Así no se puede ir adelante
Hablar de racionalización del gasto público y de austeridad en el manejo de los recursos del Estado sin considerar los exorbitantes salarios de magistrados, legisladores, ministros de Estado y de muchos otros funcionarios que devengan miles de balboas mensuales a parte de los privilegios, resulta una mentira que el pueblo humilde rechaza en momentos en que la crisis económica que vive la nación, está afectando, profundamente, la existencia de las clases más desposeídas. En todos los gobiernos y en todas las épocas, siempre los intereses partidistas, la burocracia, el nepotismo y la falta de mejores controles en el manejo de la cosa pública, han traído, como consecuencia, estados de desaceleración y de déficit presupuestario y ello lo estamos observando en el presente régimen que está anunciando una política de austeridad y de racionalización de manera alegre y sin considerar las verdaderas causas de la presente crisis.
Un país en donde los intereses de los partidos políticos están por encima del bienestar de los ciudadanos; en donde la burocracia mantiene a gran cantidad de funcionarios que piensan que su posición la deben a un partido y como tal, no están obligados a trabajar con eficiencia y honestidad para el país; en donde el lazo familiar es credencial para desempeñarse en cualquier posición gubernamental; en donde magistrados, legisladores, ministros y otros más son una casta privilegiada, cuyos salarios representan un alto porcentaje del presupuesto nacional; en donde los privilegios y las prebendas para los mismos violan lo contemplado en la Constitución de que no habrá ni fueros ni privilegios, no puede salir de su estancamiento económico. Este es un lastre que viene de muchos gobiernos del pasado y es de urgencia que esta situación cambie en aras de una nación que clama por nuevas estructuras que contribuyan a fortalecer la democracia, la libertad y la justicia social.
Es en el seno de la Asamblea Legislativa donde deben surgir estas inquietudes por un Panamá mejor; donde deben elaborarse las mejores leyes con hondo sentido social y con proyecciones hacia el mejoramiento de la economía que tanto lo necesita. Por eso nos complace que el legislador Wilberto Quintero haya presentado un proyecto de ley con el cual se inicia la lucha contra todo lo que consideramos injusticia social como son los privilegios de la "casta de privilegiados". El proyecto en sí contribuirá en alguna forma a mejorar las condiciones económicas de la república, sin embargo creemos que debe solicitarse una rebaja de los exorbitantes salarios que están devengando los magistrados, ministros, legisladores y otros funcionarios.
La propuesta del legislador Quintero además de legisladores incluye además al Contralor, alcaldes, representantes de corregimiento, en fin, todos los funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
Quintero dijo que todo sistema impositivo debe ser justo, equitativo y progresivo, razón por la cual se pretende obligar a estas personas a que hagan sus contribuciones, sobre la base de todos los ingresos que reciban, tal y como lo hace cualquier panameño.
Un país en donde los intereses de los partidos políticos están por encima del bienestar de los ciudadanos; en donde la burocracia mantiene a gran cantidad de funcionarios que piensan que su posición la deben a un partido y como tal, no están obligados a trabajar con eficiencia y honestidad para el país; en donde el lazo familiar es credencial para desempeñarse en cualquier posición gubernamental; en donde magistrados, legisladores, ministros y otros más son una casta privilegiada, cuyos salarios representan un alto porcentaje del presupuesto nacional; en donde los privilegios y las prebendas para los mismos violan lo contemplado en la Constitución de que no habrá ni fueros ni privilegios, no puede salir de su estancamiento económico. Este es un lastre que viene de muchos gobiernos del pasado y es de urgencia que esta situación cambie en aras de una nación que clama por nuevas estructuras que contribuyan a fortalecer la democracia, la libertad y la justicia social.
Es en el seno de la Asamblea Legislativa donde deben surgir estas inquietudes por un Panamá mejor; donde deben elaborarse las mejores leyes con hondo sentido social y con proyecciones hacia el mejoramiento de la economía que tanto lo necesita. Por eso nos complace que el legislador Wilberto Quintero haya presentado un proyecto de ley con el cual se inicia la lucha contra todo lo que consideramos injusticia social como son los privilegios de la "casta de privilegiados". El proyecto en sí contribuirá en alguna forma a mejorar las condiciones económicas de la república, sin embargo creemos que debe solicitarse una rebaja de los exorbitantes salarios que están devengando los magistrados, ministros, legisladores y otros funcionarios.
La propuesta del legislador Quintero además de legisladores incluye además al Contralor, alcaldes, representantes de corregimiento, en fin, todos los funcionarios nacionales, provinciales y municipales.
Quintero dijo que todo sistema impositivo debe ser justo, equitativo y progresivo, razón por la cual se pretende obligar a estas personas a que hagan sus contribuciones, sobre la base de todos los ingresos que reciban, tal y como lo hace cualquier panameño.
