Argentina: un final previsto
Pocas cosas resultan peores que creer en las promesas del gobierno, particularmente cuando se trata de dinero, esto es, de ingresos fiscales. No hay peor acuerdo que se pueda realizar que aquél que otorga al gobierno sus beneficios primero, quedando para más adelante los que le corresponden a la población.
El año pasado, ante los recurrentes problemas de déficit fiscal (que los políticos nunca resuelven reduciendo los gastos sino que siempre tratan de hacerlo aumentando los impuestos), el ministro de economía argentino propuso una reforma fiscal con el objetivo de incrementar ciertos impuestos, tales como aquellos que afectan al costo del endeudamiento empresario o la extensión del impuesto al valor agregado a servicios tales como los seguros de salud, pero todo ello a cambio de futuras reducciones en las cargas sobre los salarios.
Este no es un tema menor. En una economía que muestra elevados índices de desempleo desde hace varios años, siendo actualmente cercano al 15%, la reducción de las elevadas cargas fiscales sobre el costo de la mano de obra se convierte en una necesidad imperiosa para permitir la generación de nuevos puestos de trabajo. Es particularmente en las pequeñas empresas, que son las que más puestos de trabajo generan, donde estas cargas son particularmente pesadas, a punto tal que pueden llegar hasta duplicar el costo de la contratación de personal.
Por esa razón, la sociedad, o para ser más exactos, sus representantes, fueron convencidos de que valía la pena aceptar esta propuesta del gobierno y aprobar el aumento de los impuestos ahora con la promesa de reducir los impuestos laborales más adelante. Craso error. Lo que limita el gasto no es la voluntad de los políticos, ésta no existe en ese sentido; parece ser que la limitación sólo proviene de la falta de recursos. Cuando éstos se aumentan, el gasto también lo hace.
Con posterioridad a la aprobación de esa nueva andanada de impuestos, una seria recesión se desató en el país. Las causas incluyen la caída de los precios de los principales productos exportados, la devaluación en Brasil, pero también la nueva carga impositiva. La caída de la actividad económica significa un menor ingreso de recursos fiscales, por lo que, ¿cuál es el resultado final?
Pues el gobierno se encuentra ahora en conversaciones con los partidos de la oposición para postergar o cancelar la reducción de las cargas sobre los salarios. Esta había comenzado con una reducción de tres puntos en los primeros meses de este año y dos rebajas adicionales que tendrían lugar en agosto y diciembre para totalizar 10 puntos porcentuales. Ahora todo quedaría abandonado. Así que los argentinos asumiremos los costos y no obtendremos los beneficios prometidos, mientras que los desempleados seguirán deambulando en busca de puestos de trabajo que no existen.
Como si fuera poco, no es ésta la primera vez que algo así sucede. En 1980, todas las cargas sobre los salarios fueron reemplazadas por un aumento general del impuesto al valor agregado. Al poco tiempo fueron reintroducidas, pero el IVA nunca se redujo, por el contrario, continuó aumentando. Mal negocio este de creer las promesas de los políticos.
El año pasado, ante los recurrentes problemas de déficit fiscal (que los políticos nunca resuelven reduciendo los gastos sino que siempre tratan de hacerlo aumentando los impuestos), el ministro de economía argentino propuso una reforma fiscal con el objetivo de incrementar ciertos impuestos, tales como aquellos que afectan al costo del endeudamiento empresario o la extensión del impuesto al valor agregado a servicios tales como los seguros de salud, pero todo ello a cambio de futuras reducciones en las cargas sobre los salarios.
Este no es un tema menor. En una economía que muestra elevados índices de desempleo desde hace varios años, siendo actualmente cercano al 15%, la reducción de las elevadas cargas fiscales sobre el costo de la mano de obra se convierte en una necesidad imperiosa para permitir la generación de nuevos puestos de trabajo. Es particularmente en las pequeñas empresas, que son las que más puestos de trabajo generan, donde estas cargas son particularmente pesadas, a punto tal que pueden llegar hasta duplicar el costo de la contratación de personal.
Por esa razón, la sociedad, o para ser más exactos, sus representantes, fueron convencidos de que valía la pena aceptar esta propuesta del gobierno y aprobar el aumento de los impuestos ahora con la promesa de reducir los impuestos laborales más adelante. Craso error. Lo que limita el gasto no es la voluntad de los políticos, ésta no existe en ese sentido; parece ser que la limitación sólo proviene de la falta de recursos. Cuando éstos se aumentan, el gasto también lo hace.
Con posterioridad a la aprobación de esa nueva andanada de impuestos, una seria recesión se desató en el país. Las causas incluyen la caída de los precios de los principales productos exportados, la devaluación en Brasil, pero también la nueva carga impositiva. La caída de la actividad económica significa un menor ingreso de recursos fiscales, por lo que, ¿cuál es el resultado final?
Pues el gobierno se encuentra ahora en conversaciones con los partidos de la oposición para postergar o cancelar la reducción de las cargas sobre los salarios. Esta había comenzado con una reducción de tres puntos en los primeros meses de este año y dos rebajas adicionales que tendrían lugar en agosto y diciembre para totalizar 10 puntos porcentuales. Ahora todo quedaría abandonado. Así que los argentinos asumiremos los costos y no obtendremos los beneficios prometidos, mientras que los desempleados seguirán deambulando en busca de puestos de trabajo que no existen.
Como si fuera poco, no es ésta la primera vez que algo así sucede. En 1980, todas las cargas sobre los salarios fueron reemplazadas por un aumento general del impuesto al valor agregado. Al poco tiempo fueron reintroducidas, pero el IVA nunca se redujo, por el contrario, continuó aumentando. Mal negocio este de creer las promesas de los políticos.
