Argentina: no basta, pero hay un buen comienzo
En Argentina, el presidente Néstor Kirchner ha tenido éxito en legitimar su investidura y fortalecer su autoridad política. Esto le está facilitando posicionarse para atacar las principales urgencias del país, especialmente enfrentar el problema de la corrupción judicial, estabilizar la situación económica y buscarle salidas a los dramas sociales del hambre y el desempleo.
Para algunos fue excesivo y riesgoso iniciar el mandato descabezando a la cúpula militar, la que en los últimos años ha respetado el orden constitucional. Sin embargo, esa inesperada iniciativa le permitió demostrar quién manda en el país y eliminar cualquier indicio de la debilidad con que supuestamente Kirchner llegó al cargo. Acto seguido, el descabezamiento de la policía federal sumó otras proyecciones, haciendo blanco en dos temas de acuciante interés ciudadano: el de la inseguridad pública y el de la corrupción. Con ello, a poco de haber sido electo por un modesto 22 por ciento de los votantes, Kirchner alcanzó la confianza del 80 por ciento de los argentinos.
La cruzada para sanear el área judicial tiene importancia crucial, tanto por la urgencia de moralizar la justicia como para la imagen del nuevo gobierno.
En consecuencia, el primer punto de la agenda ha sido depurar la Corte Suprema de Justicia. Esta se encuentra gravemente desprestigiada por la corrupta docilidad del grupo de magistrados que el ex presidente Carlos Saúl Menem introdujo en la misma como sus instrumentos políticos, por encima de cualquier consideración sobre su independencia de criterio ni sus cualidades morales y académicas.
Si al lector panameño esto le recuerda algo, tal vez lo que sigue le resulte sugestivo. El propósito de Kirchner no es fácil: es el Congreso de la Nación -el Órgano Legislativo- quien puede enjuiciar a esos magistrados para destituirlos, pero los actuales legisladores fueron electos hace dos años junto con el fracasado presidente De la Rúa, así que no reflejan las presentes exigencias sociales. De hecho, Kirchner todavía no ha iniciado su propio período presidencial sino que aún está completando el de su fugaz antecesor. Sin embargo, el la desvergüenza judicial provoca demasiado repudio ciudadano e inseguridad jurídica, así que no cabe dejarlo para cuando se elijan nuevos legisladores.
En consecuencia, se movilizó a la opinión pública para superar la inercia del Congreso y poner en marcha el juicio político, ante lo cual el presidente de la Corte prefirió renunciar. Sin embargo, aún falta remplazar a otros tres magistrados para que ese Órgano recupere su independencia, credibilidad y decoro.
En el ínterin, estas iniciativas han generado mayor confianza pública de que ahora sí hay un gobierno capaz de gobernar, y de que lo hará enfrentando los problemas de mayor interés ciudadano.
Esa confianza se fortaleció con el adecuado manejo de la negociación con el FMI -sin entrar en conflicto pero haciéndole entender que es indispensable concederle un respiro al país o las consecuencias serían peores para todos-. Esto ahora ocasiona los primeros indicios de que la situación económica está por mejorar.
Para este año ya se prevé un crecimiento del cinco por ciento del PIB y la oferta de empleos para trabajadores con calificación técnica ha empezado a incrementarse.
Sin embargo, continúa pendiente una dramática deuda social. Como parte de las consecuencias de la política económica y la inmoralidad menemistas, casi el 18 por ciento de los trabajadores ha quedado sin empleo, la pobreza azota al 53 por ciento de los habitantes y 8 millones de hogares argentinos -la cuarta parte de la población- sufren hambre. Casi nueve y medio millones de indigentes no pueden comprar la canasta básica de alimentos. Y lo más dramático es que ello ocurre en un país que tradicionalmente ha sido un gran productor de alimentos y que este año alcanzará su mayor nivel histórico de exportaciones agropecuarias.
En este contexto Néstor Kichner recién anunció el lanzamiento del programa El hambre más urgente, destinado a proporcionar alimentos a los sectores más desprotegidos, especialmente a los niños menores y las embarazadas.
