Arrepentimiento y especulaciones
Durante un debate público que se ha gestado en torno a la decisión del Gobierno de implementar, a partir de 2002, la Carta de Intención suscrita por la administración del ex presidente Ernesto Pérez Balladares, y refrendada por la presidenta Mireya Moscoso en junio de 2000, incorporando los resultados de la operación del Canal a los balances del sector público no financiero, el ex ministro de Planificación y Política Económica, Guillermo Chapman, formuló una serie de argumentos y consideraciones en La Prensa (La Pica en Flandes) del pasado viernes 14 de marzo, que merecen ser aclarados.
La insistencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según su criterio, en señalar que el origen de esa medida se remonta a la Carta de Intención que miembros del gabinete económico del ex presidente Pérez Balladares firmaron en noviembre de 1997, lo ha llevado a pensar que hemos puesto una "pica en Flandes" y descubierto una contradicción y una conjura inconfesables. No hemos hablado ni pensado en conjura, pues no concebimos que una persona de su nivel y trayectoria esté involucrada en una "conspiración contra el Estado". Tampoco hemos pensado en que sea una contradicción del ex Ministro, sino un cambio de criterio, como él mismo lo ha admitido en el citado artículo.
Este cambio de opinión que se conoce hasta ahora, no altera el hecho de que en 1997, bajo su liderazgo, se sentaron las bases del referido compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, cinco años después, él mismo estima que esa decisión tendrá graves consecuencias sobre la eventual calificación de riesgo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y, a más largo plazo, sobre las propias finanzas del sector público, visión que no compartimos y que tampoco comparten los organismos especializados en estas materias, como son el FMI, las calificadoras de crédito y diferentes analistas nacionales e internacionales que se han pronunciado sobre el tema.
El actual gobierno ha compartido esta decisión adoptada por la administración Pérez Balladares, al suscribir en junio de 2000 la Carta de Intención con el FMI, y no visualiza los potenciales efectos adversos que anticipa el Dr. Chapman. La calificación de riesgo de la ACP dependerá de los resultados de su gestión en materia financiera, operativa y administrativa, de la cual, precisamente por su absoluta independencia, es a su vez única responsable. Estos resultados determinarán su capacidad de pago a los compromisos financieros que adquiera y, por consiguiente, su calificación de riesgo. Lo que se debe tener claro, y muy presente, es que dicha califacación siempre estará relacionada con la calificación de grado de inversión de Baa1, que se ha dado al país. Todos esperamos que por la excelente gestión del Canal, la calificación de la Autoridad del Canal sea superior a ésta.
No se debe olvidar que el Gobierno logró la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, producto del Diálogo Nacional, y que, como consecuencia, se han establecido los fundamentos para un mejor manejo de las finanzas públicas y de la deuda del país. Bajo estos parámetros, estamos seguros que la ACP podrá lograr una buena calificación de riego y financiar sin dificultades los compromisos que adquiera a futuro.
Ahora bien, el análisis financiero que adelanta el precitado artículo sobre el endeudamiento de la ACP al involucrarse en su posible expansión, no pasa de ser una entelequia. Ello es así, pues se trata de un ejercicio sin base alguna. En efecto, es un anticipo especulativo del resultado de los estudios, de la recomendación que haga eventualmente la ACP al Ejecutivo, y de la decisión que tome el país sobre el futuro de ese recurso. El ejercicio académico que se realiza presume, como única alternativa, que la ACP se endeude sin explorar otras fuentes de financiamiento perfectamente viables, y que no necesariamente involucren un enorme y peligroso endeudamiento. El futuro del Canal depende de una decisión soberana que reclama una gran consulta democrática.
Nos parece un tanto presuntuoso y ajeno a la realidad que se formulen planteamientos sobre un supuesto endeudamiento de la ACP en miles de millones de dólares. Esto sí tiene que ver con la "ley de los resultados no previstos". El calificativo de "adversa a los intereses nacionales" que se le otorga a la acción del MEF de registrar en los balances del sector público no financiero a la ACP, sólo es explicable si lo vemos como el intento de crear una percepción no de origen técnico sino de carácter político, como lo hemos explicado en esta nota.
Se afirma con contumacia que "el déficit para los 12 meses del año 2002 superó el 2% del PIB, midiéndolo como debe ser: por el aumento de la deuda pública, independientemente de la fecha en que se contrató la misma para financiar ese déficit". Lo cierto es que a partir de mayo de 2002, cuando se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal que fijó el tope del déficit en 2%, el Gobierno, mediante medidas de contención del gasto y de reestructuración de deuda, logró terminar el período junio-diciembre de 2002 con un déficit de -0.3%. La empresa consultora local y el político de oposición que planteó la violación de la Ley 20 de Responsabilidad Fiscal, pretendieron ignorar el período de vigencia de la ley para argumentar su incumplimiento. No sólo se cumplió con la ley a partir de su vigencia, sino que, además, se logró terminar con un déficit de 1.9% de acuerdo a las últimas cifras del año fiscal 2002.
