¿Astucia partidista o inteligencia nacional?
La semana antepasada describí el nudo gordiano del Gobierno de la Presidenta, uno de cuyos elementos es el problema de cómo y cuáles inversiones sociales financiar para satisfacer las necesidades sociales del pueblo panameño, sobre todo, del más pobre.
Pasados los cien primeros días del Gobierno y después de que su primera opción de usar los capitales del Fondo Fiduciario suscitó una reacción negativa de Standard & Poor"s, en cuanto al riesgo que representa el país, el Ministro de Economía y Finanzas formuló otra propuesta. Esta ha sido rápidamente confeccionada y se pretendió que fuera rápidamente aprobada por la Asamblea, sin mayor consulta nacional.
¿En qué consiste? 1.Se utilizarían los B/1,300 millones del Fondo Fiduciario para retirar el equivalente a más o menos $1,800 millones de deuda externa en bonos Brady. Ello rebajaría el servicio de la deuda externa, liberando fondos estatales para otros usos del Ejecutivo. Además, ayudaría a mejorar la evaluación crediticia del país, eventualmente hasta el llamado grado de inversión. 2. Se vendería el 49% de las acciones del Estado en Cable & Wireless y los dineros obtenidos pasarían al Fondo Fiduciario, pero podrían se utilizados para "inversiones públicas de desarrollo". 3. Se necesitaría que la Asamblea apruebe la eliminación de las actuales normas legales y deje el uso de estos capitales al proceso presupuestario ordinario.
La propuesta combina así una finalidad populista, a saber liberar de las actuales restricciones los capitales del Fondo Fiduciario y el valor capital del 49% de la empresa telefónica para fomentar gastos considerados "sociales", con una metodología financieramente ortodoxa, a saber pagar parte de la deuda externa, rebajar el porcentaje de la misma con respecto al PIB y privatizar totalmente las telecomunicaciones. La combinación es, aunque improvisada e incompleta, creativa desde el punto de vista del propósito político que parece tener el Ejecutivo.
El Ejecutivo, más que expresión de una alianza política cuyas decisiones resultan de una consulta interna, es la expresión de la cúpula arnulfista, la tradicional y la "pegada". Su objetivo político prioritario es hacer que el Partido Arnulfista se convierta en el nuevo PRD, como fuerza predominante. Para ello, considera necesario sacar a los miembros del PRD de todos los cargos importantes que ejercen (proyecto de Ley "chorizo"), copar los principales puestos del Estado (propuesta de dos Magistrados arnulfistas a la Corte) y aumentar su clientela política gracias a soluciones "sociales" dentro de su perspectiva populista. De allí, la propuesta financiera del Ministro de Economía y Finanzas, quien es a la vez Secretario General del Partido Arnulfista.
Dicha propuesta no es políticamente ilegítima, salvo en la medida en que sea nociva para el país, como lo habrían sido el proyecto original de Ley "chorizo" y las dos candidaturas iniciales a la Corte. Tenemos que decidir si es beneficiosa para el país o no.
Al reducir el servicio de la deuda externa, se liberarían recursos de la caja común del Estado. Pero nada garantiza que se usarían todos, ni siquiera la mayor parte para las inversiones sociales las más importantes, ni que se usarían para inversiones en vez de operaciones, ni siquiera que se usarían en el campo social. Quedarían al arbitrio del Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos presupuestarios usuales. Además, la reducción de la deuda externa, contribuiría a atraer inversiones, indirectamente y con el tiempo, si se acompañara de otras condiciones como la seguridad jurídica y la estabilidad en la política económica, que no se están dando. Sin embargo, dicha reducción generaría, directamente y a corto plazo, mayores facilidades para nuevo endeudamiento. De hecho, ya este endeudamiento ha comenzado en el plano interno, puesto que en corto tiempo el Estado le ha vendido bonos a la Caja de Seguro Social, primero por B/150 millones y luego por B/ 235 millones, siguiendo el mal ejemplo del régimen militar. Y pretende que la Caja de Ahorros le compre más. Así el Ejecutivo aumentaría enormemente el gasto público a su arbitrio, al mismo tiempo que eliminaría el ahorro nacional del Fondo.
Por otra parte, los fondos de la venta del 49% del capital de Cable & Wireless (no se sabe por cuánto, aunque el Ejecutivo se ilusiona que sería por unos B/700 millones) estarían disponibles para permitir otro aumento de gasto público. En este caso, el Estado dejaría así a los trabajadores con su 2% de las acciones a merced del accionista extranjero mayoritario. Y no se garantizaría que dicha venta se haría con miras a convertir a miles de pequeños y medianos ahorristas en inversionistas, sino, probablemente, a obtener el mejor precio, vendiendo nuevamente a intereses foráneos.
