Auditoría ciudadana de los fallos
Identificábamos, en editorial previo, como señales preocupantes de corrupción, el hecho que se estuvieran dando pronunciamientos judiciales totalmente disparatados, en contra de elementales reglas de buen juicio, sentido común, sana crítica y la doctrina universalmente aceptada, amparando casi siempre causas torcidas, situaciones irregulares y flagrantes delitos, solamente explicables en condiciones de ignorancia inexcusable, favores inconfesables o simple soborno.
Frente a esta realidad, planteábamos como respuesta y solución, la auditoría ciudadana de los fallos y la jurisprudencia nacional. Hablamos de un continuo, científico, escrupuloso, riguroso e implacable escrutinio del manejo dispensado por los jueces, magistrados, personeros, fiscales y procuradores, a los expedientes a su cargo y, sobre todo, a sus decisiones. Nuestra administración de justicia requiere que sus jueces y agentes de instrucción sepan que están bajo la lupa y microscopio ciudadano. La cuestión es identificar casos de mala intención, negligencia crasa y corrupción; y separarlos de los que podrían considerarse equivocaciones o yerros humanos, perfectamente excusables y de las posturas y opiniones discutibles, pero razonablemente sustentables y, por ende, inobjetables.
¿Para qué la auditoría ciudadana de los fallos? Para llevar a los responsables a juicio o al escarnio público y académico, con miras a su destitución o evaluación profesional; y, en el otro extremo, para reconocer el mérito que merecen los buenos y ejemplares jueces, magistrados y funcionarios de instrucción - que los hay - cuya promoción y retribución pecuniaria - incluyendo gasolina, autos y otros privilegios, si no van a ser eliminados - deben darse en función del merito y calidad de desempeño de cada cual, porque no es cierto que todos sean iguales. Los hay buenos, malos y perversos. Y como dijo bien Ulpiano, justicia es "dar a cada uno lo suyo". A unos, generosa retribución, a otros, la destitución y el desprecio.
Frente a esta realidad, planteábamos como respuesta y solución, la auditoría ciudadana de los fallos y la jurisprudencia nacional. Hablamos de un continuo, científico, escrupuloso, riguroso e implacable escrutinio del manejo dispensado por los jueces, magistrados, personeros, fiscales y procuradores, a los expedientes a su cargo y, sobre todo, a sus decisiones. Nuestra administración de justicia requiere que sus jueces y agentes de instrucción sepan que están bajo la lupa y microscopio ciudadano. La cuestión es identificar casos de mala intención, negligencia crasa y corrupción; y separarlos de los que podrían considerarse equivocaciones o yerros humanos, perfectamente excusables y de las posturas y opiniones discutibles, pero razonablemente sustentables y, por ende, inobjetables.
¿Para qué la auditoría ciudadana de los fallos? Para llevar a los responsables a juicio o al escarnio público y académico, con miras a su destitución o evaluación profesional; y, en el otro extremo, para reconocer el mérito que merecen los buenos y ejemplares jueces, magistrados y funcionarios de instrucción - que los hay - cuya promoción y retribución pecuniaria - incluyendo gasolina, autos y otros privilegios, si no van a ser eliminados - deben darse en función del merito y calidad de desempeño de cada cual, porque no es cierto que todos sean iguales. Los hay buenos, malos y perversos. Y como dijo bien Ulpiano, justicia es "dar a cada uno lo suyo". A unos, generosa retribución, a otros, la destitución y el desprecio.