Para profundizar, debo destacar que el aumento neto de la deuda pública para el 2002, como lo señalan las cifras oficiales, fue de 120 millones de dólares, cifra muy distante de la del déficit real, y por lo tanto, también del análisis técnico proyectado por el Dr. Chapman.
El FMI, las calificadoras de riesgo y los principales bancos de inversión del mundo, comparten el criterio del Gobierno y discrepan con la visión de la firma consultora sobre este tema.
De igual manera, se indica que el MEF fue selectivo cuando, al reseñar el impacto que tendrían las privatizaciones en las finanzas públicas al reducir el tamaño del Estado, omitió la oración que indicaba que "....el nivel de inversión (del sector público) aumentaría en alrededor de 1% del PIB empezando en el año 2000 por razón de la inclusión de la inversión por la Autoridad del Canal de Panamá"; es obvio que incluirlo hubiera sido reiterativo de lo trascrito en el primer párrafo.
Ante esto, sólo cabe insistir, para que todos así lo entendamos, que la ACP es una empresa pública, y como tal, sus estadísticas son registradas por la Contraloría General de la República. Si esta empresa pública, al igual que cualquier otra, contrajera deuda, ésta se convertiría en deuda pública (justamente por ser la ACP una empresa pública). Esta deuda pública tendría que ser incorporada al inventario de la deuda del Estado, cuyo registro lo mantiene la Contraloría General de la República. En base a lo anterior, la clave para que la ACP adquiera una calificación de riesgo superior a la de país, cualquiera que sea, dependerá de la autonomía operacional y financiera que esta importante empresa pública mantenga, que se refleje en su flujo de caja y su capacidad de pago de los financiamientos solicitados, tal como lo han sostenido el Gobierno Nacional y la Administración de la ACP. Todo lo demás que se diga no corresponde a la realidad y demuestra la intención de politizar un tema estrictamente técnico, al que todos los panameños debemos prestar mucha atención, pero con objetividad.
El único propósito que me impulsa a escribir estas líneas es el interés de que estos elementos de juicio ayuden al lector a comprender este asunto, cuya transparencia han intentado desvirtuar algunos sectores, lanzando expresiones y acusaciones sin fundamento, que afectan negativamente la imagen de nuestro país ahora cuando más necesita de nuestros mejores esfuerzos.
La insistencia del Ministerio de Economía y Finanzas (MEF), según su criterio, en señalar que el origen de esa medida se remonta a la Carta de Intención que miembros del gabinete económico del ex presidente Pérez Balladares firmaron en noviembre de 1997, lo ha llevado a pensar que hemos puesto una "pica en Flandes" y descubierto una contradicción y una conjura inconfesables. No hemos hablado ni pensado en conjura, pues no concebimos que una persona de su nivel y trayectoria esté involucrada en una "conspiración contra el Estado". Tampoco hemos pensado en que sea una contradicción del ex Ministro, sino un cambio de criterio, como él mismo lo ha admitido en el citado artículo.
Este cambio de opinión que se conoce hasta ahora, no altera el hecho de que en 1997, bajo su liderazgo, se sentaron las bases del referido compromiso con el Fondo Monetario Internacional (FMI). Ahora, cinco años después, él mismo estima que esa decisión tendrá graves consecuencias sobre la eventual calificación de riesgo de la Autoridad del Canal de Panamá (ACP) y, a más largo plazo, sobre las propias finanzas del sector público, visión que no compartimos y que tampoco comparten los organismos especializados en estas materias, como son el FMI, las calificadoras de crédito y diferentes analistas nacionales e internacionales que se han pronunciado sobre el tema.
El actual gobierno ha compartido esta decisión adoptada por la administración Pérez Balladares, al suscribir en junio de 2000 la Carta de Intención con el FMI, y no visualiza los potenciales efectos adversos que anticipa el Dr. Chapman. La calificación de riesgo de la ACP dependerá de los resultados de su gestión en materia financiera, operativa y administrativa, de la cual, precisamente por su absoluta independencia, es a su vez única responsable. Estos resultados determinarán su capacidad de pago a los compromisos financieros que adquiera y, por consiguiente, su calificación de riesgo. Lo que se debe tener claro, y muy presente, es que dicha califacación siempre estará relacionada con la calificación de grado de inversión de Baa1, que se ha dado al país. Todos esperamos que por la excelente gestión del Canal, la calificación de la Autoridad del Canal sea superior a ésta.