Para el país, las desventajas son tan claras y de más largo alcance que sus ventajas. El aumento en el gasto público tendría efectos positivos inmediatos, pero éstos se agotarían rápidamente, dejando una secuela de probable endeudamiento adicional y de seguro incremento de expectativas de gasto, que eventualmente requerirían nuevos impuestos. Por lo demás, el Ejecutivo no ha especificado en qué invertiría los fondos, lo que hace suponer una serie de gastos efectistas, descoordinados y no necesariamente orientados hacia las necesidades sociales estructurales. La población se sentiría nuevamente engañada, pues para justificar las privatizaciones el Gobierno pasado se comprometió a ahorrar los fondos obtenidos para que su rendimiento permitiera pagar la deuda social durante largo tiempo, no pagar con ellos a corto plazo la deuda financiera. Y se comprometió a mantener una participación en la propiedad de la empresa telefónica para, junto con los trabajadores, mantener una influencia nacional, favorable al consumidor, en esta empresa estratégica.
No vale oponerse a la propuesta arnulfista por oponerse, aunque la misma sirva a sus intereses políticos. Se trata de hacer lo que es mejor para el país. Sería mucho mejor mantener el Fondo Fiduciario y aumentar su rendimiento, incluso, mediante la compra de deuda panameña en bonos Brady, pero sin retirarla. El Estado debiera continuar pagándole al Fondo y éste a su vez, proporcionando su mayor rendimiento al Estado. Se podría completar el Fondo Fiduciario de ingresos que existe actualmente con un Fondo Fiduciario de egresos, que garantice se efectúen inversiones sociales de primera importancia. Por otra parte, sería mejor vender una parte solamente de la acciones del Estado en Cable & Wireless, con lo cual se aumentaría el capital del Fondo y su rendimiento para más inversión social. Se vendería según una modalidad que favorezca a los pequeños y medianos ahorristas nacionales para democratizar la propiedad productiva del país, pero se mantendría el resto en manos del Estado para asegurar su derecho a estar informado y a ser tomado en cuenta en la conducción de la empresa.
Así se aumentarían los recursos con los que el Estado contaría, se garantizaría más efectivamente que se empleen en inversiones sociales fundamentales y se favorecería la difusión popular de la propiedad, pero no se abrirían las puertas a más endeudamiento ni a mayor descrecionalidad en el gasto público. Se mantendría la disciplina fiscal.
Ello no impediría que los arnulfistas continuasen intentando convertirse en la primera fuerza política del país. Pero no a costa del bien común. Se le permitiría al Gobierno de la Presidenta avanzar, sin desbocarse. Juliao revelaría que por encima de la astucia partidista del Secretario General del Partido Arnulfista, estaría la inteligencia nacional del Ministro de Economía y Finanzas.
Pasados los cien primeros días del Gobierno y después de que su primera opción de usar los capitales del Fondo Fiduciario suscitó una reacción negativa de Standard & Poor"s, en cuanto al riesgo que representa el país, el Ministro de Economía y Finanzas formuló otra propuesta. Esta ha sido rápidamente confeccionada y se pretendió que fuera rápidamente aprobada por la Asamblea, sin mayor consulta nacional.
¿En qué consiste? 1.Se utilizarían los B/1,300 millones del Fondo Fiduciario para retirar el equivalente a más o menos $1,800 millones de deuda externa en bonos Brady. Ello rebajaría el servicio de la deuda externa, liberando fondos estatales para otros usos del Ejecutivo. Además, ayudaría a mejorar la evaluación crediticia del país, eventualmente hasta el llamado grado de inversión. 2. Se vendería el 49% de las acciones del Estado en Cable & Wireless y los dineros obtenidos pasarían al Fondo Fiduciario, pero podrían se utilizados para "inversiones públicas de desarrollo". 3. Se necesitaría que la Asamblea apruebe la eliminación de las actuales normas legales y deje el uso de estos capitales al proceso presupuestario ordinario.
La propuesta combina así una finalidad populista, a saber liberar de las actuales restricciones los capitales del Fondo Fiduciario y el valor capital del 49% de la empresa telefónica para fomentar gastos considerados "sociales", con una metodología financieramente ortodoxa, a saber pagar parte de la deuda externa, rebajar el porcentaje de la misma con respecto al PIB y privatizar totalmente las telecomunicaciones. La combinación es, aunque improvisada e incompleta, creativa desde el punto de vista del propósito político que parece tener el Ejecutivo.
El Ejecutivo, más que expresión de una alianza política cuyas decisiones resultan de una consulta interna, es la expresión de la cúpula arnulfista, la tradicional y la "pegada". Su objetivo político prioritario es hacer que el Partido Arnulfista se convierta en el nuevo PRD, como fuerza predominante. Para ello, considera necesario sacar a los miembros del PRD de todos los cargos importantes que ejercen (proyecto de Ley "chorizo"), copar los principales puestos del Estado (propuesta de dos Magistrados arnulfistas a la Corte) y aumentar su clientela política gracias a soluciones "sociales" dentro de su perspectiva populista. De allí, la propuesta financiera del Ministro de Economía y Finanzas, quien es a la vez Secretario General del Partido Arnulfista.
