligroso e innecesario
Todos estamos de acuerdo en que el estrecho mercado doméstico constriñe el crecimiento económico y social del país y que, lógicamente, plantea la necesidad de vincular el esfuerzo exportador al acceso a otros mercados y, principalmente a los de los países con economías más fuertes. Planteado de esa manera, un Tratado de Libre Comercio (TLC) con Estados Unidos (EU) representa una excelente oportunidad.
Durante años privó entre nosotros la percepción de que los acuerdos de comercio interregionales no desempeñaban un papel relevante para mejorar la inserción internacional de nuestra economía, por eso nos limitamos a unos acuerdos de libre comercio y trato preferencial con ciertos países de América Central sobre la base de una lista de productos que podían ser excluidos con sólo solicitarlo. Esa actitud nos privó de la oportunidad de ganar experiencia.
Sin el beneficio de esa experiencia y sin estudios técnicos propios y sin demandar apoyo técnico externo suficiente y eficiente, el gobierno panameño ha dado inicio a unas negociaciones que ya empiezan a generar serias objeciones de los grupos de productores nacionales.
Los adelantos registrados hasta ahora en las negociaciones han sido logrados por grupos de trabajo integrados por funcionarios gubernamentales.
No obstante, un acuerdo de libre comercio exitoso requiere la aceptación por parte de los sectores empresariales, laborales, no gubernamentales y del público en general.
En el período dentro del cual el Gobierno ha estado manejando el tema, no ha hecho mayores esfuerzos efectivos para promover la participación de la sociedad civil.
El ciudadano común no sabe qué es el TLC, los productores se sienten marginados porque no se les consulta, los sectores laborales son cautelosos por las consecuencias del libre comercio; en tanto que las ONG no saben cómo gestionar sus intereses particulares.
¿Cuántas personas saben que el tratado no solamente incluye el libre comercio de bienes sino también de servicios, y que incorpora otras disciplinas relacionadas con el comercio, tales como derechos de propiedad intelectual, compras gubernamentales, inversión, derechos laborales y normas medioambientales?
Si existiera el propósito de auspiciar la participación de los sectores empresarial, laboral y no gubernamentales en el proceso de diseño, configuración y seguimiento del TLC, se hubiese definido un esquema y modalidad que permitiese la interacción, consulta y concertación entre agrupaciones representativas de los sectores económicos y de la opinión pública, por una parte, y las autoridades gubernamentales responsables de adelantar las negociaciones bilaterales, por la otra.
Se ha incurrido en una excesiva participación "cuasi excluyente" por parte de las autoridades gubernamentales responsables y de los funcionarios encargados y, consecuentemente, a un "relegamiento o marginación" del resto de los sectores no gubernamentales, algo que podríamos denominar se ha producido "la burocratización excluyente del proceso del TLC".
Es cierto que en 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de los gobiernos de EStados Unidos, Canadá y México, y más recientemente con otros países como Chile. Sin embargo, México y Chile tenían una experiencia que venía desde 1960 y fueron afrontando un conjunto de transformaciones internas de gran envergadura de cara a proyectos de acuerdo de integración latinoamericana, lo que suponía, de hecho, una apuesta por la relación con EU y la integración en el mercado norteamericano como escenarios principal de inserción externa.
Nosotros carecemos de todo lo anterior. Considero que la negociación no tiene necesariamente que concluir con un tratado que sea "lo mejor que pudimos conseguir". Este nos es el caso del Tratado del Canal de Panamá.
No estamos obligados por una situación existente. En el campo de la integración comercial hay varias alternativas a las cuales podemos recurrir si no llegamos a un acuerdo con Estados Unidos.
Durante años privó entre nosotros la percepción de que los acuerdos de comercio interregionales no desempeñaban un papel relevante para mejorar la inserción internacional de nuestra economía, por eso nos limitamos a unos acuerdos de libre comercio y trato preferencial con ciertos países de América Central sobre la base de una lista de productos que podían ser excluidos con sólo solicitarlo. Esa actitud nos privó de la oportunidad de ganar experiencia.
Sin el beneficio de esa experiencia y sin estudios técnicos propios y sin demandar apoyo técnico externo suficiente y eficiente, el gobierno panameño ha dado inicio a unas negociaciones que ya empiezan a generar serias objeciones de los grupos de productores nacionales.
Los adelantos registrados hasta ahora en las negociaciones han sido logrados por grupos de trabajo integrados por funcionarios gubernamentales.
No obstante, un acuerdo de libre comercio exitoso requiere la aceptación por parte de los sectores empresariales, laborales, no gubernamentales y del público en general.
En el período dentro del cual el Gobierno ha estado manejando el tema, no ha hecho mayores esfuerzos efectivos para promover la participación de la sociedad civil.
El ciudadano común no sabe qué es el TLC, los productores se sienten marginados porque no se les consulta, los sectores laborales son cautelosos por las consecuencias del libre comercio; en tanto que las ONG no saben cómo gestionar sus intereses particulares.
¿Cuántas personas saben que el tratado no solamente incluye el libre comercio de bienes sino también de servicios, y que incorpora otras disciplinas relacionadas con el comercio, tales como derechos de propiedad intelectual, compras gubernamentales, inversión, derechos laborales y normas medioambientales?
Si existiera el propósito de auspiciar la participación de los sectores empresarial, laboral y no gubernamentales en el proceso de diseño, configuración y seguimiento del TLC, se hubiese definido un esquema y modalidad que permitiese la interacción, consulta y concertación entre agrupaciones representativas de los sectores económicos y de la opinión pública, por una parte, y las autoridades gubernamentales responsables de adelantar las negociaciones bilaterales, por la otra.
Se ha incurrido en una excesiva participación "cuasi excluyente" por parte de las autoridades gubernamentales responsables y de los funcionarios encargados y, consecuentemente, a un "relegamiento o marginación" del resto de los sectores no gubernamentales, algo que podríamos denominar se ha producido "la burocratización excluyente del proceso del TLC".
Es cierto que en 1992 se firmó el Tratado de Libre Comercio de América del Norte por parte de los gobiernos de EStados Unidos, Canadá y México, y más recientemente con otros países como Chile. Sin embargo, México y Chile tenían una experiencia que venía desde 1960 y fueron afrontando un conjunto de transformaciones internas de gran envergadura de cara a proyectos de acuerdo de integración latinoamericana, lo que suponía, de hecho, una apuesta por la relación con EU y la integración en el mercado norteamericano como escenarios principal de inserción externa.
Nosotros carecemos de todo lo anterior. Considero que la negociación no tiene necesariamente que concluir con un tratado que sea "lo mejor que pudimos conseguir". Este nos es el caso del Tratado del Canal de Panamá.
No estamos obligados por una situación existente. En el campo de la integración comercial hay varias alternativas a las cuales podemos recurrir si no llegamos a un acuerdo con Estados Unidos.