No se debe olvidar que el Gobierno logró la aprobación de la Ley de Responsabilidad Fiscal, producto del Diálogo Nacional, y que, como consecuencia, se han establecido los fundamentos para un mejor manejo de las finanzas públicas y de la deuda del país. Bajo estos parámetros, estamos seguros que la ACP podrá lograr una buena calificación de riego y financiar sin dificultades los compromisos que adquiera a futuro.
Ahora bien, el análisis financiero que adelanta el precitado artículo sobre el endeudamiento de la ACP al involucrarse en su posible expansión, no pasa de ser una entelequia. Ello es así, pues se trata de un ejercicio sin base alguna. En efecto, es un anticipo especulativo del resultado de los estudios, de la recomendación que haga eventualmente la ACP al Ejecutivo, y de la decisión que tome el país sobre el futuro de ese recurso. El ejercicio académico que se realiza presume, como única alternativa, que la ACP se endeude sin explorar otras fuentes de financiamiento perfectamente viables, y que no necesariamente involucren un enorme y peligroso endeudamiento. El futuro del Canal depende de una decisión soberana que reclama una gran consulta democrática.
Nos parece un tanto presuntuoso y ajeno a la realidad que se formulen planteamientos sobre un supuesto endeudamiento de la ACP en miles de millones de dólares. Esto sí tiene que ver con la "ley de los resultados no previstos". El calificativo de "adversa a los intereses nacionales" que se le otorga a la acción del MEF de registrar en los balances del sector público no financiero a la ACP, sólo es explicable si lo vemos como el intento de crear una percepción no de origen técnico sino de carácter político, como lo hemos explicado en esta nota.
Se afirma con contumacia que "el déficit para los 12 meses del año 2002 superó el 2% del PIB, midiéndolo como debe ser: por el aumento de la deuda pública, independientemente de la fecha en que se contrató la misma para financiar ese déficit". Lo cierto es que a partir de mayo de 2002, cuando se promulgó la Ley de Responsabilidad Fiscal que fijó el tope del déficit en 2%, el Gobierno, mediante medidas de contención del gasto y de reestructuración de deuda, logró terminar el período junio-diciembre de 2002 con un déficit de -0.3%. La empresa consultora local y el político de oposición que planteó la violación de la Ley 20 de Responsabilidad Fiscal, pretendieron ignorar el período de vigencia de la ley para argumentar su incumplimiento. No sólo se cumplió con la ley a partir de su vigencia, sino que, además, se logró terminar con un déficit de 1.9% de acuerdo a las últimas cifras del año fiscal 2002.
Para profundizar, debo destacar que el aumento neto de la deuda pública para el 2002, como lo señalan las cifras oficiales, fue de 120 millones de dólares, cifra muy distante de la del déficit real, y por lo tanto, también del análisis técnico proyectado por el Dr. Chapman.
El FMI, las calificadoras de riesgo y los principales bancos de inversión del mundo, comparten el criterio del Gobierno y discrepan con la visión de la firma consultora sobre este tema.
De igual manera, se indica que el MEF fue selectivo cuando, al reseñar el impacto que tendrían las privatizaciones en las finanzas públicas al reducir el tamaño del Estado, omitió la oración que indicaba que "....el nivel de inversión (del sector público) aumentaría en alrededor de 1% del PIB empezando en el año 2000 por razón de la inclusión de la inversión por la Autoridad del Canal de Panamá"; es obvio que incluirlo hubiera sido reiterativo de lo trascrito en el primer párrafo.
Ante esto, sólo cabe insistir, para que todos así lo entendamos, que la ACP es una empresa pública, y como tal, sus estadísticas son registradas por la Contraloría General de la República. Si esta empresa pública, al igual que cualquier otra, contrajera deuda, ésta se convertiría en deuda pública (justamente por ser la ACP una empresa pública). Esta deuda pública tendría que ser incorporada al inventario de la deuda del Estado, cuyo registro lo mantiene la Contraloría General de la República. En base a lo anterior, la clave para que la ACP adquiera una calificación de riesgo superior a la de país, cualquiera que sea, dependerá de la autonomía operacional y financiera que esta importante empresa pública mantenga, que se refleje en su flujo de caja y su capacidad de pago de los financiamientos solicitados, tal como lo han sostenido el Gobierno Nacional y la Administración de la ACP. Todo lo demás que se diga no corresponde a la realidad y demuestra la intención de politizar un tema estrictamente técnico, al que todos los panameños debemos prestar mucha atención, pero con objetividad.
El único propósito que me impulsa a escribir estas líneas es el interés de que estos elementos de juicio ayuden al lector a comprender este asunto, cuya transparencia han intentado desvirtuar algunos sectores, lanzando expresiones y acusaciones sin fundamento, que afectan negativamente la imagen de nuestro país ahora cuando más necesita de nuestros mejores esfuerzos.