Dicha propuesta no es políticamente ilegítima, salvo en la medida en que sea nociva para el país, como lo habrían sido el proyecto original de Ley "chorizo" y las dos candidaturas iniciales a la Corte. Tenemos que decidir si es beneficiosa para el país o no.
Al reducir el servicio de la deuda externa, se liberarían recursos de la caja común del Estado. Pero nada garantiza que se usarían todos, ni siquiera la mayor parte para las inversiones sociales las más importantes, ni que se usarían para inversiones en vez de operaciones, ni siquiera que se usarían en el campo social. Quedarían al arbitrio del Ejecutivo, de acuerdo con los procedimientos presupuestarios usuales. Además, la reducción de la deuda externa, contribuiría a atraer inversiones, indirectamente y con el tiempo, si se acompañara de otras condiciones como la seguridad jurídica y la estabilidad en la política económica, que no se están dando. Sin embargo, dicha reducción generaría, directamente y a corto plazo, mayores facilidades para nuevo endeudamiento. De hecho, ya este endeudamiento ha comenzado en el plano interno, puesto que en corto tiempo el Estado le ha vendido bonos a la Caja de Seguro Social, primero por B/150 millones y luego por B/ 235 millones, siguiendo el mal ejemplo del régimen militar. Y pretende que la Caja de Ahorros le compre más. Así el Ejecutivo aumentaría enormemente el gasto público a su arbitrio, al mismo tiempo que eliminaría el ahorro nacional del Fondo.
Por otra parte, los fondos de la venta del 49% del capital de Cable & Wireless (no se sabe por cuánto, aunque el Ejecutivo se ilusiona que sería por unos B/700 millones) estarían disponibles para permitir otro aumento de gasto público. En este caso, el Estado dejaría así a los trabajadores con su 2% de las acciones a merced del accionista extranjero mayoritario. Y no se garantizaría que dicha venta se haría con miras a convertir a miles de pequeños y medianos ahorristas en inversionistas, sino, probablemente, a obtener el mejor precio, vendiendo nuevamente a intereses foráneos.
Para el país, las desventajas son tan claras y de más largo alcance que sus ventajas. El aumento en el gasto público tendría efectos positivos inmediatos, pero éstos se agotarían rápidamente, dejando una secuela de probable endeudamiento adicional y de seguro incremento de expectativas de gasto, que eventualmente requerirían nuevos impuestos. Por lo demás, el Ejecutivo no ha especificado en qué invertiría los fondos, lo que hace suponer una serie de gastos efectistas, descoordinados y no necesariamente orientados hacia las necesidades sociales estructurales. La población se sentiría nuevamente engañada, pues para justificar las privatizaciones el Gobierno pasado se comprometió a ahorrar los fondos obtenidos para que su rendimiento permitiera pagar la deuda social durante largo tiempo, no pagar con ellos a corto plazo la deuda financiera. Y se comprometió a mantener una participación en la propiedad de la empresa telefónica para, junto con los trabajadores, mantener una influencia nacional, favorable al consumidor, en esta empresa estratégica.
No vale oponerse a la propuesta arnulfista por oponerse, aunque la misma sirva a sus intereses políticos. Se trata de hacer lo que es mejor para el país. Sería mucho mejor mantener el Fondo Fiduciario y aumentar su rendimiento, incluso, mediante la compra de deuda panameña en bonos Brady, pero sin retirarla. El Estado debiera continuar pagándole al Fondo y éste a su vez, proporcionando su mayor rendimiento al Estado. Se podría completar el Fondo Fiduciario de ingresos que existe actualmente con un Fondo Fiduciario de egresos, que garantice se efectúen inversiones sociales de primera importancia. Por otra parte, sería mejor vender una parte solamente de la acciones del Estado en Cable & Wireless, con lo cual se aumentaría el capital del Fondo y su rendimiento para más inversión social. Se vendería según una modalidad que favorezca a los pequeños y medianos ahorristas nacionales para democratizar la propiedad productiva del país, pero se mantendría el resto en manos del Estado para asegurar su derecho a estar informado y a ser tomado en cuenta en la conducción de la empresa.
Así se aumentarían los recursos con los que el Estado contaría, se garantizaría más efectivamente que se empleen en inversiones sociales fundamentales y se favorecería la difusión popular de la propiedad, pero no se abrirían las puertas a más endeudamiento ni a mayor descrecionalidad en el gasto público. Se mantendría la disciplina fiscal.
Ello no impediría que los arnulfistas continuasen intentando convertirse en la primera fuerza política del país. Pero no a costa del bien común. Se le permitiría al Gobierno de la Presidenta avanzar, sin desbocarse. Juliao revelaría que por encima de la astucia partidista del Secretario General del Partido Arnulfista, estaría la inteligencia nacional del Ministro de Economía y Finanzas.
