Armamentismo en América del Sur
Argentina no reacciona todavía a las compras chilenas porque está enredada con sus graves problemas financieros internos, pero en cuanto amainen las protestas los militares argentinos plantearán a las autoridades civiles que hagan frente a las ventajas chilenas en materia de aviación militar. En cuanto a Ecuador, sus autoridades al parecer observan y analizan la posible concreción armamentista de la respuesta peruana a Chile para decidir si renuevan su flota de combate.
El rearme evidentemente es una decisión soberana de cada país, ya se trate de la renovación de equipos militares obsoletos, ya corresponda al diseño de una concepción estratégica histórica para consolidar liderazgos militares regionales. En el caso de Chile, el gobierno de Lagos explica que se trata de una decisión de Estado adoptada no ahora sino varios años atrás para renovar el equipamiento de las fuerzas armadas. Sin embargo, la introducción de un tipo de avión como el F16, según los expertos, alteraría el equilibrio tecnológico de la aviación militar de la región.
¿Se admite en las actuales circunstancias económicas y sociales sudamericanas un rebrote armamentista regional que signifique postergar o prescindir de la satisfacción de necesidades materiales de la sociedad civil para privilegiar la capacidad de ataque, y obviamente de defensa, de las fuerzas armadas de un país? La mayor parte de las naciones sudamericanas está de regreso de regímenes autoritarios que destinaron buena parte de sus recursos presupuestales a gastos de armamento en una proporción cada vez más alta con relación a los productos internos brutos. Chile pasó por la experiencia traumática del régimen militar de Augusto Pinochet, quien impulsó el armamentismo per sé para desatar la guerra interna y desarrolló la fabricación de armamento dentro del país como alternativa a las interdicciones que se levantaron en materia de compras en algunos países desarrollados. Los gobiernos de la transición civil chilena han venido soportando la presión del conglomerado castrense para mantener normativas sobre ascensos implantadas por Pinochet.
En la transición peruana iniciada por Valentín Paniagua y continuada por Toledo se ha descabezado paulatinamente la turbia asociación del alto mando militar con el poder político fujimorista en las áreas del narcotráfico, la compra sobrevaluada de armamento a través de empresas fantasmas. El gobierno constitucional ha emprendido una reorganización radical del ejército, ha procesado y detenido a numerosos oficiales de alto rango, ha puesto el servicio de inteligencia en manos de funcionarios civiles.
Panamá padeció esa amarga experiencia y es por ello que aquí no hay fuerzas armadas ni los gastos armamentísticos desmedidos que hoy lamentamos en países hermanos.
El rearme evidentemente es una decisión soberana de cada país, ya se trate de la renovación de equipos militares obsoletos, ya corresponda al diseño de una concepción estratégica histórica para consolidar liderazgos militares regionales. En el caso de Chile, el gobierno de Lagos explica que se trata de una decisión de Estado adoptada no ahora sino varios años atrás para renovar el equipamiento de las fuerzas armadas. Sin embargo, la introducción de un tipo de avión como el F16, según los expertos, alteraría el equilibrio tecnológico de la aviación militar de la región.
¿Se admite en las actuales circunstancias económicas y sociales sudamericanas un rebrote armamentista regional que signifique postergar o prescindir de la satisfacción de necesidades materiales de la sociedad civil para privilegiar la capacidad de ataque, y obviamente de defensa, de las fuerzas armadas de un país? La mayor parte de las naciones sudamericanas está de regreso de regímenes autoritarios que destinaron buena parte de sus recursos presupuestales a gastos de armamento en una proporción cada vez más alta con relación a los productos internos brutos. Chile pasó por la experiencia traumática del régimen militar de Augusto Pinochet, quien impulsó el armamentismo per sé para desatar la guerra interna y desarrolló la fabricación de armamento dentro del país como alternativa a las interdicciones que se levantaron en materia de compras en algunos países desarrollados. Los gobiernos de la transición civil chilena han venido soportando la presión del conglomerado castrense para mantener normativas sobre ascensos implantadas por Pinochet.
En la transición peruana iniciada por Valentín Paniagua y continuada por Toledo se ha descabezado paulatinamente la turbia asociación del alto mando militar con el poder político fujimorista en las áreas del narcotráfico, la compra sobrevaluada de armamento a través de empresas fantasmas. El gobierno constitucional ha emprendido una reorganización radical del ejército, ha procesado y detenido a numerosos oficiales de alto rango, ha puesto el servicio de inteligencia en manos de funcionarios civiles.
Panamá padeció esa amarga experiencia y es por ello que aquí no hay fuerzas armadas ni los gastos armamentísticos desmedidos que hoy lamentamos en países hermanos.
