Argentina: fuga de dólares y de talento
Esta es otra pieza de la cadena de vulneraciones del estado de derecho de la República de Argentina como consecuencia de la "pesificación", o convertibilidad forzosa de dólares en pesos. Entre las últimas medidas en esa línea está la invasión del Organo Ejecutivo de la jurisdicción del Organo Judicial, disponiendo por decreto la suspensión por 180 días de todo tipo de acciones legales en un ámbito en el que no tiene competencia. Sólo al Organo Judicial corresponde, por principio constitucional, determinar la procedencia o improcedencia de cualquier tipo de acción que interpongan personas naturales o personas jurídicas ante este poder del Estado.
Por consiguiente, el gobierno argentino ha incurrido en contumacia, primero desacatando el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional la apropiación de dólares; segundo, ordenando una congelación de medidas judiciales que se relacionen con la devolución de dólares de propiedad privada.
En vez de restablecer la mellada credibilidad de la clase política argentina, el actual gobierno justicialista se ha empeñado en llegar a los límites máximos del desprestigio financiero. Obliga a los bancos privados y a los ahorristas argentinos a entregar sus dólares y a recibir pesos devaluados, es decir deliberadamente merma en cerca de un 50% la capacidad adquisitiva de los agentes económicos por su desesperado propósito de evitar una fuga de divisas que no ha hecho otra cosa que acelerar con sus errores financieros.
Entre los diversos grados de crisis que confronta la Argentina, la de su clase política es tal vez la peor. Las reacciones populares a lo largo y ancho del territorio trasuntan la iracunda disconformidad de ciudadanos frustrados por la inconsistencia de los personajes que jalonan el proceso, desde por lo menos el ocaso político del ex presidente Fernando de la Rúa.
Radicales y justicialistas han permutado los roles de gobierno y oposición, pero ninguno de los representantes de los dos principales partidos políticos, cualquiera que sea la posición que desempeñen, ha logrado cohesionar políticas económicas acertadas. Por ello es que las protestas contra los políticos del establishment sin excepciones parten de todos los sectores sociales y económicos, desde los bancos y las empresas privadas, hasta la clase media; desde los jubilados que sufren penurias cotidianas para sobrevivir hasta obreros y campesinos del interior, desbastados por un desempleo galopante.
Por consiguiente, el gobierno argentino ha incurrido en contumacia, primero desacatando el fallo de la Corte Suprema que declara inconstitucional la apropiación de dólares; segundo, ordenando una congelación de medidas judiciales que se relacionen con la devolución de dólares de propiedad privada.
En vez de restablecer la mellada credibilidad de la clase política argentina, el actual gobierno justicialista se ha empeñado en llegar a los límites máximos del desprestigio financiero. Obliga a los bancos privados y a los ahorristas argentinos a entregar sus dólares y a recibir pesos devaluados, es decir deliberadamente merma en cerca de un 50% la capacidad adquisitiva de los agentes económicos por su desesperado propósito de evitar una fuga de divisas que no ha hecho otra cosa que acelerar con sus errores financieros.
Entre los diversos grados de crisis que confronta la Argentina, la de su clase política es tal vez la peor. Las reacciones populares a lo largo y ancho del territorio trasuntan la iracunda disconformidad de ciudadanos frustrados por la inconsistencia de los personajes que jalonan el proceso, desde por lo menos el ocaso político del ex presidente Fernando de la Rúa.
Radicales y justicialistas han permutado los roles de gobierno y oposición, pero ninguno de los representantes de los dos principales partidos políticos, cualquiera que sea la posición que desempeñen, ha logrado cohesionar políticas económicas acertadas. Por ello es que las protestas contra los políticos del establishment sin excepciones parten de todos los sectores sociales y económicos, desde los bancos y las empresas privadas, hasta la clase media; desde los jubilados que sufren penurias cotidianas para sobrevivir hasta obreros y campesinos del interior, desbastados por un desempleo galopante.
