Armas químicas
La noticia de que podemos ser sancionados por la OPAQ por no haber limpiado al país de bombas estadounidenses contentivas de gas químico, no puede ser recibida con sorpresa. Se trata de cumplir una obligación que el país adquirió cuando se adhirió a la Convención internacional contra las armas químicas de 1997, que otorgaba un plazo perentorio de 10 años para eliminarlas.
A pesar que Panamá ha hecho esfuerzos para que los norteamericanos las retiren de nuestro suelo por haberlas abandonado, la respuesta ha sido que ellos consideran esto "caso cerrado". El tema cobra relevancia. No es a nosotros a quienes debe amenazar la OPAQ. Por moral y por justicia, esa organización debería dirigirse al que causó el daño y no a la víctima que lo ha sufrido. Panamá ni enterró aquí esas bombas ni sabemos dónde están. El texto de los acuerdos y convenios suscritos es tan amplio, que la obligación de EE.UU. se limita a hacer "hasta donde sea viable" para sanear las áreas contaminadas. Solicitar ayuda internacional para la remoción de esas bombas sería una alternativa.