El plan coordinara todos los programas alimentarios del país para garantizar una transparente eficacia, y contempla trasladar recursos a las provincias para federalizar su ejecución, beneficiando a 6 millones de familias, más de millón y medio de comedores escolares y a 640 mil gestantes. Desde luego, no basta, pero es un buen comienzo.
Para algunos fue excesivo y riesgoso iniciar el mandato descabezando a la cúpula militar, la que en los últimos años ha respetado el orden constitucional. Sin embargo, esa inesperada iniciativa le permitió demostrar quién manda en el país y eliminar cualquier indicio de la debilidad con que supuestamente Kirchner llegó al cargo. Acto seguido, el descabezamiento de la policía federal sumó otras proyecciones, haciendo blanco en dos temas de acuciante interés ciudadano: el de la inseguridad pública y el de la corrupción. Con ello, a poco de haber sido electo por un modesto 22 por ciento de los votantes, Kirchner alcanzó la confianza del 80 por ciento de los argentinos.
La cruzada para sanear el área judicial tiene importancia crucial, tanto por la urgencia de moralizar la justicia como para la imagen del nuevo gobierno.
En consecuencia, el primer punto de la agenda ha sido depurar la Corte Suprema de Justicia. Esta se encuentra gravemente desprestigiada por la corrupta docilidad del grupo de magistrados que el ex presidente Carlos Saúl Menem introdujo en la misma como sus instrumentos políticos, por encima de cualquier consideración sobre su independencia de criterio ni sus cualidades morales y académicas.
Si al lector panameño esto le recuerda algo, tal vez lo que sigue le resulte sugestivo. El propósito de Kirchner no es fácil: es el Congreso de la Nación -el Órgano Legislativo- quien puede enjuiciar a esos magistrados para destituirlos, pero los actuales legisladores fueron electos hace dos años junto con el fracasado presidente De la Rúa, así que no reflejan las presentes exigencias sociales. De hecho, Kirchner todavía no ha iniciado su propio período presidencial sino que aún está completando el de su fugaz antecesor. Sin embargo, el la desvergüenza judicial provoca demasiado repudio ciudadano e inseguridad jurídica, así que no cabe dejarlo para cuando se elijan nuevos legisladores.
En consecuencia, se movilizó a la opinión pública para superar la inercia del Congreso y poner en marcha el juicio político, ante lo cual el presidente de la Corte prefirió renunciar. Sin embargo, aún falta remplazar a otros tres magistrados para que ese Órgano recupere su independencia, credibilidad y decoro.
En el ínterin, estas iniciativas han generado mayor confianza pública de que ahora sí hay un gobierno capaz de gobernar, y de que lo hará enfrentando los problemas de mayor interés ciudadano.
Esa confianza se fortaleció con el adecuado manejo de la negociación con el FMI -sin entrar en conflicto pero haciéndole entender que es indispensable concederle un respiro al país o las consecuencias serían peores para todos-. Esto ahora ocasiona los primeros indicios de que la situación económica está por mejorar.
Para este año ya se prevé un crecimiento del cinco por ciento del PIB y la oferta de empleos para trabajadores con calificación técnica ha empezado a incrementarse.
Sin embargo, continúa pendiente una dramática deuda social. Como parte de las consecuencias de la política económica y la inmoralidad menemistas, casi el 18 por ciento de los trabajadores ha quedado sin empleo, la pobreza azota al 53 por ciento de los habitantes y 8 millones de hogares argentinos -la cuarta parte de la población- sufren hambre. Casi nueve y medio millones de indigentes no pueden comprar la canasta básica de alimentos. Y lo más dramático es que ello ocurre en un país que tradicionalmente ha sido un gran productor de alimentos y que este año alcanzará su mayor nivel histórico de exportaciones agropecuarias.
En este contexto Néstor Kichner recién anunció el lanzamiento del programa El hambre más urgente, destinado a proporcionar alimentos a los sectores más desprotegidos, especialmente a los niños menores y las embarazadas.
El plan coordinara todos los programas alimentarios del país para garantizar una transparente eficacia, y contempla trasladar recursos a las provincias para federalizar su ejecución, beneficiando a 6 millones de familias, más de millón y medio de comedores escolares y a 640 mil gestantes. Desde luego, no basta, pero es un buen comienzo.
